Los programas migratorios para inversores, conocidos como 'golden visas' o visas doradas, engloban graves riesgos de corrupción, de acuerdo con el informe European getaway: inside the murky world of golden visas, presentado por Transparency International y Global Witness, en octubre de 2018 y en el que participó Transparencia Internacional (TI) España. Los riesgos provienen de escasa diligencia debida, de la existencia de conflictos de interés y de un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados.
El concepto de visas doradas se refiere a las residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país. En los últimos 10 años la Unión Europea ha concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de los programas de las visas doradas.
Este jueves, Transparencia Internacional (TI) España ha presentado una solicitud de acceso a la información pública al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado para conocer las autorizaciones de residencia (o ‘golden visas’) concedidas en el marco de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, incluyendo a ciudadanos de nacionalidad rusa, así como aquellas concedidas por nacionalidades a sus familiares.
En un comunicado, la organización explica que esta solicitud fue dirigida tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre otras, TI-España busca acceder a la información relativa a las autorizaciones de residencia de inversores rusos.
“Durante la última década, funcionarios públicos corruptos y empresarios compraron pasaportes y visas doradas, ayudando a ocultar sus activos e identidades. Según los informes, los rusos representan casi la mitad de los que han adquirido la ciudadanía utilizando esta ruta. Los escándalos han demostrado que estos esquemas opacos no tienen que ver con la inversión genuina o la migración”, explicó Maira Martini, experta en flujos de dinero corrupto en Transparency International.
“La Comisión Europea ha reconocido durante mucho tiempo los problemas con tales esquemas, pero no ha tomado medidas decisivas. Ahora es el momento de cerrar la puerta a los cleptócratas y su dinero”, añadió.
En la solicitud realizada al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, TI-España ha instado a ambas entidades a brindar acceso a cualquier información relativa al número de autorizaciones de residencia concedidas en el marco de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, incluyendo a ciudadanos de nacionalidad rusa, e indicando el país de origen y desagregando por nacionalidad, durante los últimos cinco años.
También al número de autorizaciones de residencia concedida por nacionalidades a los familiares de los indicados en el punto 1, durante los últimos cinco años. En relación con las renovaciones de autorizaciones de residencia, y teniendo en consideración que el visado inicial se expide por un periodo de dos años y los inversores extranjeros pueden solicitar la renovación de su permiso de residencia por periodos sucesivos de cinco años, solicita el número de visados renovados desagregados por nacionalidad, durante los últimos cinco años.
Asimismo, quiere conocer el número de autorizaciones de residencia para inversores concedidas por silencio administrativo desagregadas por nacionalidades, entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de presentación de esta solicitud y el detalle de los visados suspendidos en virtud de la decisión tomada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como los visados de familiares de los anteriores y código RFI, y la copia de la Resolución mediante la cual se toma esta decisión. Finalmente, reclama los Ingresos totales de España como consecuencia de las autorizaciones de residencia concedidas para inversores rusos.
De acuerdo con el informe citado, cuarto Estados Miembros de la UE otorgan pasaportes a través de este programa, mientras que doce de ellos usan este mecanismo para ofrecer residencias. España, por ejemplo, es uno de los países que más ha otorgado visas doradas —específicamente residencias—, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido: desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversores y sus familiares.
Tal como indica el informe, el país ha ganado casi mil millones de euros (976) anuales a través de estas visas doradas, otorgadas en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116). No obstante, si actualizamos las cifras, a 31 de diciembre de 2021, había 7.425 autorizaciones de residencia de este tipo en vigor en nuestro país, un 20% más que el año anterior.
Si retrocedemos en el tiempo, en enero de 2019, la Comisión Europea presentó un informe sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, competencia exclusiva de cada estado miembro, tal y como publicó El Periódico de España. Se detectaron posibles delitos de blanqueo, evasión fiscal y corrupción y a Bulgaria, Chipre y Malta como los países con más riesgo o menos seguros. La clave es que en estos Estados los inversores pueden acceder directamente a la ciudadanía (mercado interior de la UE) y no solo a la residencia. Además, y es el caso de España, no se exige una presencia del inversor en el estado. Y así, la transparencia brilla por su ausencia.
Por otro lado, el mes pasado, el Parlamento Europeo pidió requisitos mínimos de residencia física para los solicitantes de estas visas doradas y de participación activa, calidad, valor añadido y contribución a la economía para sus inversiones. Unas semanas después de iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania, España hizo lo propio y se sumó a países como Portugal, Malta o Reino Unido y decidió suspender nuevas autorizaciones para ciudadanos rusos.
El problema de estas visas es que se convierten en un atractivo para los corruptos. Así a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen, explica Transparencia Internacional.
En el caso específico de España, el otorgamiento de este tipo de visados conlleva el disfrute de unos plazos simplificados de tramitación, lo que supone una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular. En este sentido, el informe indica que las visas doradas comparten tres características asociadas a altos riesgos de corrupción.
“Estos programas manejados de manera deficiente permiten a los corruptos trabajar y viajar sin restricciones por toda la Unión Europea, al tiempo que socavan nuestra seguridad colectiva. Es por eso que se deben emprender acciones urgentes en toda la UE. Bruselas debe definir los estándares de estos programas y asegurar que todos los Estados Miembros, que ofrezcan ciudadanía y residencias para inversionistas, se adhieran a ellos”, argumentaba Laure Brillaud, responsable de la Política contra el Lavado de Dinero en Transparency International EU y coautora del informe.
Para Transparency International, el hecho de que un Estado Miembro otorgue residencias y ciudadanías bajo estos programas afecta a toda la UE. Por eso, junto a Global Witness, instaba a todas las instituciones regionales a seguir estas pautas o recomendaciones:
Se puede descargar el informe completo.
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