Si hay un tema que aleja a la ciudadanía de la política es la corrupción. Y parece cada vez más se produce con mayor frecuencia, precisamente porque en España hemos vivido ya muchos casos sonados en este ámbito. A pesar de que no es algo exclusivamente de la política, sí hay más señalamiento, puesto que se trata de la gestión de lo público, de lo de todos.

No son palabras al aire, sino que, por segundo año consecutivo, nuestro país se mantiene en la misma posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 publicado por. Una puntuación de 60 sobre 100. Es decir, lo que hay que destacar es que, aunque no ha empeorado, tampoco se ha tratado de mejorar en una democracia como la nuestra, como ya pasó en el estudio de 2022. Además, baja un puesto en su posición en el ranking mundial y cuatro con respecto a 2020.

Así, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana, dos por encima de Catar y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal. La comparación se lleva a cabo con países que hace unos años estarían lejos de equipararse con territorio español.

El propio estudio habla de que es necesario para el país recuperar el buen funcionamiento de las instituciones. Y aquí hay un ejemplo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este organismo lleva unos seis años en funciones y se debe acometer con el acuerdo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como principales fuerzas parlamentarias. Entre reuniones y tiras y afloja, la institución más importante del tercer poder del Estado sigue aún paralizada. Por supuesto, la imagen para el funcionamiento de España no es buena. Además, si la justicia no trabaja bien, no puede hacerlo en los casos de corrupción que se den, cuyos procedimientos judiciales se alargan durante años.

También se deben llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la Ley de Transparencia, un tema que este digital ha demandado en varias ocasiones, necesaria para desarrollar la confianza de la clase política ante los ciudadanos.

La organización también ve importante la supresión del programa de visados dorados (Golden Visas), un concepto que se refiere a las residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país. Entre otras medidas, la creación de la autoridad independiente de protección del informante o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio.

Dinamarca, la primera

Dinamarca con 90 puntos encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Entre ellos, destaca un buen funcionamiento de sistemas de justicia. Se trata de algunos países europeos y no son los únicos, puesto que otros como Noruega, Suecia, Suiza, Países Bajos o Alemania también se meten entre los diez primeros puestos del ranking. Similares a España en otros ámbitos, pero no en la mejora de la corrupción.

En la cola de la clasificación se encuentran países como Somalia, Siria o Sudán del Sur, que aún necesitan muchos avances y desarrollo. Pero también aparecen otros como Venezuela, el segundo peor en el ranking, como viene siendo hace unos años al existir tendencias autoritarias y la debilitación de las instituciones. Lo mismo ocurre con Corea del Norte, quien tiene, según la ONU en 2019, una “corrupción endémica”.

El organismo de Transparencia Internacional da una serie de recomendaciones para mejorar en este ámbito:

• Reforzar la independencia de la justicia: nombramientos basados en el mérito en lugar de los políticos, sistema con personal cualificado y con los recursos adecuados…
• Más transparencia en la justicia: que los datos pertinentes sobre sentencias, acuerdos extrajudiciales y ejecución, así como sobre procedimientos judiciales y normas administrativas, estén disponibles abiertamente y puedan ser examinados por los ciudadanos
• Mecanismos de integridad y control: canales específicos de denuncia y notificación, así como exigiendo a jueces, fiscales y otros actores relevantes que revelen sus bienes e intereses, y garantizando que los salarios sean proporcionales a su trabajo.
• Promover la cooperación en el sistema judicial.
• Mejorar el acceso a la justicia
• Ampliar las vías para la rendición de cuentas en casos de corrupción: que las instituciones judiciales de jurisdicciones extranjeras con un Estado de Derecho más sólido puedan desempeñar un papel crucial para contrarrestar la impunidad de otros países que “no quieran o no puedan” actuar