Es aventurado afirmar que un Gobierno de coalición funcione sin desavenencias, pues siempre habrá temas en los que ambos partidos no coincidan. Ha pasado incluso en el Ejecutivo nacional cuando Pedro Sánchez decidió crear un departamento de Asuntos Culturales para ‘vigilar’ al ministro de Cultura. Sin ‘socios’, en la mayoría de las ocasiones no hay poder, pero también hay que lidiar con posiciones dispares.

En cierta medida, este podría ser el pensamiento del Partido Popular con Vox en la Generalitat Valenciana en el cual se reúnen hasta diez consejeros con sus sueldos públicos. Y es que las últimas declaraciones de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, al afirmar que “Franco es un personaje histórico”, entre otros temas, en una entrevista concedida al diario ‘Las Provincias’, han desatado el malestar de la formación que lidera Carlos Mazón como presidente autonómico. Tal es el revuelo que ella misma ha tenido que rectificar sus palabras y declarar que no tiene problemas “en decir que Franco fue un dictador”, tal y como hace unos días reconoció el propio Mazón en un pleno de las Cortes Valencianas. Todo esto se produce en un en un momento en el que se ha iniciado el trámite de la Ley de Concordia en la cámara autonómica para sustituir a la de Memoria Democrática.

La oposición del Gobierno autonómico, incluso la dirección nacional del PSOE, han pedido la dimisión de la consellera. No obstante, parece que todo seguirá igual en el Consell y ella continuará cobrando su correspondiente sueldo público, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura en 2023.

En la actualidad, su retribución bruta es de 67.294 euros anuales, de los cuales 659 euros son por trienios. La parte proporcional de 2023 no está publicada en el Portal de Transparencia de la Generalitat, pero al tener en cuenta que su predecesora, Gabriela Bravo, tenía un salario de 66.311 euros, Núñez pudo cobrar unos 27.600 euros por cinco meses hasta final de año. Si Núñez conserva el cargo los cuatro años completos de legislatura, podrá cobrar unos 270.000 euros. Por otro lado, así como otros altos cargos del Consell cobran una indemnización por residencia, que sobrepasa los 8.000 euros anuales, ella no lo percibe. Sin duda, es llamativa la diferencia de remuneraciones para estos cargos en otras comunidades autónomas, como, por ejemplo, en la de Madrid, donde un consejero cobra unos 100.500 euros o en Cataluña, donde perciben casi el doble que sus ‘vecinos’ del sur, unos 120.700.

Abogada y docente

Elisa María Núñez Sánchez nació en Elche de la Sierra (Albacete) en 1977. Cuenta con una licenciatura y diplomatura en Ciencias Religiosas y un máster en Bioética. Además, es graduada en Derecho, con máster y doctorado. Estaba ejerciendo como abogada desde 2019 y en julio de 2023 tomó posesión del cargo de consellera.

Durante su trayectoria como empleada pública ha trabajado en la Generalitat Valenciana como técnica superior interina en la Dirección General de Inmigración, entre 2008 y 2011, así como en la Secretaría Autonómica de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en 2008. Por otra parte, ha ejercido como profesora de Teología en la Universidad Católica de Valencia y como responsable general de Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Valencia. También ha sido autora de diversas publicaciones.

Su actual puesto como consellera de Justicia e Interior en la Generalitat Valenciana es su primera experiencia en la política remunerada, según el currículum publicado en su ficha personal. De esta forma, lleva unos nueve meses cobrando sueldos públicos en política.

Su última declaración de bienes y rentas la presentó el 19 de septiembre de 2023, cuando ya era alto cargo del Consell. En ella registra dos viviendas ubicadas en la provincia de Valencia con un valor catastral de 78.393 euros y 67.536 euros. Además, posee un vehículo Audi Q3 valorado en 42.027 euros. Dispone de dos depósitos con importes de 73.940 y 12.300 euros cada uno, un seguro de vida con 13.710 euros y un plan de pensiones de 183 euros.

Su tarea en el Consell

La Conselleria de Justicia e Interior es “el departamento del Consell al que corresponde ejercer las competencias en materia de justicia y de gestión de las competencias en materia de consultas populares y procesos electorales, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, así como las competencias en materia de interior, protección civil, gestión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, prevención y extinción de incendios, y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia”.

Por ejemplo, por sus funciones, asumió tarea en el incendio del edificio en el barrio de Campanar de Valencia o también tiene que ver con las protestas de los bomberos forestales, que fueron polémicas por las palabras de un concejal, como hemos comentado recientemente en este digital.

Núñez tiene por debajo de ella hasta ocho altos cargos: subsecretario, secretarios autonómicos y directores generales.