Si eres empleado público en la Comunitat Valenciana avisa a tus compañeros de trabajo, a tus jefes y apunta este día en el calendario: 13 de junio de 2023. Es la fecha tope. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha creado el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información (RRSII) en el que se centralizarán tanto los nombramientos como los ceses de estos responsables llevando una gestión actualizada de los datos. El plazo para la creación de estos sistemas en el caso de las administraciones públicas finaliza en ocho días, excepto para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes cuyo plazo se amplía hasta el 1 de diciembre. ¿A cuántas personas les puede afectar esta fecha? En 2021 había en nómina más de 256.000 empleados públicos en la Comunitat Valenciana, de los que 162.000 eran de la administración autonómica, según datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El pasado mes de febrero se aprobó la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es el resultado de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblower. Las multas por revelar el nombre de las personas que denuncian prácticas corruptas puede llegar al millón de euros. A decir verdad, el Gobierno de España llegó tarde a trasponer la Directiva, como puedes comprobar en esta noticia.

Esta nueva Ley recoge entre sus novedades la necesidad de que cada entidad cree un Sistema Interno de Información (SII), que es la denominación que se le ha dado a los buzones o canales de denuncia, a través de los cuales se realizan las denuncias y la recepción de información que puede ser constitutivo de incumplimientos del ordenamiento jurídico.

La Agencia asesora y ayuda en la puesta en marcha de estos sistemas internos de información a aquellas administraciones que lo soliciten, lo que puede articularse mediante la firma de un protocolo de colaboración entre la Agencia y la entidad. La Agencia también cede de forma gratuita la tecnología necesaria para el desarrollo de estos canales o buzones de denuncia. Por ejemplo, existe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.

Hasta este momento se han firmado más de 70 convenios y protocolos, entre otras, desde grandes administraciones como la Diputación de Castellón o el Ayuntamiento de València, hasta otras de pequeño tamaño como el Ayuntamiento de La Yesa de apenas 120 habitantes. La Ley recoge la obligación por parte de la entidad o de la administración de nombrar a una persona física o a un órgano colegiado como responsable de la gestión del Sistema Interno de Información así como del procedimiento a seguir. Tanto el nombramiento como el cese de estos responsables deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles a la autoridad u órgano competente, que en el caso de la Comunitat Valencia, es la Agencia Valenciana Antifraude.

El trámite de comunicación a la Agencia del Responsable del Sistema Interno de Información se puede hacer de forma electrónica en cualquier momento, ya que el procedimiento está abierto durante todo el año. En el título IX de la Ley 2/2023 se recoge que la falta de disponer de un sistema de un interno de información es una infracción muy grave, mientras que la falta de notificación de la designación de la persona u órgano colegiado responsable del sistema es una infracción leve, las cuales llevan aparejadas sanciones recogidas en el artículo 65 de la Ley.

En marzo, este Registro fue reconocido en Roma por la Red Europea de Autoridades de Integridad y de Protección de las Personas denunciantes de corrupción que se constituyó como Red NEIWA. En ese encuentro, el director de la Agencia, Joan Llinares reconoció que “el hecho de que 33 autoridades europeas de lucha contra la corrupción y de protección de personas denunciantes hayan mostrado interés en conocer cómo funciona el buzón de denuncias de la AVAF refuerza el trabajo que estamos realizando”.

Llinares argumentó entonces que “el buzón de denuncias de la Agencia se está convirtiendo en un referente y así en el mes de noviembre también estuvimos presentado este buzón invitados por el grupo de expertos de la Comisión Europea. Este buzón es el que estamos ayudando a implantar en las instituciones públicas valenciana con las que ya hemos firmado convenios de colaboración. La Diputación de València, Diputación de Castellón, entidades como VAERSA o ISTEC, y con ayuntamientos como los de València, L’Eliana, Riba-roja, San Vicente del Raspeig, Dénia o la Yesa que ya han incorporado como su canal externo de denuncias el buzón de la Agencia”.

Congreso de los Diputados

En febrero de este año, la Cámara Baja aprobó este jueves la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con los votos en contra del PP y Vox. 

La normativa establece que las empresas privadas de a partir 50 empleados, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, las fundaciones, universidades públicas, los órganos vinculados a la Administración pública, las corporaciones de Derecho Público y la Administración general del Estado tienen la obligación de incorporar un sistema interno de cauces de denuncia seguro y confidencial.

También es obligatorio contar con un libro - registro privado que recoja las informaciones recibidas por esta vía de comunicación y de las investigaciones internas. Protección de los denunciantes Este canal de comunicación de denuncias deberá estar disponible tanto para empleados como para terceros y garantizar la confidencialidad del alertador. De esta forma se asegura que cualquier persona tenga la posibilidad de denunciar las subvenciones, actuaciones y adjudicaciones sospechosas, preservando la identidad del informante y de las personas afectadas.