La pandemia de Covid-19 que vivimos como sociedad hace unos años fue un reflejo de las peores entrañas de la actuación de la clase política. A día de hoy, la reciente creación de la Comisión de Investigación de las mascarillas en el Congreso de los Diputados y por la que desfilarán muchos políticos es la evidencia. Sin embargo, parece que para el Gobierno no es suficiente y ha aprobado un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Arrancará dentro de tres meses y no conlleva sueldos públicos ‘extra’.

Este nuevo organismo trabajará en los factores de la integridad y la transparencia, que tanto se demanda en el mandato político. De esta forma, se elaborará una estrategia para la lucha contra la corrupción en el ámbito sanitario, impulsada y coordinada por el mismo ente. En otros ministerios ya existen otros observatorios con diferentes temáticas.

Mónica García (Pool Moncloa).

Lo llamativo de este nuevo invento es que no aumentará el gasto público ni la partida presupuestaria, pues “será atendido con los medios materiales y personales” que ya dispone el Ministerio de Sanidad. Es decir, con cargos que ya tienen otras competencias, también con un salario fijado, que pueden sumar más de 500.000 euros entre todos.

Estará presidido por la ministra Mónica García, quien actualmente cuenta con una retribución de 79.415 euros brutos anuales, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, prorrogados desde el 1 de enero. Además, desde su nombramiento el pasado 21 de noviembre de 2023, hasta el final de ese año, percibió 9.343 euros con siete trienios por su condición de funcionario. En todo caso, ella no tiene derecho a pagas extraordinarias ni al complemento de productividad, por ejemplo.

Entre los responsables de este observatorio también figuran el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Por su rango, el segundo escalón por debajo de los ministros, debería cobrar unos 83.500 euros, tal y como se regula en los PGE con sueldos, complementos y pagas ‘extra’. No obstante, su predecesora ingresó 123.525 euros con cuatro trienios por 11 meses en 2023. Además, él mismo cobró 10.727 euros por unos 33 días tras su designación.

Ana María Sánchez Hernández como subsecretaría de Sanidad también formará parte del organigrama de este ente. Le correspondería un salario de 73.999 euros. Sin embargo, de finales de noviembre a diciembre ya llegó a percibir 10.095 euros con ocho trienios. Cabe recordar que, tanto para Padilla como para ella, el complemento de productividad que les designa la propia García lleva a incrementar las remuneraciones.

Directores generales y subdirecciones

El Ministerio de Sanidad tiene bajo su tutela a otros organismos y ahora sus altos cargos tendrán presencia en el Observatorio. En este caso, todos ellos son directores generales y su retribución debería moverse entre los 63.465 euros, según los PGE de 2023, aunque esta cantidad se queda corta con lo que realmente ingresan.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, lleva en el cargo desde julio de 2018. Su retribución ascendió a 97.102 euros, incluidos nueve trienios, en 2023, tal y como está recogido en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Por su parte, César Hernández en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia cobró 96.628 euros con diez trienios en 2023. Se le nombró el 30 de agosto de 2022, año en el que ingresó 31.428 euros con diez trienios también. Lleva acumulados 128.056 euros. Ambos han sobrevivido al cambio de legislatura.

También aparece el nombre de la nueva directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz, nombrada hace unos 20 días, el pasado 9 de abril. Su predecesora era Belén Hernando, cuyos sueldos públicos no aparecen publicados en el Portal de Transparencia ni en la página web del propio organismo, porque tiene rango o nivel orgánico de subdirector general y por eso no aparecen sus datos en el Portal.

Juan Julián García formará parte del Observatorio al ser el titular de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud. No es alto cargo, sino funcionario, por lo que sus remuneraciones se rigen por este tipo de condición. Su puesto está bajo la tutela de la Dirección General de Ordenación Profesional, llevada por Celia Gómez González desde hace poco más de un mes. Su predecesor, Vicenç Martínez, cobró 90.033 euros en 2023.

Colaboración

Según el comunicado del Ministerio, el objetivo es desarrollar un intenso calendario de colaboración con todos aquellos órganos y organismos que tengan atribuido dentro de nuestro ordenamiento funciones de vigilancia y seguimiento de la contratación pública, así como entidades u organizaciones independientes que trabajen en el ámbito de la transparencia, en nuestro país o en el ámbito internacional. 

Así, el Departamento de García menciona a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon); el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude SNCA (dependiente de la IGAE); la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuando se constituya. (AIPI); la Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude; y las autoridades independientes en el ámbito autonómico y local, tales como la Oficina Antifraude de Cataluña.

También se establecerán contactos en el ámbito europeo e internacional, tales como la propia Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), NEIWA (Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades y la Red europea de fraude y corrupción en la atención sanitaria (EHFCN).