El Parque Nacional de Doñana es un espacio natural protegido situado en el sur de España, considerado uno de los humedales más importantes del mundo y hogar de una gran variedad de especies animales y vegetales. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la expansión de la agricultura intensiva han puesto en peligro la biodiversidad del lugar. Con todo, el Partido Popular y Vox de Andalucía no han dudado en presentar una proposición de ley para legalizar algunos cultivos de regadío en la zona, argumentando que la medida “generaría empleo y desarrollo económico en una región muy castigada por la desocupación” y arreglaría, en parte, los problemas que generó haber hecho la vista gorda cuando el PSOE gobernó la Junta. El dilema entre sueldos o conservación medioambiental está servido y ha provocado toda una batalla política a menos de mes y medio para las elecciones municipales.

Ya son muchos organismos internacionales que han denunciado que esta medida podría tener graves consecuencias para el ecosistema de Doñana y poner en riesgo su supervivencia, entre ellos la Unesco. Por su parte, la Junta había acusado al Ministerio de amenazar con declarar el estado de emergencia ambiental y asumir la gestión directa del entorno si la ley sale adelante. Sin embargo, fuentes del Gobierno han negado la intención de suprimir competencias al gobierno andaluz.

Pero si esto llegara a suceder el encargado de poner en marcha los planes de recuperación oportunos sería el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, vinculado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que dirige Teresa Ribera. La ministra, que también es vicepresidenta tercera del Gobierno, cobró el año pasado 81.341 euros brutos. Se trata de una medida excepcional amparada por el artículo 149 de la Constitución. No obstante, el camino de la intervención es sólo uno de los muchos ases que el Ejecutivo se guarda, en tanto que el primer paso que se plantean desde el gabinete de Ribera es interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para anular la ley nada más sea aprobada.

La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, propone una mejora del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte aprobado en el año 2014 y que supone la legalización de 700 hectáreas. Recordemos que Moreno Bonilla percibió un salario de 69.234 euros, pero como las retribuciones de los altos cargos y del presidente subirán un 3,5%, llegará a cobrar 71.667 euros. Por otro lado, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es Carmen Crespo y tuvo una retribución de 68.150 euros. El viceconsejero, Vicente García, percibe un poco menos, 64.368 euros.

Consultando el Portal de Transparencia encontramos otros altos cargos relacionados con la política de agua y, en especial, la protección y promoción de uso sostenible de los recursos hídricos. Dentro de la consejería se encuentra una Secretaría General de Agua con Ramiro Angulo al frente y una nómina idéntica a la del viceconsejero. Existen dos direcciones generales subordinadas. La directora general de Recursos Hídricos es Susana Benavides y el director general de Infraestructuras del Agua es Álvaro Real. Ambos tienen un sueldo de 58.352 euros. Por otro lado, los delegados territoriales de las tres provincias que abarca el Parque Natural de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz) tienen una retribución asignada de 49.499 euros cada uno.

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, pidió a principios de abril al presidente andaluz la retirada de la iniciativa por considerarla “ilegal” y propuso indemnizar a los agricultores con derechos de agua. Esto ya ocurrió en 2015 cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Medio Ambiente en ese entonces durante el Gobierno del PP, compró diferentes fincas agrícolas. El presidente de la Confederación es Joaquín Páez y se le atribuye un complemento específico de 30.314 euros anuales (nivel 30), según datos de las Relaciones de Puesto de Trabajo del Ministerio de marzo de 2023.

Por otro lado, con el nuevo plan se verían afectados cinco municipios: Bonares, Moguer, Almonte, Rociana del Condado y Lucena del Puerto. Los alcaldes de los dos primeros (PSOE) han mostrado su apoyo a los agricultores afectados por la regulación de los regadíos y han apelado al consenso para que se busque una solución que beneficie a todos.

El máximo responsable del ayuntamiento de Bonares (6.093 habitantes) es Juan Antonio García y no cobra un sueldo público por sus funciones, según los datos que muestra la página de transparencia del consistorio. Sin embargo, revisando el informe ISPA publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se detalla que García cobró 6.601 euros en el ejercicio de 2021. Esto se debe a que es el actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva. Las retribuciones no se actualizan desde el principio de mandato cuando la asignación de un vicepresidente estaba en los 60.000 euros.

Por otro lado, el alcalde de Moguer (21.699 habitantes), Gustavo Cúellar, tiene un régimen de dedicación exclusiva y recibió en 2018 65.597 euros, bastante más que un director general de la Junta. Tuvo un salario mensual de 3.529 euros en 14 pagas y 16.183 euros para costes de seguridad social. El ayuntamiento no ha actualizado los datos desde ese año. El sueldo del concejal de Medioambiente, Francisco Ángel Martínez, es de 59.157 euros.

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