López Senovilla, nueva secretaria de Estado de Comercio tras haber cobrado unos 700.000 euros brutos como subsecretaria durante seis años
Ocupará el puesto que deja Xiana Méndez tras ser nombrada directora ejecutiva del FMI
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho fácil la nueva remodelación de su departamento. Ha sido una situación algo obligada por la salida de la hasta ahora secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, para ocupar la plaza española de directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. En los últimos años, el organismo no ha publicado sus sueldos en el Informe Anual, aunque este puesto estaba remunerado en unos 180.000 euros anuales exentos de tributación en 2017. En 2023, el presupuesto para gastos de personal era de 1.158 millones de dólares.
Ante este movimiento, el Ejecutivo central ha decidido ascender a Amparo López Senovilla y Aida González, que ya pertenecían al organigrama, para ocupar estos sillones. Es decir, no habrá un nuevo alto cargo con un sueldo público, sino que se ‘reutilizará’, y no es la primera vez que pasa. Eso sí, las dos protagonistas verán mejorada su retribución, pues también suben en el escalón de rangos de los altos cargos.
López Senovilla será la sustituta de Méndez y asciende desde la Subsecretaría de Economía, Comercio y Empresa. Cabe destacar que esta área fue creada en noviembre de 2023 y en la anterior legislatura era denominada de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Aquí, Senovilla cobró 128.159 euros con cinco trienios en 2023. Es una cantidad muy lejana a los 73.999 euros que debería haber percibido según lo que se regula en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero el complemento de productividad y, en su caso, los trienios por su condición de funcionaria, son los factores que aportan un ‘plus’. Su retribución total fue de 126.692 euros en 2022 y de 122.337 euros en 2021. En ambos ejercicios, incluidos cinco trienios, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
Lleva en el cargo desde junio de 2018, año en el que, por unos siete meses, hasta diciembre, percibió 58.478 euros con cuatro trienios. Después, fueron 112.904 euros con cuatro trienios en 2019 y 117.054 incluidos cuatro trienios en 2020. En esa etapa, era la Subsecretaría de Economía y Empresa. Han sido casi seis años en el cargo en los que ha ingresado 665.624 euros, sin contar los primeros cuatro meses y medio de 2024. Este dato se dará a conocer durante el primer trimestre de 2025. Con todo, y siendo una aproximación, Senovilla cesa tras percibir unos ingresos brutos de 700.000 euros en su etapa de subsecretaria.
Esta es la ‘herencia’ que tendrá Aida González, que, a su vez, deja la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde cobró 107.557 euros con cuatro trienios en 2023. Es licenciada en Periodismo y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Anteriormente ha ocupado diversos puestos en gabinetes ministeriales.
Una mejora ‘leve’
López Senovilla mejorará ligeramente su retribución al acceder a la Secretaría de Estado. En esta plaza debería cobrar unos 83.501 euros, según los PGE, pero ya sabemos que nunca se queda en esta cifra.
Méndez se despide con una remuneración de 129.961 euros, con cinco trienios, que percibió en 2023. Antes, cobró 126.021 euros en 2022 y 121.184 euros en 2021, ambos con cinco trienios incluidos. En 2020, la cifra era de 123.412 euros y en 2019, 121.392 euros, con cuatro trienios ambas cantidades. De junio a diciembre de 2018, cuando fue nombrada, se le retribuyeron 58.478 con tres trienios. Ha acumulado 680.448 euros en unos seis años en el cargo. Como en el caso de Senovilla, a esta cantidad habría que sumarle los cuatro meses y medio del presente ejercicio.
La situación entre sucesora y antecesora es muy parecida, pues ambas han permanecido en el cargo en las dos legislaturas de presidencia de Pedro Sánchez. Sus sueldos son muy parecidos, aunque Méndez no ha bajado de los 120.000 euros al año.
Funcionaria y seis años en política
Amparo López Senovilla es abogada del Estado y cuenta con un máster en Derecho Comunitario. Ha ejercido como abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre noviembre de 2005 y enero de 2010. Asimismo, ha sido abogada del Estado-Jefe Adjunta, Coordinadora de Asuntos Concursales en el Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, posteriormente, abogada del Estado Jefe del Área Concursal en la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, desde septiembre de 2013 a junio de 2018.
Asimismo, ha sido abogada del Estado coordinadora de los convenios de asistencia jurídica con el Consorcio Ciberesp, con Portel Servicios Telemáticos S.A., con el Instituto de Crédito Oficial, y con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA).
Por otra parte, ha sido asesora jurídica del Ministerio de Justicia para el Grupo de trabajo para la reforma del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia en 2012 y 2013, así como en el de para la Propuesta de Directiva sobre Reestructuraciones y Segunda Oportunidad, desde enero de 2017 a junio de 2018. También ha ejercido como responsable de la Delegación española del Grupo V de UNCITRAL (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional), sobre Régimen de la Insolvencia, desde abril de 2014 a junio de 2018.
Lleva unos seis años cobrando sueldos públicos en política desde su llegada al Ministerio de Economía y Empresa en junio de 2018. Su biografía publicada por el Consejo de Ministros recalca su trabajo en la tramitación de leyes como la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, la Ley de Start -ups y la reforma de la Ley Concursal. Ha participado en la transposición de la Ley de Información no financiera, que es el precedente de la actual Directiva de sostenibilidad. También ha participado de forma directa en el diseño y ejecución de las inversiones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio durante esa etapa.
En este sentido, ha sido también miembro del Consejo de Administración de SEPI, vocal de la Comisión Rectora del FROB y vocal del Consorcio de la Ciudad de Toledo desde junio de 2018 a la fecha. Es además socia de honor de la Asociación de Mujeres Profesionales de la Insolvencia (AEMPI).