Se constituye en Roma la Red NEIWA, Red Europea de Autoridades de Integridad y de Protección de las Personas denunciantes de corrupción

El buzón de denuncias contra la corrupción de la Agencia Valenciana Antifraude, referencia ante 33 autoridades europeas

Esta Red comenzó a funcionar en el año 2018 de manera informal como una plataforma de cooperación y de intercambio de conocimiento y experiencias


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La Red Europea de Autoridades de Integridad y de Protección de las Personas denunciantes de corrupción se ha constituido oficialmente este viernes en Roma como Red NEIWA. Esta Red comenzó a funcionar en el año 2018 de manera informal como una plataforma de cooperación y de intercambio de conocimiento y experiencias en el campo de la integridad y la protección a las personas denunciantes. La aprobación de la Directiva Europea 1937/2019 sirvió de base para la constitución de esta Red entre aquellas agencias y autoridades europeas que tenían asignadas estas competencias.


En la actualidad conforman la Red un total de 34 autoridades pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra la Agencia Valenciana Antifraude, así como autoridades de países candidatos a ingresar en la Unión Europea y de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), según un comunicado de la propia Agencia.


Reunión Llinares

Llinares, en el centro de la imagen.


En el trascurso de la 8ª Asamblea General de NEIWA que se está celebrando los días 23 y 24 de marzo en Roma, la Red ha aprobado su constitución formal así como la adopción de un reglamento y para dar estructura a la organización y regular el funcionamiento de la Red.

También se ha elegido como presidenta de NEIWA a Laura Valli, representante de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) y se ha acordado que la próximo reunión de la Asamblea General se celebrará en Valencia.


Dentro del orden del día de la Asamblea General, la Agencia Valenciana Antifraude ha sido invitada a realizar una presentación sobre cómo funciona su buzón de denuncias y cuál es su experiencia en la gestión de este canal que ha recibido más de 1.000 denuncias en los cinco años que lleva en funcionamiento.


El director de la Agencia, Joan Llinares, y el jefe de los sistemas de información de la Agencia, Javier Alamá, han sido los encargados de dar a conocer el buzón de denuncias ante el resto de autoridades europeas.


Tras la presentación el director de la Agencia ha declarado que “el hecho de que 33 autoridades europeas de lucha contra la corrupción y de protección de personas denunciantes hayan mostrado interés en conocer cómo funciona el buzón de denuncias de la AVAF refuerza el trabajo que estamos realizando”.


“El buzón de denuncias de la Agencia se está convirtiendo en un referente y así en el mes de noviembre también estuvimos presentado este buzón invitados por el grupo de expertos de la Comisión Europea. Este buzón es el que estamos ayudando a implantar en las instituciones públicas valenciana con las que ya hemos firmado convenios de colaboración. La Diputación de València, Diputación de Castellón, entidades como VAERSA o ISTEC, y con ayuntamientos como los de València, L’Eliana, Riba-roja, San Vicente del Raspeig, Dénia o la Yesa que ya han incorporado como su canal externo de denuncias el buzón de la Agencia”.


Cataluña

Por otro lado, el pasado 13 de marzo, la Oficina Antifraude de Cataluña publicó un comunicado en el que explicaba que la entidad dirigida por Miguel Ángel Gimeno se convierte en la primera Autoridad independiente de todo el país que asume plenas competencias para la protección de las personas alertadoras, derivadas de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo , de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que se concretó el pasado 20 de febrero con la transposición de la norma europea al ordenamiento español con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.


Estas nuevas competencias son una realidad después de que el Parlamento de Cataluña las haya aprobado el pasado viernes, 10 de marzo, en la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público. Se otorga esta responsabilidad a Antifraude, avanzándose a la entrada en vigor de la Ley estatal. Antifraude valora que el Parlamento de Cataluña haya aprobado esta norma y se haya avanzado a la entrada en vigor de la Ley estatal, convirtiéndose en el primer Parlamento de toda España en dar este paso.


La disposición aprobada por el Parlament también establece que la Oficina Antifraude de Cataluña tendrá potestad sancionadora y potestades de ejecución de las resoluciones sancionadoras en los casos de protección a las personas alertadoras de corrupción. Por otro lado, Antifraude celebra que el Govern haya tomado el compromiso de impulsar la elaboración de una ley en Cataluña en materia de protección de las personas que alerten sobre infracciones normativas.


Gimeno se ha mostrado satisfecho por la apuesta decidida que han hecho los grupos parlamentarios en la protección de las personas alertadoras y ha manifestado que con estas nuevas competencias se cumple la finalidad de la Oficina de proteger a las personas que deciden denunciar y preservar el interés público ante actuaciones corruptas. El director ha añadido que con este reconocimiento legal Antifraude tiene herramientas para poder llevar a cabo lo que los ciudadanos esperan de la institución y que hasta ahora no podía hacer, puesto que no disponía de las competencias.


La Red NEIWA la constituyen actualmente los siguientes miembros:


Belgium         

Federal Ombudsman

Flemish Ombudsman

German speaking community Ombudsman

Ombudsman of the Brussels-Capital Region

Bulgaria         

Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets Forfeiture

Croatia           

Ombudswoman

Czech Republic 

Ministry of Justice, Conflict of Interests and Anti-Corruption Department

Denmark        

Data Protection Authority

Estonia          

Ministry of Justice, Criminal Policy Department

Finland           

Ministry of Justice

France            

Défenseur des Droits

Germany     

Federal Office of Justice of Germany

Greece           

National Transparency Authority

Hungary         

Commissioner for Fundamental Rights

Iceland       

Prime Minister‘s Office

Ireland          

Garda Síochána Ombudsman Commission

GSOC Protected Disclosure Unit (PDU)

Italy                

National Anticorruption Authority (ANAC)

Latvia             

State Chancellery, Contact Point of Whistleblowers

Corruption Prevention and Combating Bureau

Lithuania       

General Prosecutor’s Office

Montenegro   

Agency for Prevention of Corruption

Netherlands 

The Dutch Whistleblower Authority

Portugal         

Prosecutor’s General Office 

Romania        

Ministry of Justice

Slovakia         

PrimeMinister’s Office (Corruption Prevention Department)        

Whistleblower Protection Office

Slovenia         

Commission for the Prevention of Corruption

Spain              

Ministry of Justice

Valencian Anti-Fraud Agency (AVAF)

Anti-Fraud Office of Catalonia (OAC)

Prevention and Fight against Corruption Office of the Balearic Islands

Andalusian Office against Fraud and Corruption

Sweden          

Swedish Work Environment Authority