Cómo hacer frente a una posible multa de hasta 150.000 euros con un sueldo de diputado autonómico y las dietas como concejal
Su sueldo público procede de las Cortes Valencianas, pero también percibe ingresos de un ayuntamiento
Una polémica más para Jesús Albiol, de Vox, aunque esta última le puede salir bastante cara. La decisión del actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) de retirar una placa de homenaje a represaliados por el franquismo en la Guerra Civil podría acarrear una multa de hasta 150.000 euros por una infracción muy grave.
Este tipo de procedimientos sancionadores se llevan a cabo por la Ley de Memoria Democrática vigente, que tiene, entre otros objetivos, el reparar y reconocer a todas aquellas personas que fueron víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, llevada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres. De hecho, ha sido un diputado del PSOE quien ha recurrido a él para que se sancione este acto.
El área municipal de Cultura lleva en manos de Albiol desde el pasado mes de junio, tras un pacto entre el Partido Popular y Vox, una situación repetida en muchos territorios de nuestro país. El edil del partido de Santiago Abascal solo cobra dietas por asistencia a los órganos de Gobierno de esta administración local. Cabe destacar que solo tres concejales y el alcalde tienen una dedicación exclusiva o parcial en esta localidad de unos 35.000 habitantes. Es como suelen fijarse los sueldos de un concejal en España.
Así, el ayuntamiento acordó una cuantía de 422 euros por asistencia al Pleno, uno al mes, así como 248 euros a la Junta de Gobierno Local y por presidente de Comisión Informativa, y de 97 euros por estar cada Comisión Informativa. Estas tres últimas, una vez a la semana. Como ejemplo, Albiol percibió unos 16.000 euros brutos de enero a octubre en 2021, según está publicado en la sección de Transparencia del consistorio, aunque en ese momento no formaba parte del equipo de Gobierno.
Sueldo e indemnización
Su tarea de concejal la compatibiliza con su acta de diputado por Vox en les Cortes Valencianas, que es de donde proviene su sueldo público. Las últimas cantidades de retribuciones para estos cargos publicadas en la institución pertenecen al año 2022.
Por la asignación reglamentaria, percibe 35.158 euros anuales. Además, Albiol es presidente de la Comisión de Educación y Cultura, así como secretario de la de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías. Tiene derecho a percibir un complemento por ello e ingresa el de mayor cantidad valorado en 8.705 euros al año. Además, percibe otro ‘plus’ de 5.445 euros por dedicación exclusiva. En todas estas cantidades está incluida la paga extraordinaria. En suma, 49.308 euros anuales de la cámara autonómica.
Por otra parte, ingresa una indemnización por ejercicio de la función en la que se valora el kilometraje a las Cortes. Al ser diputado por Castellón, hay unos 70 kilómetros, cobra 7.511 euros al año según las medidas establecidas.
Cinco años en política
Jesús Albiol Talaya es técnico superior de Instalaciones Electrotécnicas, de lo que ha ejercido profesionalmente, además durante cuatro años como autónomo. Lleva unos cinco años cobrando sueldos públicos en política. Empezó en 2019 como concejal en el Ayuntamiento de Burriana. Dentro de Vox, actualmente es secretario provincial por Castellón.
Según su última declaración de bienes y rentas con fecha de junio de 2023, no presenta ningún valor por bienes inmuebles, pero sí 1.000 euros en concepto de otros bienes. Tampoco tiene ninguna deuda. Además, sus actividades le generaron una cantidad de 35.000 euros.
Otras polémicas
La retirada de la placa en honor de 3.668 víctimas de la represión franquista encarceladas en el convento de la Merced, habilitado como prisión entre 1939 y 1942, ha sido justificado por el edil al existir errores históricos y datos falsos, aunque ha anunciado que se cambiará de ubicación y con datos reales.
No es la primera polémica en la que se ve envuelta Albiol, a pesar de su corta trayectoria política. Hace menos de un año, fue el encargado de retirar unos libros de temática LGTBI de la biblioteca del municipio, una acción que Compromís calificó de “censura”. Además, en 2023, también fue denunciado por la compañía de seguridad en la que trabajaba por destrucción de material de la empresa.