¿Te imaginas que el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma española tuviera el poder de sellar registros judiciales, ordenar ventas forzosas de compañías y actuar con total falta de transparencia? Pues algo parecido está ocurriendo en Delaware, Estados Unidos, en un episodio más que reafirma la falta de opacidad administrativa e institucional del que fuera uno de los estados referentes para la creación de empresas en los Estados Unidos.

En los últimos años, la reputación de Delaware se ha hundido por falta de transparencia y opacidad de las empresas que tributan en este estado de la costa Este de Estados Unidos. Cabe recordar que una parte de sus ingresos fiscales proceden de esta actividad. Por lo tanto, si aquellos inversores que quieren ocultar su fortuna, pero también delincuentes, detectan que la administración estatal empieza a pedir rendición de cuentas, procedencia de los activos y naturaleza de los negocios, probablemente salgan corriendo con su fortuna y ahorros a otra parte. Y a Delaware le interesa conservar esos ingresos.

En este sentido, la Division of Corporations es un organismo público dentro del Departamento de Estado de Delaware. Está diseñada para realizar una llegada fluida a las empresas que quieran instalar sus sedes en este Estado. Como parte de ese acompañamiento, se encarga de proteger tanto sus operaciones internas como los detalles sobre los, aproximadamente ,1,5 millones de empresas constituidas en este estado, tal y como indica la investigación del periódico digital Delaware Call. El negocio de crear nuevas compañías está en auge, puesto que en los últimos dos años se han constituido más de 200.000 nuevas entidades empresariales, es decir, unas 550 diarias, según los informes publicados por la Division of Corporations.

Este organismo cobra a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y a las Sociedades Limitadas un impuesto de franquicia anual de 300 dólares y las sociedades anónimas pagan entre 225 y 200.000 dólares en función del número de acciones autorizadas que tenga la empresa. Según la información publicada, estos impuestos apenas tienen relación con el funcionamiento de los activos de las empresas. Es decir, hablamos de pagar una tasa para permitir la existencia de las firmas y hacer pocas preguntas.

Algunos medios describen el estado de Delaware como “el paraíso fiscal más secreto del mundo”, ya que permite tanto a empresas legítimas como a delincuentes ocultar dinero a través de sociedades ficticias anónimas, lo que ha dado como resultado actividades delictivas como blanqueo de dinero e incluso tráfico de personas.

Las críticas a este modelo llegaron a principios de los 2000, cuando el FBI comenzó la lucha contra la corrupción y el rastreo de actividades delictivas. En 2009, una coalición mundial presionó a los gobiernos para que levantaran el velo del secreto empresarial. Entre ellos la Administración Obama. El objetivo era hacer presentar batalla contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Delaware es uno de los cincuenta estados que forman Estados Unidos, antes conocido como uno de los estados más interesantes para la creación de empresas. Es una pequeña superficie con un enorme enclave financiero. Mientras que su población no alcanza el millón de habitantes -973.764 habitantes, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos-, en este territorio se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades. Es decir, Delaware tiene más empresas que ciudadanos. Su marco legal y jurisprudencia  son beneficiosos y flexibles, por lo que acoge a enormes multinacionales como Apple, American Airlines, Coca-Cola y Google, entre otras. Durante 36 años, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue senador de Delaware, según la ficha de Biden en la web de Casablanca (meter enlace interno). Este pequeño estado era su lugar de residencia antes de su mudanza a la Casablanca.

El Caso TransPerfect

Uno de los ejemplos recientes más sonados de la unilateralidad y la falta de transparencia del Estado de Delaware fue el Caso TransPerfect en el que el juez de la Corte Suprema de Delaware, André Bouchard, decretó la venta forzosa de una compañía privada, con beneficios, y de manera unilateral en un movimiento sin precedentes en el ámbito corporativo.

Transperfect es una firma que se dedica al negocio de la traducción y su segunda delegación más importante a nivel mundial se encuentra repartida en varias ciudades de España. La firma cerró 2020 con unos ingresos que superan los 700 millones de euros. Además, cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, siendo España el segundo país del mundo donde la multinacional tiene más empleados, solo detrás de Estados Unidos.

La polémica decisión del juez ponía en peligro más de 4.000 empleos a nivel mundial -más de 600 en Barcelona- puesto que la venta de la compañía podría haber hecho que acabara en manos de fondos buitre que no hubieran dudado en trocear la empresa y venderla, destruyendo riqueza, patrimonio y el futuro de miles de trabajadores y sus familias.

Afortunadamente la venta forzosa de la firma se resolvió con la compra del accionista mayoritario que apostó por mejorar la competitividad, la captación de empresas y la generación de empleo. El caso tuvo gran impacto a nivel mediático tanto en EEUU como en otros países, incluido el nuestro.

La inverosimilitud del caso no solo mermó la reputación de Delaware y sus instituciones como Estado orientado al negocio, sino que hizo saltar todas las alarmas. Llamaba la atención la “opacidad" con la que Bouchard trató el tema, puesto que el juez ocultó el expediente judicial meses después de la venta, algo contrario al actual marco legislativo estadounidense, y que alimentaba las sospechas de irregularidades en el proceso. Hablamos de más de 30 bufetes de abogados, bancos de inversión globales y entidades especializadas en M&A´s (fusiones y adquisiciones) para la resolución del conflicto. Todos los gastos del caso tenían la aprobación del juez Bouchard, quien en alguna ocasión ha afirmado mantener amistad con los abogados más beneficiados de la venta forzosa de TransPerfect.

La justicia estadounidense investiga al equipo judicial que gestionó el proceso de venta de la compañía debido a la falta de transparencia, posibles conflictos de intereses e incluso presunta discriminación durante 2017, cuando la empresa estaba bajo su control. Es más, es posible que se aborden también irregularidades cometidas mientras representantes de la Corte Suprema de Delaware lideraban la compañía, como los 250 millones de dólares que presuntamente desaparecieron de las cuentas bancarias de la firma.

La propia mercantil ha manifestado en diversas ocasiones que se investigue el caso que ha hecho que tengan que abonar importantes cantidades de dinero para sufragar este proceso.

A raíz de este caso nació la asociación ciudadana Citizens for a Pro-Business Delaware. Esta reclama cambios en el sistema judicial del estado, puesto que existe una “peligrosa falta de transparencia” en él, según el portavoz de la asociación, Chris Coffey. Además, Coffey alerta de que esto supone un efecto negativo en su reputación y advierte del grave problema de puertas giratorias en los tribunales y bufetes de abogados de Delaware. Citizens for a Pro-Business Delaware fue creada en 2016 por trabajadores de la empresa TransPerfect con el objetivo de luchar contra la venta de la compañía y luchar por transparencia en la gestión del caso por parte de la Corte suprema.