Ya han pasado algunas semanas desde que se destapara el famoso ‘caso Koldo’ y todo se ha sucedido entre un baile de nombres presuntamente implicados, acusaciones entre las formaciones políticas y demanda de dimisiones a altos cargos. José Luis Ábalos fue el primer apuntado, pero sigue con su acta de diputado, aunque en el Grupo Mixto. Después con Francina Armengol, que tampoco va a renunciar a su actual cargo, como pedía el Partido Popular. Para ellos, su sueldo y aforamiento están intactos.

Sin embargo, las cosas estaban más difíciles para Álvaro Sánchez Manzanares, que ha cesado como secretario general de la entidad pública Puertos del Estado. Hablamos de la primera ‘víctima’ de Koldo que pierde su puesto de trabajo y su sueldo público. La orden la ha dado el ministro de Transportes, Óscar Puente. No hay todavía sustituto. En el momento de escribir este artículo, el nombre de Manzanares seguía en el organigrama de la página web de Puertos. Las razones apuntan a una pérdida de confianza en el directivo al ser el responsable de tramitar el mayor contrato del escándalo en torno a Koldo García para la compra de mascarillas en la trama señalada.

No es un alto cargo político como tal, sino el encargado de un departamento de este organismo. Concretamente, dentro del organigrama, se encuentra por debajo de la Subdirección de Servicios Jurídicos y el área de Auditoría y Control interno y de la presidencia de Álvaro Rodríguez Dapena, que tuvo un sueldo de 120.984 euros brutos en 2022. Sus competencias se desarrollan sobre el gabinete técnico de la empresa, así como áreas de recursos humanos y administración, entre otras.

Su régimen retributivo está regulado como personal fuera de convenio y la correspondiente tabla se publica en la página web de la institución pública, aunque estos datos no se actualizan desde hace unos cuatro años. En 2019, Sánchez tuvo una remuneración básica de 64.037 euros, un complemento por puesto de 38.422 euros, un complemento variable de 8.069 euros y otras percepciones de 406 euros. Es decir, su sueldo completo fue de 110.934 euros.

Ya en 2020, su remuneración aumentó. Así, hablamos de una retribución base de 65.590 euros, un complemento por puesto de 39.354 euros, el variable de 8.265 euros y otras percepciones de 407 euros. Un total de 113.616 euros. Son las últimas cantidades sobre su salario que son públicas, pero en estos años habrá ascendido. En este régimen económico también se acoge a los tres titulares de la dirección de Planificación y Desarrollo, de Explotación y Corporativo.

15 años en la entidad

Álvaro Sánchez Manzanares nació en 1972. Es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y, además, completó su formación con la preparación de oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. En su trayectoria profesional ha ejercido como profesor asociado, por lo que ha impartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid, en los departamentos de Derecho Constitucional y, de Derecho Administrativo, hasta el año 2010. En ese contexto, también fue profesor en el Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública.

Fue magistrado suplente en Madrid entre los años 2002 y 2003, especializado en el ámbito contencioso-administrativo. Después, empezó una etapa como asesor jurídico y abogado especializado en Derecho Administrativo.

Lleva unos 15 años cobrando sueldos públicos. Así, en 2009 fue nombrado director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica en Puertos del Estado. También actuaba como vocal representante de la Administración General del Estado en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias de Coruña, Bilbao y Motril.

Después, en 2012, pasa a ocupar una Jefatura de Área de Asesoría Jurídica en la misma entidad pública. En este marco, fue nombrado en 2017 representante del Organismo Público en la CMAD y delegado de Protección de Datos del Organismo Público y coordinador del sistema portuario en la materia.

Qué es Puertos del Estado

Puertos del Estado es un organismo que actúa bajo la dependencia y supervisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con competencias de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, que se encuentra integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 autoridades portuarias.

Entre sus competencias está la ejecución de la política portuaria del Gobierno, la coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado, la formación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en este ámbito o la planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, entre otras funciones.

Su organigrama reúne diferentes áreas y también cuenta con un consejo rector formado por su presidente, un secretario, vocales y un asesor.

En 2022, la entidad pública cerró su ejercicio con un importe neto de la cifra de negocios de 1.190 millones de euros, que supuso un 11,5% más respecto a los 1.067 millones de 2021. El incremento de ingresos se ha debido, en gran medida, al aumento del tráfico de mercancías y también de la importancia de pasajeros.