Parece fácil convertir un pequeño territorio en una especie de enclave financiero en el que más de 1,6 millones de empresas de todo el mundo tengan su sede, desde Google hasta Apple, por ejemplo, demuestran la magnitud del tema. Eso es en lo que se ha convertido el estado estadounidense de Delaware (Dover) desde hace siglos. De hecho, reúne a más entidades que habitantes. Sin embargo, es difícil crecer de esta forma y mantener los conceptos de transparencia que se demandan, como hemos expuesto en este digital en otras ocasiones. Y todo no es perfecto. 

Es prácticamente imposible que los problemas no surjan cuando se acaparan dimensiones como estas en todos los sentidos. Y, actualmente, Elon Musk es un dolor de cabeza para este negocio. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, fue lo que escribió el empresario hace menos de un mes en su cuenta de X, plataforma de la que es dueño.

Elon Musk (Trevor Cokley-U.S. Air Force/U.S. Departamento de Defensa).

Precisamente por esta compra, de la que se quiso retirar, estuvo a punto de verse en un tribunal de Delaware. No obstante, el lío se ha vuelto a desatar ante la decisión de una jueza en el estado de anular el paquete salarial que Musk iba a recibir de 55.000 millones de dólares. Él ya ha predicado con el ejemplo y dos de sus compañías, Neuralink y SpaceX han dejado de tener sus sedes fiscales en este territorio. Incluso puede trasladar Tesla al estado de Texas. Convencer a otras a que lo hagan es una tarea más complicada, como ya ocurrió en años anteriores sin éxito alguno o el hecho de implantar una comunidad de estas características en otro territorio. 

Por ejemplo, fue en 1989 cuando Marty Lipton, el padrino de la ley moderna de fusiones y adquisiciones, argumentó que el Tribunal de Cancillería de Delaware se había vuelto demasiado cruel con sus clientes corporativos en las guerras de adquisiciones de esa década, como apunta Financial Times. Esta herramienta vuelve a estar en el foco, pero no parece un problema. 

La Corte, en el punto de mira

Otro de sus instrumentos llamativos y que han favorecido su expansión es su Tribunal o Corte de Cancillería, un sistema legal especializado que maneja casos relacionados con la ley corporativa y que, además, es único en Estados Unidos. Desde 1972 ha ganado reputación en el área de Derecho Corporativo, convirtiéndose en una fuente confiable en resolver conflictos corporativos. Se le considera “tribunal de equidad”, pero las sombras acechan sobre la institución.

Sin embargo, el último conflicto con Musk ha dejado entrever algunos de sus problemas sistémicos y que algunos empresarios ya han señalado. La plataforma Citizens for Judicial Fairness de Delaware, que aglutina varas empresas globales como la multinacional de localización de contenidos TransPerfect, con oficinas en Barcelona, Madrid y Alicante, Málaga o Palma, ha denunciado la insularidad y amiguismo dentro de la Corte, rasgos que deberían ser señal de alerta para las empresas. Las decisiones que se regulen por tales cuestiones nunca pueden ser justas. 

Además, también ha criticado un sistema donde las relaciones pueden ser más importantes que los méritos de un caso y sugiere que existe una ‘puerta giratoria’ entre el banco de la cancillería y los principales bufetes de abogados del estado. Esta expresión, en política, viene a reflejar que un alto cargo público pase a trabajar a la empresa privada, haciéndose valer de posibles contactos o influencias para beneficiar a la compañía de turno. Por tanto, esto implica y plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y la equidad del sistema judicial de Delaware. Su reputación cae cada vez más en picado. Sin ir más lejos, hace unos años ya se dio a conocer, y contamos en este digital, el caso ProtonMail, un servidor web que puede usarse en todo el mundo, pero que solo responde ante la justicia de Suiza. 

Recientemente, se ha señalado a Andre Bouchard, Leo Strine y Kathaleen McCormick, excancilleres y actual canciller de la Corte, respectivamente, en una campaña lanzada por ‘Citizens for Judicial Fairness’ como “chicos malos” (“bad fellas”) al referirse a “travesuras judiciales” en Delaware durante décadas, en declaraciones que ha recogido el periódico Sunday Delaware News Journal. 

El Gobierno del estado

Delaware está gobernada por el demócrata John C. Carney desde 2017, con un gabinete de personal formado por hasta 32 puestos, en los que se incluyen el jefe del mismo, directores de diferentes áreas y también asesores, entre otros cargos. Por otra parte, el equipo de Gobierno está formado por hasta 17 políticos. Los sueldos de todos ellos no están publicados. 

En 2024 se ha fijado un gasto total de 8,98 mil millones de dólares en fondos generales, federales y especiales y un total de 845.186 transacciones, según su propia página web. Además, los salarios de los empleados se colocan en el tercer puesto del ranking de la categoría de gastos principales con 545,9 millones de dólares. 

El ’negocio’ de las empresas

¿Quién va a querer alejarse de un estado en el que crear una empresa es cuestión de horas, que se requiere nula información y en el que se salvaguarda una confidencialidad entre socios? Son las cuestiones más atractivas. Incluso para la fundación de sociedades ficticias destinadas a otros negocios ilegales, ya que se permite crear una compañía de forma anónima. 

También tiene ventajas fiscales como la de no pagar impuestos por ventas o el pago de solo impuestos federales. Aunque Delaware tiene fama de paraíso fiscal, no cumple todos los requisitos para esta denominación.