¿Qué pasaría si nadie se encargara de controlar a nuestro sector público estatal? Por suerte, esto no sucede, pues existe la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE), el órgano de control interno y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Y lo lleva siendo desde hace 150 años cuando se creó mediante el Decreto del Ministro de Hacienda José de Echegaray, el 7 de enero de 1874. Este 2024, está de aniversario. ¿Habías oído hablar de esta figura? Un solo titular se encarga de representar este organismo. 

Es dependiente de la vicepresidencia primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda que ocupa en la actualidad María Jesús Montero. Ella cobró 77.530 euros brutos de enero a noviembre de 2023 y después percibió otros 9.445 euros hasta final de año, ya como ‘segunda’ del Gobierno, con diez trienios incluidos en ambos casos. Pero la cifra se queda corta al lado de lo que cobra el actual Interventor General del Estado, Pablo Arellano. Y sobre este sueldo público es todo un ‘experto’ porque lleva más de seis años en el cargo. Lleva desde que Pedro Sánchez llegara por primera vez al Ejecutivo en junio de 2018. En ese mismo año, desde el 23 de junio a final de diciembre, tuvo una retribución de 58.260 euros, incluidos siete trienios, por su condición de funcionario, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. 

Pablo Arellano.

El último salario que conocemos sobre él es de 130.032 euros, con nueve trienios, en 2023. Antes, cobró 120.220 euros, con los mismos trienios, en 2022. Así, incluidos ocho trienios, percibió una parte de 49.471 euros y otra de 67.594 euros en 2021; 116.396 euros en 2020; y 114.770 euros en 2019. En total, lleva ingresados 656.743 euros, según los cálculos de este digital. Cabe recordar que aún falta por conocer la parte proporcional de este 2024, que no se publicará hasta el primer trimestre del próximo año, aproximadamente. No obstante, y a partir de los datos de Transparencia, acumula más de 700.000 euros incluidos los casi ocho meses y medio del presente ejercicio. La IGAE tiene rango de subsecretaría. 

Según los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados desde el 1 de enero de 2024, un subsecretario tiene un sueldo de 15.164 euros; un complemento de destino de 19.841 euros; un complemento específico de 34.054 euros y dos pagas extraordinarias en junio y diciembre de 2.470 euros cada una. En total, unos 74.000 euros, sin contar la subida del 3,5% aprobada a posteriori. La diferencia, respecto de los 130.032 finalmente cobrados se debe al complemento de productividad y, en menor medida, a los trienios.

Funcionario y ligado al Gobierno 

Pablo Arellano Pardo nació en Madrid en 1968. Es licenciado en Derecho. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, y al Cuerpo Técnico de Hacienda. Ha ejercido diversos puestos en la Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda) desde su ingreso en la administración pública en febrero de 1995 hasta 2000. Desde 2001 hasta 2005 ha desempeñado el puesto de, División V de Control Financiero de Subvenciones Nacionales. Después, fue jefe de Asesoría Financiera (Ministerio de Economía y Hacienda). 

También ha sido subdirector general de Relaciones Financieras con las Comunidades Autónomas del último trimestre de 2005 hasta enero de 2012. Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de enero de 2012 hasta abril de 2016 y subdirector general de Presupuestos desde abril de 2016 hasta diciembre de ese mismo año. Por último, ha sido director general de Racionalización y Centralización de la Contratación desde diciembre de 2016 hasta el nombramiento en junio de 2018 como Interventor General de la Administración del Estado.

Empleo y presupuesto

Desde 1874 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) “viene desarrollando dos funciones fundamentales para el desarrollo de la Hacienda Pública, es decir para la gestión de los fondos públicos obtenidos a través del sistema tributario de los contribuyentes: el control gubernamental y la contabilidad pública como centro gestor”, según su página web.

Concretamente, el organismo se encarga de verificar, mediante el control previo de legalidad y el control financiero y la auditoría pública, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se realice bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Además de Arellano, el organigrama está conformado por la jefa de Gabinete técnica, Luisa María Morales. En los servicios centrales, se encuentra la Oficina Nacional de Auditoría, la de Contabilidad y la de Informática Presupuestaria, además de otras tres subdirecciones y un Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Además, existen intervenciones delegadas tanto en ministerios como regionales y territoriales. También otras unidades con dependencia funcional. 

A fecha de 31 de diciembre de 2023, 1.843 personas trabajan en la Intervención General (son 0,95% menos que en 2022). Por otra parte, el crédito definitivo para 2023 ascendió a 139 millones de euros. Para gastos de personal se destinaron unos 103 millones de euros. La comunidad autónoma en la que más personal tiene distribuido el IGAE es Madrid con 1.344 trabajadores.