Consuelo Castro es la abogada General del Estado-directora general del Servicio Jurídico desde el 29 de junio de 2018. El cargo tiene nivel orgánico de subsecretaría dentro del organigrama del Ministerio de Justicia por lo que su sueldo público puede superar los 100.000 euros brutos anuales gracias al complemento de productividad.

En medio de las negociaciones para formar gobierno en las que se encuentra inmerso el PSOE para obtener los votos de ERC, la Abogacía General del Estado defendió el pasado lunes ante el Tribunal Supremo la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, como eurodiputado para que pueda ejercer su cargo en la cámara europea, aunque continúe en prisión. 

En este informe se aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falló que el líder de ERC es inmune desde su elección como eurodiputado. Con motivo de la instrumentalización de la Abogacía del Estado, a raíz del informe sobre la inmunidad de Junqueras que fue filtrado a ERC y a la prensa, Estrella Pardo y María del Carmen Tejeda presentaron su dimisión como abogadas del Estado.

Castro, durante su toma de posesión. El Economista. EFE).

Según el Portal de la Transparencia del Gobierno, Castro cobró, desde su nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2018, 55.028 euros brutos (seis meses y dos días de trabajo). Su antecesor en el cargo, Eugenio López Álvarez percibió unos 55.137 euros desde el 1 de enero hasta su sustitución por Castro. El que fuera preparador de oposiciones en los años 90 de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recibió en 104.402 en 2017.

Funciones

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el órgano encargado de los servicios de asistencia jurídica al Estado y a instituciones públicas. Entre sus funciones está el asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos ante el Tribunal Constitucional, los tribunales de todo orden jurisdiccional y en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales.

El ente también presta asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea y la defensa y representación del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de Europa y el Tribunal de Derechos Humanos.

Este organismo se dedica también a la promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades relacionadas con el conocimiento y la difusión de materias y cuestiones jurídicas tanto del ámbito nacional como internacional, así como actividades de formación para el Servicio Jurídico del Estado. Por último, entre sus funciones también se encuentra la gestión económico-financiera y presupuestaria de dicho servicio.

La profesión de Abogado del Estado es una de las que más dinero percibe de la Administración Pública. El salario anual oscila entre los 50.000 y 60.000 euros anuales, según el portal especializado Cursos.com. Además, muchos de estos trabajadores suelen pasarse a la administración privada donde su retribución se puede multiplicar por diez, por eso existe un número importante de estos funcionarios que se encuentra en excedencia. Para entrar a formar parte del Cuerpo de Abogados del Estado, que está adscrito al Ministerio de Justicia, se necesita aprobar una oposición. La permanencia en estos puestos es de cinco años, pero puede prorrogarse dos más con motivo de una buena gestión del cargo o para poder finalizar proyectos que se estén llevando a cabo. 

Funcionaria desde 1989

Castro es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1989. Además, entre 1990 y 1992 fue abogada del Estado en el Ministerio de Sanidad y Consumo; desde 1992 hasta 1998 fue abogada del Estado en A Coruña; también fue abogada-jefe del Servicio Jurídico Regional de AEAT en Galicia entre 1998 y 2004. También ha desempañado la función de vocal en el Jurado Provincial de Expropiación de A Coruña, en la Comisión de Garantías de Videovigilancia de las CCAA de Galicia, y en el Consejo de Administración y asesoría jurídica de las Autoridades Portuarias de A Coruña y de Vilagarcía. Castro también fue secretaria de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (T.E.A.R.) de Galicia.

En la actualidad, es representante de España en el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y migración del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa como vicepresidenta. Además, ha impartido cursos, seminarios y ponencias en diferentes entidades públicas y cursos de formación para funcionarios de la Administración Central, Autonómica y Local. Es miembro del Consejo Asesor de “Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad de la Universidad de Vigo” y académica de número de la Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Castro ha recibido la Cruz distinguida primera y segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.