Los consejeros de la compañía, presidida por Jesús Casas, cobran 1.090 euros por cada reunión asistida

El presidente de la empresa pública estatal Tragsa cobró más de 171.000 euros brutos en 2019

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha pagado 7,6 millones a la compañía para gestionar el Ingreso Mínimo Vital


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La Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) es un grupo empresarial de titularidad pública, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fue creado en 1977 para la ejecución de obras, el desarrollo rural, la conservación de la naturaleza y actuaciones de emergencia.


Tiene una empresa filial, que se fundó en 1990, que se llama Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) con el objetivo de llevar a cabo proyectos de consultoría e ingeniería. El presidente del Grupo Tragsa es Jesús Casas desde 2018, sucedió a Elvira Rodríguez, actual vicesecretaria general de Acción Sectorial del PP.


Tragsa es noticia este verano porque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha pagado 7,6 millones a Tragsa para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Tras su aprobación en mayo, la Administración se ha visto desbordada ante la oleada de solicitudes, por ello ha contratado 500 personas para que tramiten los expedientes y reforzar la asistencia telefónica.


Tragsa logo


El comité ejecutivo de la empresa está formado por el presidente y la directora de Coordinación y Acciones Institucionales, Paloma López-Izquierdo, el director de Económico Financiero, Juan González, el director de Recursos Humanos y Organización, Álvaro Aznar, la directora de Operaciones en el Exterior, Mª Ángeles Soria, la directora de Asesoría Jurídica, Mª José Santiago, la directora de Tragsa, Inmaculada Salas y el director de Tragsatec, Juan Pablo González. El propio Casas, en declaraciones a Sueldos Públicos, ha señalado que por primera vez, todos los directores de la empresa son funcionarios en servicios especiales. Cuando finalicen su etapa en Tragsa volverán a su plaza. 


Además, la mercantil ha remitido un informe elaborado por 'Hay Derecho' sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables en las empresas públicas del Estado. El nombramiento de Casas se menciona en este documento como un ejemplo de que su perfil es idóneo para el puesto, por experiencia y formación profesional.


Retribuciones de los empleados públicos

Casas cobró en 2019 una retribución de 171.716 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia de la misma compañía. Una mensualidad media sería de 12.265 euros, aunque no se puede saber con exactitud porque solo se publican los datos anuales. La cantidad total es muy superior a la del mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en 2019 percibió 83.080 euros.


Los sueldos de los consejeros, según el Reglamento Interno del Consejo de Administración de Tragsa, van ligados a su asistencia a reuniones de este órgano. En el acta de la Junta General de Accionistas del 2 de junio de 2020 se establece una “cuantía bruta mensual de 1.090 euros brutos por sesión”.


Al año se celebran un máximo de 11 reuniones, lo que supondría un total de 11.994 euros brutos. Por otro lado, los consejeros de Tragsatec pueden percibir 856 euros brutos por sesión mensuales, al año son 9.425 euros. Tragsa tiene 14 consejeros, lo que supone un desembolso anual que roza los 168.000 euros y de Tragsatec, 11, con un coste global el dietas de casi 104.000 euros.


En 2016 ya avisó el Tribunal de Cuentas sobre lo que cobraban los consejeros de las empresas públicas, ya que en 2013 se llegó a pagar más de 7,6 millones de euros entre los consejeros de las 148 sociedades estatales, según informó El Mundo.


Según las últimas cuentas disponibles de Tragsa de 2018, la partida de sueldos, salarios y asimilados es de 192 millones de euros. Además, terminaron el ejercicio con 7,1 millones de euros. Sin embargo, en 2017 acabaron con pérdidas de 7,4 millones de euros.


En octubre de 2018, cuando Casas llegó al cargo, el digital OkDiario publicó una información sobre el supuesto encubrimiento de un caso de acoso laboral y sexual en 2011 en el seno de la empresa. Sin embargo, en una nota informativa remitida a este periódico, la empresa aclara que tras una investigación interna se concluyó que esta noticia era falsa en el sentido de que Casas no avaló aprobar el pago de130.000 euros a la trabajadora que interpuso la denuncia para evitar la vía judicial*.


Miembro del Instituto de la Mujer

Jesús Casas Grande se licenció en 1983 en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Ese mismo año comenzó como profesor contratado en el mismo centro. Tres años después entró en la Administración General del Estado como director de los Parques Nacionales de Tabas de Daimiel, Doñana y Picos de Europa.


Jesús Casas Grande


Hasta el 2012 estuvo en la administración de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, también como subdirector general de espacios protegidos y director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En 2012 pasó a formar parte del Instituto de la Mujer, coordinando programas y actuaciones para la igualdad de oportunidades, dos años después se convirtió en el secretario general de la organización.


En 2015 fue nombrado el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias, cargo que mantuvo hasta que fue nombrado presidente del Grupo Tragsa.


*En la primera versión de la noticia, publicamos, por error, que el presidente de Tragsa avaló destinar 130.000 euros para ocultar este asunto y evitar la vía judicial. Todo lo contrario, la empresa, amablemente, nos aclaró que esa información es falsa y que Casas se opuso a esa decisión y cuando llegó al cargo abrió una investigación independiente. Tragsa afirma:


(...) Ante la referida publicación (OkDiario), el presidente del Grupo Tragsa dio traslado de la misma al “Compliance Officer” del Grupo al objeto de que este iniciara diligencias de investigación independiente para aclarar lo sucedido en relación con el contenido de la noticia, verificar la participación que hubiera tenido el actual presidente en su condición, en aquel momento, de miembro del Consejo de Administración, y poder dar conocimiento de todo ello al propio Consejo de Administración, adaptándose en su caso las medidas oportunas. Del resultado de dicha investigación se extrae como conclusión inequívoca que el acuerdo transaccional al que se habría llegado con fecha 21 de septiembre de 2011 por la empresa con la trabajadora fue únicamente avalado por la entonces Dirección del Grupo Tragsa al tratarse de una decisión ejecutiva adoptada conforme a la distribución de competencias existentes en ese momento, que residían en la Dirección de Recursos Humanos. En la decisión no tuvo participación alguna el Consejo de Administración (...).


Agradecemos las explicaciones del equipo directivo de Tragsa y del propio presidente y pedimos disculpas a nuestros lectores.