La actividad en el Congreso de los Diputados funciona con una ‘normalidad’ parcial desde mitad de agosto, a pesar de estar bajo un Gobierno en funciones. Eso sí, las comisiones siguen sin constituirse, al contrario que en el Senado. La actividad legislativa es nula y sus señorías no pueden cobrar los complementos salariales correspondientes a la responsabilidad que asumen en cada una: presidente, portavoz, portavoz adjunto o secretario. La menor carga de trabajo también se nota en los que calientan el escaño, pero también en los asistentes nombrados a dedo de cada grupo parlamentario y cuya nómina, que no es pública, paga la Cámara Baja. No importa si no hay todavía una investidura garantizada. Todos cobran.

El servicio de Transparencia de la Secretaría General del Congreso ha remitido una respuesta a una solicitud de información enviada por Sueldos Públicos para conocer el histórico de asistentes de todas las legislaturas desde 1978. Lamentablemente, los datos facilitados comienzan en 2011, con la primera legislatura con Mariano Rajoy en La Moncloa y una mayoría absoluta del PP. Hay más asistentes en nómina que nunca, al menos desde hace 12 años, pese a que el número de parlamentarios sigue siendo de 350. Es decir, los representantes de la soberanía nacional derivan cada vez más sus tareas legislativas a asistentes, técnicos y asesores. En suma, trabajan menos. Actualmente son 355 asistentes, según los datos de la página web del Congreso. Salen a más de uno por cada diputado. La cifra es más alta que toda la plantilla de funcionarios, cuyas retribuciones sí son públicas.

Así, el régimen económico del órgano parlamentario establece que la dotación del gabinete de la Presidencia de Francina Armengol está compuesta por siete personas, mientras que los miembros de la Mesa (vicepresidentes y secretarios) disponen de hasta tres personas cada uno para esta tarea y los presidentes de Comisión cuentan con un asistente para cada uno de ellos.

Página web del Congreso.

Si recapitulamos, en la legislatura pasada había 23 comisiones legislativas, 10 comisiones permanentes no legislativas; cuatro comisiones de investigación; una comisión no permanente; y siete comisiones mixtas no permanentes. Por su parte, los grupos parlamentarios pueden proponer el nombramiento de un número de asistentes que no supere la ratio de uno por diputado. Además, los grupos parlamentarios con diez o menos miembros, así como el Grupo Parlamentario Mixto, pueden proponer el nombramiento, con carácter adicional, de un coordinador. Este último caso ocurre con grupos como Junts per Cataluya o EH Bildu, entre otros, con un asesor más que el número de diputados que son.

Mismos diputados, pero más asesores

Este método de distribuir los asistentes no es nuevo. Se puso en marcha en 1997 (VI legislatura), durante el primer Gobierno de José María Aznar, con mayoría siempre en la Cámara. Se asignaba a cada grupo parlamentario un número de asistentes para apoyar a los diputados en el ejercicio de su función, al margen del personal de confianza de estos.

En la que empezó a finales de 2011, se fijaron 205 asistentes con siete grupos parlamentarios. La que terminó en agosto llegó a tener 316,8, según la tabla inferior. La cifra ha ido aumentando poco a poco. Así, en la XI legislatura, de enero de 2016 a mayo del mismo año habían 235, mientras que desde finales de ese año y hasta 2019 (XII) figuraban 271 asistentes. En este último año, hubo una legislatura ‘corta’ de mayo a septiembre, tras volver a convocar elecciones, y en ese período trabajaron 311,4 asistentes con ocho grupos en el hemiciclo. Desde el Congreso apuntan a que el número de asistentes se adapta a la composición de los grupos parlamentarios. Actualmente hay nueve.

Cuadro facilitado por la Secretaría General del Congreso.

El presupuesto de 2023 de la Cámara Baja recoge un crédito inicial de 12,7 millones de euros, similar al de 2022, para las retribuciones básicas del personal eventual. Hasta 2020 era de unos nueve millones, por lo que es evidente el crecimiento de estos puestos en los últimos tres años. Desde su funcionamiento, sus sueldos y sus currículums no son difundidos públicamente, tal y como hemos comentado en otras ocasiones. No hay control externo. Esto se debe a que el salario se trata de “un dato de carácter personal”, según la ley de Protección de Datos, aunque se pague con dinero público. En 2014, la Cadena SER hablaba de una percepción media de 2.100 euros al mes.

No obstante, el digital OK Diario también publicó que estos empleados, además de su salario, pueden recibir un plus de 6.757 euros tanto para prestaciones de salud como para estudiar, entre otros casos. Es decir, servicios que cualquier ciudadano se tiene que costear de su bolsillo, pero ellos no. En la pasada legislatura, el Grupo Popular y el Socialista eran los que más diputados tenían entre sus filas. Y con ellos, los correspondientes asistentes: 137 y 121 cada partido respectivamente.

Para conocer algo sobre el sueldo de los eventuales nos tenemos que ir hasta los del Senado. Así, el medio Demócrata hizo pública su retribución de 2.213 euros al mes o 30.980 euros anuales, a los que habría que sumar cotizaciones sociales y otros costes laborales.

Otra posibilidad para los grupos parlamentarios es que pueden contratar ‘asesores’ o asistentes técnicos a partir de la subvención que se les otorgue. Esta cuantía, la subvención, es de 30.346 euros mensuales y una subvención variable en función del número de diputados de 1.746 euros al mes por cada uno de ellos. Tienen un límite máximo de cinco asesores. Ni los nombres, ni la experiencia profesional ni lo que cobran aparece publicado.

Los eventuales de la Mesa de la Cámara

Durante estos últimos 12 años, la Presidencia ha tenido como máximo ocho asistentes en el cargo, tal y como pasó en la X y XI legislatura. Desde 2016 a 2019 solo hubo cuatro. Meritxell Batet contó, la legislatura pasada, con seis asesores. Por otra parte, los vicepresidentes y secretarios se han mantenido en dos cada una. En total, 16. Mientras que los presidentes de Comisión cuentan con uno.

Cuadro facilitado por la Secretaría General del Congreso.

Todo este personal de confianza, más de 50 nóminas, es nombrado a propuesta de cada uno de los miembros de la Mesa de la Cámara y al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales. 

Con la colaboración de Carles Torrijos.