Ya conoces los hechos. Este jueves se cumplirá una semana del incendio de dos bloques de edificios en el barrio de Campanar (Nou Campanar, para ser exactos), en Valencia. Fallecieron 10 personas y unas 400 se quedaron sin hogar. Rápidamente, la ‘maquinaria’ de las Administraciones Públicas se pusieron a funcionar garantizando una asistencia propia de países desarrollados, con una población que soporta una considerable carga impositiva, pero que ve compensado ese esfuerzo y privación con servicios públicos que funcionan con relativa normalidad y eficiencia, salvan vidas -siempre que se puede- protegen la seguridad y los bienes y alertan a la población. 

En el caso que nos ocupa, hablamos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Valencia ciudad, Bomberos de la provincia de Valencia, personal de la UME, psicólogos, además de altos cargos políticos y técnicos expertos en múltiples materias. El viernes pasado nos centramos en conocer lo que cobran los concejales y cargos de libre designación del Ayuntamiento de Valencia implicados en la gestión de un suceso como el ocurrido: Áreas de Incendios y Seguridad, Urbanismo, Licencias, Tráfico…

Imágenes de la UME.

Ahora nos centramos en los dos niveles administrativos restantes. En este sentido, este martes, tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como el de Carlos Mazón cuenta de los recursos propios empleados en la catástrofe mencionada, en el caso del Gobierno central, y en las ayudas fijadas para los afectados, en el caso del la Generalitat Valenciana.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha recibido informe sobre la activación de medios del Estado en el incendio de Valencia. Así, el despliegue de recursos de la Administración General del Estado para afrontar las consecuencias del incendio de un edificio en la ciudad de València el pasado 22 de febrero incluyó la movilización de 529 efectivos de la Policía Nacional, 107 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un amplio número de medios materiales, así como la habilitación de distintos servicios públicos de varios departamentos ministeriales para asistir a los vecinos damnificados.

Este despliegue, habilitado una vez la Comunitat Valenciana activó su Plan Territorial de Emergencia en Situación Operativa 2. Esto incluye a la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que es alto cargo, Virginia Barcones, (cobró 5.240 euros brutos por 19 días de trabajo en 2023, incluidos siete trienios de antigüedad, según el Portal de la Transparencia); El subdirector de Prevención, Planificación y Emergencias, y el jefe de Área de Actuación Operativa; así como diez miembros del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro para coordinar el operativo.

La Policía Nacional desplegó 529 efectivos integrados en muy distintas unidades: Puesto de Mando Avanzado, Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), Grupos Operativos de Respuesta (GOR), Policía Científica y el. Entre los medios empleados por los agentes destacan las cámaras y los sistemas de escucha del Grupo de Sistemas Especiales, idóneos para la localización de víctimas en lugares de difícil acceso.

Imágenes de la UME.

Por su parte, la UME desplazó a València 107 desde distintos puntos de España, que emplearon en sus labores más de cuarenta vehículos, incluidos ocho camiones autobombas, unidades móviles de comunicación, camiones logísticos, ambulancias y varios equipos de drones. Además, cuatro ministerios habilitaron servicios de asistencia gratuita para dar rápida respuesta a las primeras necesidades de los damnificados por el incendio.

Ministerio del Interior

Policía Nacional dispuso una Unidad Especial de Documentación para agilizar al máximo posible la expedición de duplicados del Documento Nacional de Identidad con carácter gratuito. La Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, con la colaboración con la Dirección General de Tráfico, habilitará un teléfono especial para le expedición de duplicados del carnet de conducir.

Ministerio de Justicia

Los afectados por el incendio podrán acudir al Registro de la Propiedad número 5 de Valencia para obtener información y que les expidan las certificaciones de sus propiedades con el fin de acreditar la titularidad de todas las viviendas que han sido destruidas en el incendio.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Cualquier víctima o familiar de víctima que tenga la necesidad de utilizar los servicios de Renfe podrá hacerlo de forma gratuita a través del Punto de Atención (ventanilla única) del Ayuntamiento de València, donde accederán los billetes que necesiten de Cercanías, Media o Larga Distancia. El objetivo de esta medida, que tiene una vigencia de tres meses, es contribuir a facilitar la movilidad de los afectados en estos momentos complicados.

Para trasladarse en tren de forma gratuita, las personas afectadas y sus familiares deberán ponerse en contacto con el "Punto de Atención" (ventanilla única del Ayuntamiento de Valencia), organismo que establecerá contacto con los equipos de Renfe en Valencia, para que desde esta Oficina se les proporcionen los billetes.

Renfe cuenta con 24 trenes AVE y tres Avlo que unen Madrid con Valencia. También estarán disponibles los servicios Alvia, Media Distancia, Cercanías y los servicios Euromed que unen Barcelona con Valencia.

En cuanto a los servicios de Cercanías y Media Distancia convencional, que ya son gratuitos para los viajeros habituales, Renfe facilitará un abono sin ningún coste a quien lo solicite para viajar con origen o destino la Ciudad de Valencia. Es decir, no tendrán que cumplir las condiciones de uso de los abonos gratuitos, como es el pago de la fianza y la recurrencia.

Ministerio de Igualdad

En caso de que entre las personas afectadas por el incendio se detectase alguna mujer víctima de cualquier tipo de violencia, el departamento buscará la fórmula para que sean atendidas con carácter urgente y de manera específica, siempre en colaboración con la Generalitat valenciana.

Ayudas de la Generalitat

El martes, el DOGV publicó un decreto que recoge “el objetivo de contribuir al esfuerzo colectivo para que las personas afectadas por el incendio puedan, gradualmente, retomar sus vidas, se estima necesario y urgente aprobar ayudas que permiten, por un lado, atender las necesidades más inmediatas de todas ellas y, por otro, financiar los gastos de alquiler de una nueva vivienda para quienes así lo soliciten. Exactamente, son ayudas para la atención inmediata de los gastos de primera necesidad ocasionados por el incendio”.

El importe mínimo de la ayuda de primera necesidad será de 6.000 euros por vivienda. Esta cuantía se podrá incrementar hasta un máximo de 10.000 euros, a razón de 1.000 euros adicionales por cada una de las personas que, además de la titular, convivían en la vivienda siniestrada. El importe global máximo de las ayudas asciende a 1,38 millones.

Sobre las ayudas al alquiler, el importe será igual al precio del arrendamiento de la vivienda, con el límite de 1.000 euros mensuales. Este límite se podrá incrementar hasta un máximo de 1.500 euros mensuales, a razón de 100 euros adicionales por cada una de las personas que, además del solicitante, tengan que residir en la vivienda que se arrenda, siempre que tuvieran la residencia habitual en la vivienda incendiada en la fecha del incendio.

Para las personas que residían en una vivienda de su propiedad, la duración de la ayuda no podrá ser superior al periodo de duración del contrato de arrendamiento, con un límite máximo de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del contrato. En el caso de las persones que residían en una vivienda en régimen de alquiler, la duración de la ayuda no podrá ser superior al periodo de duración del contrato de arrendamiento, con un límite máximo de tres meses a partir de la fecha de suscripción del contrato.

El importe global máximo de las ayudas contempladas en el presente capítulo asciende a un total de 2,48 millones. En total, casi cuatro millones de euros. Una cantidad a la que habría que añadir el impacto económico que supone ofrecer gratuitamente el transporte público a los afectados y las reducciones fiscales acordadas.