La tragedia que ha supuesto la DANA para la provincia de Valencia también va a dejar un cisma tanto en la política valenciana como en la nacional. Casi dos semanas después del temporal, los primeros rifirrafes y búsqueda de responsabilidades entre políticos ya se ha dejado ver. Como presidente de la Generalitat Valenciana, la mayor parte de ‘presión’ ha recaído sobre Carlos Mazón. Pero también apunta a parte de su equipo. En este sentido, algunos medios, tan dispares como Las Provincias y El País han pedido la dimisión de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y otros altos cargos de escalones inferiores.

Pradas, ha sido señalada en las últimas horas por un supuesto desconocimiento del mecanismo ES-Alert, que activa la alerta de Protección Civil, y que le recomendó un técnico, según declaró en una entrevista a À Punt, la radiotelevisión autonómica. Recordemos que de ella dependen las competencias de Emergencias, ¿podría salir del Consell a medio plazo? El Ejecutivo de Mazón ya ha dicho que no hará relevos en el corto plazo. También se ha conocido que ni pidió ninguna petición al Gobierno central tras telefonearse con la delegada del mismo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Esta lleva en el cargo desde 2022 y su último salario ha sido de 100.470 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Tiene rango de subsecretario.

Mazón y Pradas (X).

Para Pradas es su primer mandato como consellera, pero no su primera experiencia en política. Al frente de la Generalitat empezó como delegada en Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio en junio de 2023, pero el pasado mes de julio asumió la cartera de Justicia e Interior tras la salida voluntaria del Gobierno de los consellers y del vicepresidente de Vox. Son unos cuatro meses al frente. Cuenta con una retribución de 68.636 euros (entre sueldo público y complementos), según el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana. El único obsequio que ha recibido es un libro llamado “Policía Española” en el mes de julio y no ha entregado ninguno. Solo ha hecho un viaje, del 24 al 25 de julio a la visita solar de ampliación del Palacio de Justicia de Torrevieja y asistencia institucional al 70º Certamen Coral de Habaneras.

Con su papel de cargo público le corresponde la presidencia de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia, entre otras entidades y organismos de los que forma parte. 

Diez años en política

Salomé Pradas Ten nació en Castellón de la Plana en 1978. Es licenciada en Derecho, cuenta con un máster en Gestión y Administración de la empresa comercial, así como otros cursos de doctorado en Derecho privado. Es abogada colegiada, pero actualmente no ejerce. También ha sido profesora asociada del departamento de Derecho Privado en la Universidad Jaume de Castellón. 

Lleva unos diez años cobrando sueldos públicos en política. Empezó como directora general de Medio Natural de la Generalitat Valenciana de 2014 a 2015, un cargo de libre designación bajo la presidencia de Alberto Fabra. Después, fue concejala del Ayuntamiento de Castellón de 2015 a 2019, al mismo tiempo que era senadora hasta julio de 2023. Fue también diputada autonómica en las Cortes Valencianas de mayo a julio de 2023, así como concejala del consistorio anteriormente mencionado. 

Su posesión de bienes es bastante amplia, según su última declaración presentada en septiembre de 2023. Cuenta con hasta cuatro viviendas en Castellón de 85.383, 135.504, 56.149 y 108.037 euros, respectivamente. En estas dos últimas tiene un 16% de titularidad. Registra nueve “inmuebles rústicos” en la misma provincia, dos garajes y dos de “otros inmuebles urbanos”. Por vehículos, un Toyota Avensis y un Volkswagen Golf.

Dispone de tres cuentas bancarias con saldos de 42.983 y 58.758 euros, así como otra en Caixabank con 180 euros. Un total de 101.922 euros. También tiene dos préstamos con garantía hipotecaria que ascienden a un total de 110.579 euros. Tiene un fondo de inversión de 3.615 euros y tres seguros de vida que suman 288.234 euros. Por último, un plan de pensiones “mutualidad abogacía” de 15.256 euros. En su renta de 2022, obtuvo un rendimiento del trabajo de 79.603 euros. 

Otros nombres en el punto de mira

Quien también está señalada en el Consell valenciano es Nuria Montes, a quien la ciudadanía acusó de frialdad para dirigirse a las familias de las víctimas y por lo que tuvo que pedir perdón. Es consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo desde julio de 2023 y percibe un sueldo de 68.297 euros. Es licenciada en Derecho y especialista en Dirección y Gestión de RRHH. No se ha dedicado antes a la política y en su trayectoria profesional ha sido secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) y directora del área de Producto de la Agencia Valenciana del Turisme. 

En estos últimos días, se han dado rifirrafes entre distintas instituciones públicas, como cuando Mazón señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Se conoció que depende del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. Pero este organismo también cuenta con un presidente que ha pasado desapercibido, a pesar de que el sindicato Manos Limpias lo ha denunciado por su gestión en la DANA. Él es Miguel Polo y está en el puesto desde 2021. No se da a conocer su sueldo en la página web del propio organismo ni en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado ya que tienen rango de subdirector general. No obstante, el medio ‘Moncloa.com’ apunta a que podría estar sobre los 50.000 euros aunque este digital ha informado de que estos cargos pueden percibir hasta 70.000 euros incluidos los complementos. Los gastos de personal ascendieron a 14 millones de euros en el ejercicio de 2023. La entidad tiene unos 212 empleados en su plantilla. 

Polo ingresó por oposición en el Cuerpo de ingenieros Técnicos de Obras Públicas en 2004 y dos años después en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, con destino en la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde, tras ocuparse de diferentes materias en la Comisaría de Aguas, fue nombrado Comisario de Aguas en 2018. En 2012, enl Gobierno de Rajoy degradó el puesto de presidente de las Confederaciones de director general a subdirector. Dejaron de ser considerados con altos cargos.