De monopolio estatal a inversión privada en manos extranjeras. Un siglo da para mucho. En abril del año que viene se cumplen 100 años de la creación de Telefónica como monopolio estatal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Era una filial de la empresa ITT, de titularidad estadounidense. Su primer nombre fue “Compañía Telefónica Nacional de España”. Con la restauración de la democracia en 1978 y los sucesivos gobiernos del PSOE, el Estado se desprendió progresivamente de las acciones de Telefónica. En 1996, José María Aznar hizo lo propio con el 20,9% que quedaba, la privatizó y puso al frente a su compañero de pupitre en el colegio, Juan Villalonga.

Hace dos días, el Gobierno español se ha puesto en tensión por los intereses estratégicos del país y la llegada de un inversor de Arabia Saudí. Se trata de STC Group, que ha adquirido una participación del 9,9% por un importe total de 2.100 millones de euros de Telefónica. Por tanto, será su principal accionista.

Telefónica tiene una posición estratégica para España, por lo que se debe estar pendiente de las intenciones del nuevo inversor. Ni la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ni el presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, eran sabedores de la inversión. Sí es cierto que Calviño ha reconocido que le avisaron horas antes. Pero la Casa Real también desconocía este asunto. En Sueldos Públicos hemos puesto el ojo en los nombres de los responsables políticos, nombrados por libre designación, que desempeñan una labor relacionada con el sector de Telefónica y que, en su mayoría, son ‘cienmileuristas’.

Las telecomunicaciones en el Gobierno

Dentro de ese mismo ministerio, trabajan altos cargos destinados al ámbito de las telecomunicaciones. Las retribuciones publicadas de estos en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado pertenecen a 2022. El BOE detalla que un secretario de Estado ingresó un salario de 80.288 euros. Esta cifra se obtiene al sumar 14.509 euros de sueldo; 23.584 euros de complemento de destino y 36.799 euros de complemento específico. Además, dos pagas extraordinarias de 2.697 euros cada una. Además, cabe añadir el famoso y opaco complemento de productividad, que es el que dispara los ingresos finales de estos cargos a más de 100.000 euros anuales. Y eso sin contar los trienios de antigüedad en caso se ser funcionarios.

En ese mismo año, se produjo un cambio en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales. Así, María González accedió al cargo en octubre tras la jubilación de Roberto Sánchez. De esta forma, este cobró 98.336 euros de enero a octubre, incluidos ocho trienios como funcionario, y la recién nombrada ingresó desde su entrada hasta diciembre, tres meses, 30.143 euros.

Por su parte, Matías González ocupa el puesto de secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual desde marzo de 2023, cuando sustituyó a Arturo Azcorra. El anterior secretario ingresó 31.388 euros de octubre a diciembre de 2022, con 11 trienios. Azcorra fue director general de esta misma área entre enero y octubre, con 77.785 euros de ingresos.

Por su parte, Calviño percibió en 2022 una retribución de 88.299 euros como vicepresidenta del Gobierno, incluidos nueve trienios. Además, ha presentado su candidatura para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por lo que si accede a ella, podrá multiplicar su sueldo por cuatro, tal y como contamos en este digital. Carme Artigas encabeza la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y en 2022 ingresó 125.587 euros. Una retribución similar a la de María Amparo López, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 126.692 euros, incluidos cinco trienios. Menor es la de Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial con un sueldo de 99.683 euros con cuatro trienios. El secretario general de Administración Digital es Juan Jesús Torres, que tiene un salario de 126.533 euros, con nueve trienios.

Empresas y competencia

En lo que se refiere a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que algo tendrá que decir en esta operación, su presidenta, Cani Fernández, percibió 125.769 euros en 2022. Por otra parte, 128.233 euros es lo que se le retribuye a su vicepresidente, Ángel Torres. Otro de los altos cargos es el que ocupa Alejandra de Iturriaga, directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, perteneciente también a la CNMC. Por ello, ingresó 113.440 euros el año pasado.

La firma STC Group pertenece en un 64% al fondo soberano saudí, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Está considerada la mayor compañía de telecomunicaciones de Oriente Medio. Fue fundada en 1998 en Riad, tiene presencia en 11 países y una base de clientes de 170 millones repartidos en Arabia Saudí, Oriente Medio y Norte de África. Además, cuenta con una capitalización bursátil que ronda los 49.200 millones de euros.

Por su parte, Telefónica contó con ingresos de 39.993 millones de euros en 2022; opera en 12 países y en 38 está presente. Además, tiene 99 años de historia y cuenta con 103.638 empleados, creando unos 1’2 millones de puestos de trabajo directa e indirectamente.

El 5% adquirido por STC Group todavía está en juego y es que debe pedir la correspondiente autorización al Ministerio de Defensa, que encabeza Margarita Robles, aunque se trate de una empresa privada. Según el Real Decreto del pasado julio, que modifica la ley de inversiones extranjeras, el llamado escudo ‘antiopas’ es una herramienta por la que estas compañías deberán pedir autorización a Defensa en el caso de adquisiciones que superen el 5% del capital si se trata de empresas relacionadas con actividades en defensa estatal. Telefónica presta servicio de telecomunicaciones a Defensa y es un sector crítico para ello.