Falta de cualificación de personal, elevada plantilla con contratos temporales o encargos fuera de su capacidad o ámbito. Estas son algunas de las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha encontrado en los ejercicios de 2021 y 2022 del Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria), cuyo capital social es íntegramente público. Concretamente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene un 51% de participación y el Estado, casi un 49%, mientras que el resto se reparte entre comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

Con su carácter de servicio público, es contratada por entidades públicas para realizar trabajos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza. Al menos así se creó originariamente, “pero actualmente realiza encargos para más de un centenar de entidades públicas de todas España”, según apunta el propio Tribunal. Y, evidentemente, todo esto supone un gasto público.

Su presidente, Jesús Casas, asumió el cargo en septiembre de 2018. Es el único de la empresa considerado como “alto cargo”. Su retribución bruta anual fue de 166.101 euros en 2023, además de 8.541 euros por trece trienios de antigüedad. También percibió unos atrasos de 2022 de 2.043 euros. Por otra parte, la remuneración variable ascendió a 56.627 euros por cumplimiento de objetivos del año anterior. De esta forma, hablamos de unos ingresos de 233.314 euros en el pasado año.

Cabe destacar que en esta cantidad no se incluye la totalidad de las cantidades correspondientes al incremento salarial autorizado para 2023, a causa de que “se está realizando un proceso de abono de atrasos generales para toda la empresa, entre los que se incluye al presidente”, como confirma el propio grupo.

Por debajo de él, está la directora de Auditoría Interna, Cecilia González, así como la directora de Gabinete de la Presidencia, Patricia Tresgallo. También hay otras siete direcciones diferentes y unidades territoriales, que conforman el organigrama. De ninguno de ellos se publican sus sueldos en el Portal de Transparencia de la entidad. Sin embargo, en 2020, este digital dio a conocer que los sueldos de los consejeros van ligados a la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y en aquel año eran 1.090 euros por sesión.

Experiencia en la administración

Jesús Casas Grande es ingeniero superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario. También es diplomado en diversas materias como Derecho Agrario y Planificación Hidrológica.

Fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y director conservador de los Parques Nacionales de Doñana, Tablas de Daimiel y Picos de Europa entre 2008 y 2012. Entre 1997 y 1999 coordinó, además, el equipo redactor del Plan Director de la Red Nacional de Parques Nacionales. Si quieres conocer lo que cobra un director de un Parque Nacional en España haz clic en este enlace.

Ejerció como subdirector general de Programas del Instituto de la Mujer en el antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2012 a 2015. Después, ocupó el cargo de director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias hasta 2018, cuando fue nombrado en su actual cargo.

45 años en proyectos públicos

El Grupo Tragsa está integrado por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec. Cabe recalcar que es la misma estructura en presidencia y direcciones horizontales. La empresa pública logró una cifra de negocio de 1.720 millones de euros en 2023, un 31% más respecto a 2022. El pasado ejercicio lo cerraron con más de 23.000 profesionales y con cerca de 6.100 actuaciones. Recordemos que el informe del Tribunal de Cuentas pertenece a los ejercicios de 2022 y 2021. En este se revela que en el 34% de los expedientes analizados no había correlación entre los encargos y la cualificación del personal asignado.

Al mismo tiempo, también se exponen prácticas de subcontratación para los encargos, los cuales provienen mayoritariamente de entidades públicas de carácter estatal, autonómico y local. Para ponernos en situación, el pasado mes de mayo, la entidad realizó hasta 105 encargos. El más elevado de estos es el encomendado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para un proyecto de solución energética eficiencia para el regadío con un importe destinado de 49 millones de euros y que tendrá un plazo de 24 meses.

El grupo lleva más de 45 años “gestionando proyectos de éxito”, según los datos de su página web. Ofrece, además, cursos de formación y proyectos de I+D+I. De estos, 37 en 2023 con una inversión de 3,3 millones de euros. Tiene presencia en el ámbito nacional y también internacional en el marco de la cooperación española.