La transparencia sigue siendo una de las cualidades más demandadas, especialmente, para nuestro sector público. Las instituciones son cada vez más conscientes de adaptarse en esta materia y también los ciudadanos, conocedores de que tienen un derecho de acceder a la información pública. Los datos son un reflejo de ello. Muchos son públicos y están publicados, aunque no siempre son visibles ni todo lo accesibles que nos gustaría. Al final, un gobierno transparente es la demostración de también ser democrático. 

Según la memoria de 2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) publicada este martes, se han atendido y resuelto en materia de derecho de acceso a la información pública 2.259 reclamaciones (un 36,7% más que en 2022). El documento, de 148 páginas, consultado por Sueldos Públicos recoge que de estas, 1.169 pertenecen al ámbito estatal y 1.090 al ámbito autonómico y local. La mayoría de las solicitudes se han realizado a través de ‘webportal’ en un 21,3%. Por otra parte, se evaluaron hasta 254 entidades públicas para comprobar si publican y actualizan en sus páginas web institucionales o en el portal de transparencia la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la Ley de transparencia. También supone un 35,1% más que en el año anterior. Recuerda, de nada sirve un Portal vacío o no actualizado como este ejemplo.

Imagen de la página 16 de la memoria del CTBG de 2023.

El actual presidente del Consejo es José Luís Rodríguez Álvarez y su retribución para 2024 es de 119.639 euros brutos anuales. Por ejemplo, cobró 124.996 euros, incluidos nueve trienios en 2023, según aparece publicado en el Portal de Transparencia del organismo. El CTBG contó en 2023 con un presupuesto de 3,37 millones de euros, un 12,5% más que el ejercicio anterior, y quedó configurada con una plantilla de 29 funcionarios. 

El CTBG ha recibido un total de 119 reclamaciones contra resoluciones de los organismos evaluados en materia de acceso a la información pública. De estas, 50 fueron estimadas (en tres casos se concedió la información antes de finalizar el procedimiento de reclamación y en otros cuatro la estimación de la reclamación fue parcial). Otras 44 fueron desestimadas, 22 inadmitidas y otras tres archivadas. Por lo tanto, de las 94 reclamaciones resueltas, el 46,8% han sido favorables a la entidad y el 53,2% a los reclamantes. Los organismos evaluados han presentado ocho recursos contencioso-administrativos contra resoluciones del CTBG, lo que sitúa la tasa de litigiosidad en el 16%. El 85,7% de las sentencias que han adquirido firmeza han sido favorables al Consejo. 

La Administración General del Estado cuenta con un Portal de Transparencia propio en el que se publican las retribuciones de sus altos cargos, currículums, biografías… Aun así, el Consejo ha resuelto numerosas reclamaciones sobre los diferentes ministerios. El de Interior ha sido el que mayor cantidad de solicitudes se han atendido con una cifra de 214 y supone un 18,5% del porcentaje total de reclamaciones del ámbito estatal en 2023. Por detrás, sobre el Ministerio de Hacienda y Función Pública se han resuelto 75 reclamaciones y el de Justicia con 52, al igual que el de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Del que menos, el Ministerio de Universidades con tres. 

Si hablamos de organismos públicos estatales, entre una larga lista destacan las 38 reclamaciones resueltas de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, cuyo porcentaje es del 3,3% sobre el ámbito estatal. 

¿Transparencia total?

Gracias a estos informes también conocemos que existen entidades que cumplen con la información obligatoria que se demanda en materia de transparencia. Y el pasado año, solo dos entidades públicas han llegado a una puntuación de 100. La primera de ellas es la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que ha aumentado en 41,4 puntos porcentuales con respecto a 2021. Este organismo es dependiente del ente Puertos del Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mar Chao es la presidenta del Consejo de Administración de APV con una remuneración de 120.970 euros. 

Al mismo nivel se encuentra la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural S.A., quien en su caso la diferencia es de 37,2 puntos porcentuales con respecto a hace dos años. “Es una entidad pública dedicada a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores”, como aparece en su propia página web. Su presidente es José Andrés Torres y cuenta con una retribución total de 132.200 euros. Así aparece en su respectivo Portal de Transparencia. 

La otra cara de las reclamaciones

El Consejo, autoridad independiente que tutela el derecho de acceso a la información pública a nivel estatal, estimó total, parcialmente o por motivos formales en torno a siete de cada 10 reclamaciones, resolviendo que la administración debía facilitar información al reclamante.

Un tercio de las reclamaciones frente a la Administración General del Estado y su sector público se presentaron por silencio administrativo, porcentaje que se eleva al 85% en las reclamaciones contra las administraciones autonómicas y locales de aquellas comunidades autónomas que han atribuido al Consejo la competencia para resolver sus reclamaciones.

Aunque las resoluciones del Consejo son jurídicamente vinculantes para sus destinatarios, persiste un porcentaje relevante en las que no se acredita el cumplimiento: a 31 de diciembre no constaba el cumplimiento de un 11% de las resoluciones dictadas en 2023 frente a la administración estatal y un 49% de las emitidas frente a las autonómicas y locales.

La fortaleza e importancia que va cogiendo el Consejo como autoridad es “un aspecto capital para situar a España en el lugar que le corresponde como democracia avanzada, participativa y basada en la rendición de cuentas”, ha afirmado su presidente, Rodríguez.