Parece que el candidato electo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha puesto las pilas con el asunto de ahorrar y no disparar el gasto público, todo lo contrario que sus compañeros de partido hace tres legislaturas, cuando el PP nacional y valenciano era protagonista de aperturas de informativos en las televisones nacionales por asuntos de corrupción, nepotismo y derroche. Mazón lleva unos 14 años no consecutivos cobrando sueldos públicos en política y esta semana su acuerdo de Gobierno con Vox ha sido tildado de "vergüenza" por el PSOE.

El hasta ahora presidente de la Diputación de Alicante, un producto más de las Nuevas Generaciones del PP, que pasó por la Dirección General del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) durante el gobierno de Zaplana, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Catral y de Alicante y director general en dos departamentos más de la Generalitat Valenciana con los ejecutivos de Camps, ha dicho que su próximo Gabinete tendrá solo 10 consellerias, dos menos. Y eso supone menos gasto para el erario. Su etapa como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, durante 10 años, en contacto directo con los empresarios y autónomos, ha debido surtir efecto: adiós al 'infierno fiscal de Ximo Puig, como él dice, y menos gasto público.

Carlos Mazón.

Su anuncio, que ya había deslizado en la campaña electoral para el 28M coincide este miércoles con la publicación de una encuesta semestral elaborada por el Consejo General de Economistas de la Comunidad Valenciana. Se trata de la trigésimo primera edición de la encuesta “Los Economistas Opinan” con el objetivo de pulsar la realidad socioeconómica a través de las opiniones vertidas por los colegiados de Castellón, Valencia y Alicante.

Su presidente, Jaime Querol, quien también es el decano del Colegio de Economistas de Castellón; Francisco Menargues, vicepresidente del CGE-CV y decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante; y Alfredo Hernández, secretario del CGE-CV y vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia, han sido los encargados de dar a conocer los resultados de esta edición en la que han participado 748 economistas.

Esta encuesta, que se realiza cada seis meses, tiene como objetivo reflexionar sobre los problemas estructurales y coyunturales de la Comunitat Valenciana; debatir sobre las cuestiones claves del momento actual como el déficit público, la ley de pensiones y la incapacidad laboral; conocer la situación económica de los colegiados y prever la evolución económica tanto en la Comunitat Valenciana como en España.

En un comunicado del Colegio consultado por Sueldos Públicos se detalla que, respecto a la situación económica, es ligeramente más mala que hace un año, sobre todo para la llamada generación X (con un 33.4%) y los Boomers (un 27,4%), frente a los Millenials que se ven mejor en un 38, 7%. En cualquier caso, a nivel global un 44.8% de los encuestados a nivel del conjunto autonómico considera que está igual que en 2022 y un 30,2% peor.

Valoraciones

En lo que se refiere a la economía valenciana, la valoración es negativa (peor: 41,7 ) y se incrementa esa percepción entre los economistas Millennial y los de la provincia de Castellón. No obstante, respecto a la valoración de hace un año las cifras han mejorado puesto que hace seis meses se consideró que la situación estaba peor en un 65,20%, y hace un año se situaba en un 49,84% frente al 41, 70% que ha arrojado esta oleada. De hecho, en la presente encuesta un 22,50% considera que la economía valenciana está mejor que en diciembre de 2022, donde se registró un 11,20%.

Si se aplican estas valoraciones al conjunto de la economía española, un 38,8% considera que la situación es buena, un 24,4% regular y un 25,7% mala. No siendo significativos los porcentajes de aquellos que consideran que es muy buena (4,2%) o muy mala (con un 7%).

Las perspectivas para los próximos meses son de regularidad tanto para la economía valenciana (media: 5,21 puntos) como para la economía española (media: 4,94 puntos). Concretamente, un 9,6% considera que la economía de la Comunitat Valenciana irá mucho mejor, un 35,1% que irá mejor, un 23, 6% que se mantendrá igual, un 26, 1% que irá a peor y un 5,6% que irá mucho peor que hasta ahora.

Respecto a la economía española la economía los porcentajes son muy similares, lo que demuestra que no se percibe como una situación disociada, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. Así si nos centramos en los principales parámetros, un 34,1% de los colegiados consideran que la economía de España irá a mejor, un 22, 7% considera que continuará exactamente igual y un 28,1% que está peor.

En cuanto a las mayores preocupaciones para los colegiados de las tres provincias, la inflación sigue liderando el ranking seis meses más con un porcentaje del 70, 7% ; y tres hitos recurrentes de las encuestas de los últimos cuatro años siguen en los primeros puestos de los problemas de la Comunitat Valenciana, concretamente, la inadecuada dimensión y estructura de la empresa valenciana (41,9%), los costes laborales (39,1%), el déficit de infraestructuras y comunicaciones (30,3%) y la escasez del agua (26,9%).

Destaca que el problema de la evolución de la demanda interna y/o externa (22,4%) y el precio de los combustibles (21, 5%), han disminuido respecto a la encuesta anterior, donde se reflejaba la preocupación por dos crisis que había sacudido la economía europea y española y que ahora se ha estabilizado. La relevancia del paro (26,9%) también disminuye, reflejo del hecho de que en los meses estivales las cifras del desempleo siempre descienden.

La parte cambiante de cada edición de la encuesta se ha centrado en los Fondos Next Generation, el endeudamiento público, la reforma de la Ley de Pensiones y las medidas de otorgamiento de las prestaciones de incapacidad laboral y control de fraude. Los colegiados consideran que la tramitación y obtención de los Fondos Next Generation es regular (27,1%), de hecho, un 18,1% considera que es negativa y un 16, 4% pésima, lo que conforma una mala opinión global que alcanza al 61,60% de los colegiados.

Ante la pregunta de cómo ajustar el déficit público, mayoritariamente se han decantado por la reducción de gastos con un 60,9%, frente a un escaso 6,7% que aboga por el incremento de los ingresos. No obstante, un 34,4% considera que la solución a la situación actual pasa por adoptar ambas medidas. Y en este punto volvemos a rescatar la propuesta de Mazón, porque dos consellers menos en nómina supone poder destinar más de medio millón de euros de dinero del contribuyente a otra partida. 

Así, actualmente, un conseller está cobrando 66.311 euros brutos anuales, sin contar los costes de la Seguridad Social. Dos equivalen a 132.622 euros y al cabo de una legislatura completa de cuatro años, el ahorro supera los 528.000 euros, que podría incrementarse cada año tras las subidas salariales que se aprueban al inicio de cada año. Con todo, el propio Mazón tendrá una retribución menor como president de la Generalitat que como presidente de la Diputación de Alicante. Hasta ahora, Mazón cobraba unos 84.900 euros anuales y Puig, 77.800 euros. No obstante, Puig percibía una compensación para costear el gasto de una vivienda en Valencia ciudad ya que su residencia habitual era Morella, un municipio del interior de Castellón. Mazón también tendrá derecho a ella. Esta cantidad supera los 10.000 euros al año.

Ya es más difícil calcular el resto de ahorro en altos cargos, porque cada conselleria tiene uno o dos secretarios autonómicos y varios directores generales, que podrían recolocarse en otros departamentos. Sí desaparecía del listado de personal a sueldo el director de Gabinete de cada conseller, además del director o jefe del Gabinete de Prensa y resto de asesores, entre ellos los conductores de los consellers. Eso sí, no vale suprimir dos consellerias, pero aumentar el número de direcciones generales y asesores.