Cada vez está más presente en nuestra sociedad la necesidad de transparencia en cualquier ámbito, aunque, especialmente, se demanda más en el sector político. Es una forma de acceder a la gestión de nuestros electos. Pero todavía queda mucho por hacer en este sentido, pues algunas instituciones siguen sin compartir los datos que se requieren, ofreciendo información incompleta o sin actualizar. Esta situación suele darse en administraciones públicas más reducidas, como el caso de ayuntamientos de localidades de menor tamaño. Por ejemplo, de Camuñas o Quintanar de la Orden hemos hablado en Sueldos Públicos por su Portal de Transparencia vacío. ¿El resto tienen excusa? Sin ir más lejos, España contó con una puntuación de 60 sobre 100 en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Seguimos estancados.

Cuando se publica cierta información también se corre el peligro de caer en algún error, aunque no suele ser lo más habitual. Al Parlamento de Canarias le ha sucedido y es que ha dado a conocer las retribuciones de sus diputados de forma equívoca y que “no se corresponden con la realidad”, según ha informado EFE. Ahora, el Portal de Transparencia de la institución aparece en “proceso de actualización”. Este régimen económico entró en vigor el pasado 1 de agosto. Los organismos parlamentarios, como por ejemplo el Congreso de los Diputados o Senado, suelen difundir detalladamente sus datos al estar constituidas por complementos y otras indemnizaciones individualmente para cada miembro, que tienen más complejidad. 

Captura de pantalla del Portal de Transparencia del Parlamento de Canarias.

La confusión se ha dado al incluirse en la publicación complementos retributivos ya inexistentes, como el complemento mensual al cargo o un importe mensual por las indemnizaciones devengadas, pero no liquidadas en ese período. Por ejemplo, hasta el 31 de julio, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, disponía de un sueldo mensual de 3.975 euros brutos, un ‘plus’ al cargo de 2.239 y la extra de junio y diciembre de 3.107 euros. Habrá que esperar a las nuevas cifras. 

Sueldos, declaraciones y ‘excesos’

Hace unos dos años, la Junta de Andalucía también estuvo en el foco mediático, por no publicar de forma íntegra el salario del consejero, Juan Bravo, junto al resto de retribuciones de sus ‘compañeros’. Según apuntaron fuentes del Ejecutivo a elDiario.es, se debió a que no se actualizó, pero no una “ocultación”. La polémica podría haber sido abundante, pues el sueldo de un consejero era de 68.150 euros, y el propio Bravo registró en su declaración de bienes y rentas, un sueldo de 127.363 euros. Esa diferencia de casi 60.000 euros llamó la atención y es que se debía a un complemento funcionarial que le correspondía. 

Desde la administración insistieron en que se trataba de un error y así como el propio Bravo hace su declaración personalmente, el otro asunto dependía de un equipo de funcionarios de la Junta “y ahí está el error”, tal y como reconocieron.

Hasta un Ayuntamiento como el de Madrid también peca de errores en su labor de transparencia. En su caso fue en 2019 cuando le atribuyeron a un exconcejal del PSOE, Ignacio Benito, tener en su cuenta corriente una cantidad de 1,5 millones de euros. Todo tras darse a conocer su declaración de bienes y rentas, como se hace en la mayoría de las instituciones de nuestro país. Fue el mismo edil el que tuvo que desmentirlo a través de sus propias redes sociales, donde mostró un pantallazo de su cuenta del banco para que no queden dudas del dinero que tenía: 17.569 euros. En ocasiones, son los propios políticos los muestran sus nóminas, según ha comprobado varias veces este digital con Fran Ferri o Isabel Bonig, ambos fuera de la primera línea política desde hace años.

Según apuntó El País en aquel momento, la página del exconcejal pasó a encontrarse en mantenimiento, presumiblemente por el error ocurrido en la información publicada en primera instancia. 

Por otro lado, hace menos de un año, el sindicato policial Plataforma Sindical Unitaria (PSU) denunció que, "como resultado de los trámites realizados por el Departamento de Recursos Humanos para la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2024", se publicaron en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Badalona los nombres, cargos y sueldos de todos los trabajadores municipales del consistorio. 

El sindicato aseguró que la información estuvo colgada en la web durante horas, hasta que se detectó el error y se corrigió. Afirmaron que esto iba contra la Ley de Protección de Datos. Esta información de los funcionarios nunca aparece publicada en las administraciones públicas y solo se conoce las retribuciones que les corresponden por su tipo de puesto.