De ser vicepresidenta del Gobierno español a pasar a ser una diputada más en el Congreso. Así fue el cambio de Carmen Calvo en julio de 2021 cuando cesó tras la remodelación de Pedro Sánchez. Sin embargo, el destino le aguarda ahora un nuevo cargo: la presidencia del Consejo de Estado, tras su nombramiento este martes en Consejo de Ministros. Lo hará en sustitución de Magdalena Valerio, de la que se ha anulado su nombramiento por no cumplir con el requisito de ser una “jurista de reconocido prestigio”, tal y como ya contamos en este digital. Antes ya lo hizo María Teresa Fernández de la Vega, entre 2018 y 2022.

Ambas también tienen en común el hecho de haber sido ministras del PSOE y con Sánchez como presidente. No es una coincidencia inusual, ya que el Consejo de Estado ha sido el ‘refugio’ de altos cargos políticos durante años y que siguen cobrando sueldos públicos. En términos oficiales, esta institución es el principal órgano consultivo del Estado y sus miembros son nombrados a través de un Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el presidente del Gobierno.

En el momento en que se oficialice su nuevo cargo, Calvo tendrá que renunciar a su escaño en la Cámara Baja en la que era su tercera legislatura consecutiva y de donde procedía hasta ahora su remuneración. En la actualidad cobraba la asignación constitucional básica de 3.142 euros brutos mensuales, a la que se añade un complemento de 1.598 euros en gastos de representación por ser presidenta de la Comisión de Igualdad desde el pasado mes de diciembre. También actuaba como vocal de la Comisión Constitucional y vocal suplente de la Diputación Permanente, pero estos cargos no están retribuidos. En total, 4.740 euros. Además, era diputada por la circunscripción de Granada, por lo que percibía la indemnización, libre de impuestos, de 2.018 euros. En junio, con una paga extra completa, hubiera ingresado el doble: casi 9.500 euros brutos y unos 4.000 libres de impuestos.

Con anterioridad, su etapa como ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y también como vicepresidenta, duró tres años. En ese período de tiempo ha percibido distintas retribuciones. Fue nombrada en junio de 2018, por lo que, hasta diciembre, cobró 45.995 euros en siete meses. En el año completo de 2019 percibió 84.853 y en 2020 fueron 87.102 euros con 12 trienios incluidos. Después, de enero a julio de 2021, fecha de su cese, ingresó 46.481 euros. Es decir, ha acumulado unos 264.431 euros. Es una cifra similar a otros exministros, como, por ejemplo, Alberto Garzón o Irene Montero, de los que hemos hablado en Sueldos Públicos.

Pese a todas estas remuneraciones, ninguna supera la cantidad que cobrará como presidenta del Consejo de Estado. Esta era de 90.824 euros en 2023, según el Portal de Transparencia de la institución, en 12 mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias. Cabe recordar que esta retribución está regulada en los Presupuestos Generales del Estado y los del año pasado están prorrogados. De hecho, por el momento, su sueldo será mayor al que percibe Sánchez como presidente, 90.010 euros.

28 años en política

Carmen Calvo Poyato nació en Cabra (Córdoba) en 1957. Es licenciada en Derecho Público y doctora en Derecho Constitucional. En su trayectoria ha sido secretaria general de la Universidad de Córdoba, secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

Lleva unos 28 años cobrando sueldos públicos en política, cuando fue nombrada consejera de Cultura de la Junta de Andalucía de 1996 a 2004, una etapa en la que también fue diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Después, se le nombró ministra de Cultura de 2004 a 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. De 2007 a 2008 fue vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Hasta que en 2018 volvió a ser nombrada ministra del Gobierno. Dentro del PSOE es secretaria de Área de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal desde 2017.

Más de 100.000 euros en sus cuentas

En su última declaración de bienes y rentas presentada en agosto al tomar posesión como diputada registra 600 euros mensuales pertenecientes a trienios de la Universidad de Córdoba, además de otros 8.800 euros brutos anuales por ser tertuliana de radio. Por IRPF pagó 25.344 euros en 2022. Su cuenta corriente contiene un saldo de 165.896 euros.

También dispone de 81.474 euros por un plan de pensiones del Banco Santander y otro en el Nationale Nederlanden con un valor de 18.342 euros, además de un seguro de vida de 28.250 euros.

Posee una vivienda en Cabra (Córdoba) desde 1995, un garaje en Córdoba adquirido en 2012 y un piso en Madrid desde 2014. Por vehículo tiene un Nissan Micra de 2006. Como decenas de sus señorías, estaba cobrando la indemnización como diputada ‘de provincias’ pese a disponer de una vivienda en Madrid.

Sobre el órgano

La presidencia del Consejo de Estado tiene rango de ministro (no por el salario) del Gobierno y sus funciones principales, además de la representación institucional del Consejo, es la presidencia de los órganos de la institución y la jefatura de todas las dependencias del Consejo de Estado, según la página web de la misma.

La Secretaría General, ocupada por Guadalupe Hernández-Gil, y los consejeros permanentes cuentan con un sueldo de 125.467 euros anuales cada uno. De estos hay nueve. Mientras que los consejeros natos y electivos, que son once y diez respectivamente, solo tienen la retribución por asistencia al Pleno, con un máximo mensual de 974 euros, que no se percibe si no hay sesión plenaria o si no se asiste.

En general, el Consejo de Estado está formado por la presidencia, la Comisión Permanente y el Pleno. En 2023, la institución tuvo un presupuesto de 14,6 millones de euros. Los cargos de presidente y consejero permanente son incompatibles con todo empleo en la Administración activa, salvo los de carácter docente; con el ejercicio de la abogacía y con el desempeño de cargos de todo orden en Empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios, obras o servicios públicos, cualquiera que sea su ámbito territorial.

Además, estos dos cargos son incompatibles con los mandatos de diputado, senador o miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma. Francisco Rubio Llorente ha sido el presidente que más tiempo ha ocupado el cargo, entre 2004 y 2011.