Este martes, 26 de noviembre, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado algo muy importante para personas que lo están pasando muy mal en sus puestos de trabajo, ya sea en empresas privadas u organismos públicos. El miedo a denunciar y sufrir represalias genera malestar, inseguridad, ansiedad incluso pánico a tus compañeros o jefes. 

Pero tener que mirar para otro lado de manera intencionada cuando ves irregularidades, trampas, comisión de delitos y conductas no apropiadas sin poder alzar la voz y sin que te llamen chivato tiene los días contados. Seguro que esta norma llega tarde para Ana Garrido, una de las denunciantes del caso Gürtel, que sufrió acoso laboral en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), y que recibió el Premio Anticorrupción 2018 que otorga Transparencia Internacional.

Concretamente, el DOUE ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que aprobó el Consejo Europeo por unanimidad el pasado 7 de octubre. La Directiva entrará en vigor el 17 de diciembre de 2019, fecha a partir de la cual España tiene dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico, finalizando el plazo, por tanto, el 17 de diciembre de 2021.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha explicado en un comunicado algunos detalles sobre la norma y el contexto en el que se aplica. De esta manera, en todo el territorio español, la ley protegerá a los denunciantes y les otorgará asesoramiento jurídico, invirtiendo la carga de la prueba frente a despidos, degradación y otras formas de represalia, lo que garantizará la efectividad de sus derechos asegurando su total indemnidad. También protegerá a los denunciantes en procedimientos judiciales, de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente. Además, incluirá la imposición de multas a los represaliadores y la exigencia a los Estados miembros de que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia y el tipo de protección a la que pueden acogerse, debiendo designar una autoridad pública responsable en este ámbito.

Igualmente, la nueva normativa europea establece un sistema de cauces de denuncia, internos y externos, tanto en el sector público como en el privado. El denunciante podrá dirigirse a autoridades externas a la organización si dentro de esta no se toman las medidas oportunas, o existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando presuma que la denuncia a sus superiores no producirá efecto porque estos son los autores de los hechos denunciados o se encuentran en connivencia con ellos.

Numerosos países de la Unión Europea cuentan ya dentro de su ordenamiento jurídico con una ley específica o un sistema y herramientas de protección a los denunciantes. Así, entre otros, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Grecia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia o Rumanía.

Italia y Francia crearon sus propias autoridades nacionales contra la corrupción y de protección de denunciantes, respectivamente, mediante leyes de 2012 y de 2016. Se trata de instituciones que actúan con plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, a las que se atribuye personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, al frente de las cuales se encuentra un presidente que es elegido por el órgano de poder legislativo.

La Comunitat Valenciana se adelanta

La Comunitat Valenciana se adelantó a la Directiva Europea y al propio Estado español, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, dictada en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de 2003; convención internacional que, pese a haber sido ratificada por el Estado español y formar parte de nuestro ordenamiento jurídico desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado en 2006, ha venido siendo inaplicada.

La Agencia Valenciana Antifraude es la institución responsable en la Comunitat Valenciana de la protección y asistencia a las personas que denuncian corrupción, dotada de potestad sancionadora para la imposición de multas, que oscilan entre los 200 y 400.000 euros, a quienes perturben la vida laboral o personal de los denunciantes, o dificulten las tareas de la Agencia. No obstante, sus informes no son vinculantes. El director de la Agencia es Joan Llinares, cuyo cargo tiene rango de director general de la Generalitat Valenciana y está retribuido con un sueldo público de unos 58.800 euros brutos en 2019. En enero de 2018, este digital publicó una entrevista.

Desde el inicio de su actividad en el segundo semestre de 2017, la Agencia ha protegido a diecinueve denunciantes; la mayoría de ellos funcionarios públicos, cuyas denuncias han dado lugar a la apertura de procedimientos judiciales penales que están en trámite.

Además, la Agencia realiza funciones de investigación de denuncias, así como de prevención, formación y sensibilización en integridad y ética pública, en materia de contratación pública y concesiones, acceso y provisión del empleo público, subvenciones, urbanismo o patrimonio público, derivadas de la actuación de las administraciones públicas de nuestro territorio (autonómica y local), y su sector público, contratistas, concesionarios, perceptores de subvenciones y de cualquier entidad, incluso privada, que perciba fondos públicos o esté sujeta al poder de decisión de las administraciones públicas.

La Comunitat Valenciana, dotada de una legislación incluso más avanzada que la propia Directiva, es la única en en toda España que otorga el estatuto de protección a personas, físicas o jurídicas, que denuncian hechos o conductas, presumiblemente fraudulentos o corruptos, que pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidades legales, ya se presente la denuncia ante la propia Agencia o cualquier otro órgano administrativo, ya ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. Se asimilan a estos efectos, a las personas denunciantes, todas aquellas que alertan o revelan informaciones de este tipo, así como los testigos y peritos, y los familiares y personas del entorno de aquéllos si sufren riesgo de represalia o amenaza como consecuencia de la información proporcionada.

Buzón de denuncias seguro y confidencial

Desde mayo de 2018, la Agencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un buzón de denuncias seguro y confidencial, que admite las denuncias anónimas, con objeto de que quienes tengan conocimiento de este tipo de hechos o conductas, lo comuniquen a fin de proceder a su análisis e investigación. Dicho buzón opera además como portal virtual del funcionario público. Puede accederse al buzón a través del portal web de la propia Agencia www.antifraucv.es. No obstante, también pueden formularse denuncias por correo electrónico, por correo ordinario o de forma presencial en las oficinas de la Agencia en la calle Navellos, núm. 14, pta. 3, de València, CP 46003.

Por último, cabe destacar que la puesta en marcha de la Directiva traerá como consecuencia importantes reformas en nuestro ordenamiento jurídico: No sólo requerirá la aprobación de una ley específica de lucha contra la corrupción y su armonización con las legislaciones autonómicas, con objeto de coordinar y cooperar con las estructuras que se encuentran en funcionamiento, sino además la revisión de la Ley Orgánica de protección de testigos y peritos en causas criminales, el Código Penal, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y numerosas normas reguladoras del sector privado y de determinados ámbitos del sector público (normativa sobre competencia, consumo, salud pública, seguridad alimentaria, seguridad del transporte, blanqueo de capitales, terrorismo, datos personales, etc.).

Día Internacional contra la Corrupción

Apunta un ‘día’ conmemorativo más en tu agenda porque el 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción bajo el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”. Por este motivo, ese día, la Agencia Valenciana Antifraude organiza una Jornada sobre la recién publicada Directiva Europea.

La Jornada, en sesión de tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), sita en la Plaza Virgen de la Paz, núm. 3 de Valencia, sobre la base de una presentación acerca del significado del 9 de diciembre, como Día Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, de dos conferencias y de un debate final.

El objetivo de esta sesión, que se extenderá de 15:30 a 20:00 horas, es dar a conocer las principales novedades del nuevo marco europeo en materia de protección a personas que denuncian o alertan de hechos o conductas susceptibles de ser considerados de fraude, corrupción o contrarias al interés público, y analizar el papel de las recientes Agencias Antifraude en esta materia y en el establecimiento de canales seguros de recepción de denuncias.

La Jornada está dirigida al personal al servicio de todas las administraciones públicas y de su sector público vinculado, así como sus autoridades o representantes, cargos electos y cargos no electos. También se dirige al público en general que pueda estar interesado en su contenido.

La inscripción a esta Jornada se realizará mediante solicitud dirigida al correo electrónico gabinete@antifraucv.es. con los datos personales (nombre y apellidos), dirección de correo electrónico de contacto, y en su caso, entidad y puesto o cargo donde se prestan servicios. Dicha inscripción dará derecho a la asistencia hasta cubrir el aforo y a la expedición de un certificado de asistencia a quienes lo soliciten.

Imagen: Pixabay.