El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, compareció la semana pasada a petición propia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de Actividades del Consejo correspondiente al ejercicio 2022, que había quedado pendiente por la disolución anticipada de las Cortes Generales. El presidente cobró 124.996 euros brutos el año pasado, incluidos nueve trienios de antigüedad y tiene un sueldo público asignado de 119.639 euros en 2024.

Fue un año importante, explicó, en la evolución del Consejo hacia su consolidación como autoridad administrativa independiente garante de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el que se abordaron varios retos de transformación y modernización de la institución. Destacó la intensa actividad desarrollada por una plantilla modesta con un alto nivel de desempeño, refiriéndose en su intervención, sobre todo, a las dos funciones principales del Consejo: la tutela del derecho de acceso a la información pública y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que la ley impone a los sujetos obligados, en su mayoría administraciones públicas, según explica el Consejo en un comunicado consultado por este digital.

Comparecencia del presidente del CTBG (Congreso de los Diputados).

En relación con la tramitación y resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información, el CTBG resolvió en 2022 un total de 1.652 reclamaciones, 997 de ellas en el ámbito estatal y 655 en el ámbito autonómico y local de aquellas CC.AA. que han atribuido al Consejo la potestad de resolver estos expedientes en su ámbito territorial. Rodríguez destacó dos cuestiones que “reflejan otras tantas disfuncionalidades en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública”.

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Por un lado, el elevado número de casos en que los sujetos obligados no contestan en plazo a las solicitudes de información pública que, por tanto, resultan desestimadas por silencio administrativo. Aproximadamente un tercio de las reclamaciones en el ámbito estatal y hasta tres tercios en el ámbito de las administraciones autonómicas y locales que tramita el Consejo se presentan por este motivo. Aunque en el ámbito estatal, en algo más de la mitad de estos casos se acaba concediendo la información durante la tramitación de la reclamación -tras la intervención del Consejo-, “no deja de ser una práctica administrativa muy criticable por distintas razones: porque se obliga al solicitante a reclamar para ver efectivamente reconocido su derecho, porque se consumen innecesariamente recursos públicos y porque, en muchos casos, el retraso en proporcionar la información genera una pérdida de valor de la misma”. 

Por otra parte, destacó la excesiva frecuencia con la que se invocan las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de la Ley de transparencia, muchas veces de forma injustificada, “como recurso fácil para evitar la mayor complejidad argumentativa que requiere la aplicación de los límites de los artículos 14 y 15 de la ley, que exigen una ponderación razonada del daño y del interés público o privado en el acceso y una justificación suficiente y clara de la proporcionalidad de la denegación”.

El presidente del CTBG también llamó la atención sobre el hecho de que, aunque se ha reducido el porcentaje de resoluciones del Consejo que no se cumplen (un 7% en el ámbito estatal según los últimos datos consolidados frente al 11,25% de las resoluciones que se incumplían en 2020), esta práctica sigue siendo inaceptable “porque no hay razones que justifiquen que determinados órganos de la administración dejen sin ejecutar resoluciones administrativas firmes que les vinculan jurídicamente”. A su juicio este hecho constituye “la mayor anomalía del funcionamiento del sistema español de acceso a la información pública”, para el que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIGB) no prevé remedio alguno, carencia que debe ser abordada en la futura reforma de la norma.

Respecto a la labor de evaluación de las obligaciones de publicidad activa, que el Consejo realiza utilizando MESTA, metodología propia del Consejo, destacó que esta contribuye a mejorar el nivel de transparencia de las distintas instituciones y entidades. Existe un grado óptimo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los órganos constitucionales, reguladores, supervisores y autoridades administrativas independientes. El Portal de Transparencia de la AGE, aunque ha mejorado significativamente, todavía presenta carencias; y entre las entidades que integran el sector público institucional hay grandes diferencias que oscilan entre el 6% y el 100% de cumplimiento. Por último, en las entidades privadas obligadas por la ley se observa un alto grado de desconocimiento de sus obligaciones de publicidad activa, por lo que en 2024 y 2025 las actuaciones del Consejo se centrarán en estos dos últimos grupos.

Además, Rodríguez Álvarez trató otros asuntos relacionados directamente con la situación actual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: destacó por una parte el reciente incremento en la plantilla, formada hoy por 32 personas, aunque todavía lejos de lo que sería necesario para abordar la carga de trabajo del Consejo. También hizo hincapié en los cambios introducidos en el funcionamiento del Consejo, como la plena digitalización de sus trámites. No obstante, recordó, hay cuestiones pendientes, como la modificación de su estructura orgánica para adaptarla a la propia de una autoridad administrativa independiente, para lo que será necesaria la aprobación de un nuevo Estatuto del Consejo, que confía pueda producirse en los próximos meses.

También se refirió a la ya mencionada futura reforma de la LTAIGB, que deberá realizarse en esta legislatura, y que debe incluir a su juicio la atribución expresa de, al menos tres potestades para que el Consejo pueda cumplir eficazmente con sus funciones: la de requerir el expediente íntegro de las solicitudes reclamadas; la de examinar (con todas las garantías de reserva que sean precisas) el contenido de la información reclamada cuando existan indicios de que se invoca injustificadamente un límite o una causa de inadmisión, y por último, potestades coercitivas para obligar al cumplimiento de las resoluciones del Consejo. En su opinión, la posibilidad de imponer multas coercitivas sería la solución más eficaz, sin perjuicio de establecer un régimen sancionador para los casos más graves.

Por último, el compareciente valoró los diez años de vigencia de la ley de transparencia en España: “los avances conseguidos son muy relevantes pero queda mucho por hacer; nos encontramos en una fase intermedia de la construcción de nuestro sistema público de transparencia”. Destacó que será clave la reforma de la ley, pero también “unas políticas públicas más enérgicas para fomentar una cultura de la transparencia en las administraciones públicas y dotar de los medios suficientes tanto a los órganos garantes de transparencia (el estatal y los autonómicos) como a las propias administraciones y demás sujetos obligados para poder cumplir la ley”. “Esta legislatura es decisiva para consolidar nuestro sistema de transparencia y situar a España en el lugar que le corresponde como democracia avanzada”, concluyó.

José Luis Aceves, nuevo vocal en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

El orden del día de la Comisión también incluía la propuesta y votación del vocal en representación del Congreso en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, órgano colegiado formado por un presidente (el del CTBG) y siete vocales. La Comisión de Hacienda y Función Pública designó al diputado José Luis Aceves Galindo.

En 2017, Sueldos Públicos se hizo eco de esta tabla. Además del presidente, Transparencia tiene en nómina a:

*Hemos omitido los decimales.