La distancia entre Murcia y Barcelona es de 472 kilómetros en línea recta. Pero, como muchas cosas en esta vida, no siempre nuestro destino está al alcance de la mano con la ruta más rápida. Por carretera son casi 100 kilómetros más, 568. Y algo parecido ocurre con la cuestión del ‘conflicto’ político que se vive en Cataluña desde hace años. No siempre la solución más rápida y directa es la más adecuada, ni la prevista por la ley.

Ya sabemos que en esta legislatura, el asunto de la amnistía sigue en boca de todos, aunque esta vez por una situación que no estaba prevista. Y es que hace unos días, los diputados de Junts en el Congreso votaron en contra de la ley que se había puesto a debate, lo que provocó que no saliera adelante y enviarla de vuelta a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para que se lleven a cabo distintos retoques. La misma que forman diferentes diputados y cuyo presidente es del PSOE.

No obstante, vuelve a ser motivo de discusión entre políticos, puesto que el Partido Popular y Vox reclaman que el texto no puede tomar otra negociación al ser rechazado por la mayoría absoluta del hemiciclo, 179 votos frente a 171, sino que debe considerarse caída y así, volverse a iniciar el procedimiento. Por el momento, esto no se ha tomado en cuenta.

“Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara”. Son palabras textuales de su Reglamento. Como ha quedado demostrado, son órganos con un papel esencial en la actividad parlamentaria, así como una notable mejora de sueldo para sus designados.

La que está en el foco ahora es la de Justicia, presidida por el socialista Francisco Lucas desde el pasado mes de diciembre. Cobra la asignación constitucional para todos los diputados de 3.142 euros brutos al mes y un complemento para gastos de representación de casi 1.600 euros (1.598) como presidente. En total, 4.740 euros. También es portavoz en la Comisión de Política Territorial, pero los ‘pluses’ no son acumulables, así como vocal en otras. Además, es diputado por Murcia, por lo que cobra la indemnización, libre de impuestos, de 2.018 euros. En caso de mantener dicho cargo durante este 2024, con una paga extraordinaria completa, cobrará el doble. Es decir, casi 9.500 euros brutos y unos 4.000 exentos de tributación.

Es licenciado en Derecho y ha ejercido como letrado por cuenta propia entre los años 2014 y 2019. Lleva unos nueve años cobrando sueldos públicos en política, desde que fuera elegido alcalde pedáneo de El Raal (Murcia) en 2015. Después, ha sido diputado regional en la Asamblea de la Región de Murcia, así como portavoz del grupo socialista hasta 2023. En el Congreso, es su primera legislatura.

Según su declaración de bienes y rentas, cobró 58.278 euros como diputado de la Asamblea Regional de Murcia en 2022 y pagó 17.476 euros de IRPF. En enero de 2023 compró un piso en Murcia y dispone de unos 60.000 euros en varias cuentas corrientes y de ahorro. Vendió por 61.000 euros acciones de una empresa textil y solicitó dos préstamos por valor de casi 328.000 euros en 2020 y 2023, para la compra de un vehículo y una vivienda, respectivamente. En el momento de presentar el documento debía unos 317.000 euros.

Más cargos y complementos

Las Comisiones representan, a menor escala que el hemiciclo, la presencia de los grupos parlamentarios. Con un presidente del PSOE, la vicepresidenta primera es Verónica Martínez, de Sumar, y el vicepresidente segundo, Fernando de Rosa, del PP. Ambos se embolsan el complemento de 1.168 euros por gastos de representación. Con la asignación ingresan 4.310 euros cada mes. No son diputados por la circunscripción de Madrid, por lo que también tiene derecho a la indemnización libre de impuestos de 2.018 euros.

Por otra parte, están los secretarios de la Comisión de Justicia: el primero, el socialista Joaquín Martínez, y como segundo, Daniel Pérez, del Partido Popular. Su plus salarial es de 778 euros, la misma cantidad que para los portavoces adjuntos, que son cuatro puestos. Estos llegan a un sueldo de unos 3.900 euros, más la indemnización. No obstante, como excepción, Pedro Luis Huguet cobra 1.168 euros como vicepresidente primero de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al ser el complemento mayor. Así como Gerardo Pisarello que es secretario de la Mesa y cuenta con un complemento como miembro de la misma de 1.056 euros, gastos de representación de 915 euros y de libre disposición de 757 euros.

Con respecto a los portavoces titulares, tienen fijado un complemento de 1.168 euros. Hay hasta nueve de ellos en la Comisión de Justicia y de diferentes partidos como Vox, EH Bildu, Junts o Esquerra Republicana, entre otros, así como nombres conocidos como Javier Ortega-Smith. Superan los 4.000 euros de salario.

Los vocales de las comisiones, así como los adscritos, no tienen asignado ningún complemento. En este caso, también figuran tres letrados: Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo.