Cada año, la mayoría de españoles tienen una fecha marcada en el calendario: la declaración de la Renta o IRPF. Es el proceso en el que los contribuyentes tratan de saldar cuentas con la Agencia Tributaria a través de los ingresos económicos que hemos obtenido en el ejercicio anterior. En este digital, hemos comentado alguna vez la guía para hacerla con éxito.

Para el Estado y las Comunidades Autónomas es un tributo de vital importancia, por lo que también tiene desplegados altos cargos encargados de hacer cumplir estos objetivos. No olvidemos que ellos también hacen su correspondiente declaración. La Agencia depende del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero. Como vicepresidenta primera del Gobierno con un sueldo de 84.600 euros brutos anuales, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, prorrogados desde el 1 de enero, sin contar los trienios por su condición de funcionaria.

La dirección general de la Agencia Tributaria está ocupada también por un alto cargo ministerial del Ejecutivo. Desde el 8 de junio de 2022 su titular es Soledad Fernández Doctor. Tiene rango de subsecretario, un escalón inferior al de los secretarios de Estado. Por ello, tiene fijado un sueldo base de 15.164 euros anuales, un complemento de destino de 19.841 euros y un complemento específico de 34.054 euros, según el BOE. En total, 69.059 euros. Con las pagas extraordinarias, de 2.470 euros cada una, en junio y diciembre, la cantidad asciende a casi 74.000 euros. Sin embargo, esta cantidad aumenta gracias al complemento de productividad y los posibles trienios, si nos encontramos con funcionarios.

Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, Doctor ha cobrado 134.912 euros, incluidos 12 trienios en 2023, y en 2022, de junio a diciembre, por unos seis meses, percibió 71.375 euros, con 11 trienios. Lleva acumulados 206.287 euros en año y medio. Los ingresos de 2024 se darán a conocer en 2025. Sin tener datos oficiales publicados, pero haciendo un cálculo aproximado, Doctor ha podido percibir cerca de 240.000 euros desde su nombramiento.

Entre sus funciones está dirigir la ejecución del Plan de Actuaciones de la Agencia y el funcionamiento ordinario de los servicios y actividades de ésta. Así como también la ejecución de los acuerdos adoptados por la Presidencia, desempeñar la superior jefatura del personal y la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y el Plan de Actuación.

Como cualquier ciudadana española tiene la obligación de hacer su declaración de la Renta y se le aplicará un porcentaje de impuesto, según sus ingresos. Se ubica en el tramo de ingresos entre 60.000 y 299.999 euros. Casi la mitad de su salario, unos 67.000 euros, tributa al 45%.

Experiencia en la gestión tributaria

Soledad Fernández Doctor nació en Madrid. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado.

Durante su trayectoria profesional, ha ocupado, entre otros, los cargos de presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central, directora del Departamento de Gestión Tributaria, de la Escuela de Hacienda Pública, en España de la Campaña EURO 2002 del Banco Central Europeo. También ha sido subdirectora de Información y Asistencia al Contribuyente en el Departamento de Gestión Tributaria, delegada especial de la Agencia Tributaria de Asturias y delegada especial adjunta de la Agencia Tributaria de Madrid, su último cargo antes de ser nombrada directora general de la misma. Ha ejercido la docencia en entidades públicas y privadas y participado en consultorías y reuniones internacionales.

Otros cargos cienmileuristas

Existe una Dirección General de Tributos, cuya titular es María José Garde desde julio de 2018. Su última retribución ascendió a 117.365 euros, con diez trienios, en 2023. En principio, por su rango como directora general, debería cobrar unos 63.400 euros, por lo que se establece en los PGE. En 2022 ya percibió 112.615 euros con diez trienios.

Otro de estos puestos es el de Jesús Gascón como secretario de Estado de Hacienda. Por este cargo, ingresó 137.976 euros, con 12 trienios, en 2023. En 2022, desde junio, fecha de su nombramiento, a finales de año, percibió 72.761 euros, con 11 trienios. Además, entre sus competencias, también cuenta con la presidencia de la Agencia Tributaria, en la que ejerce la superior dirección de esta y ostenta su representación legal en toda clase de actos y contratos.

Las cuentas de la Agencia

La Agencia Estatal de Administración Tributaria se creó por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y se constituyó de manera efectiva el 1 de enero de 1992.

Es una entidad de derecho público que se configuró como adscrita al entonces Ministerio de Economía y Hacienda a través de la antigua Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Cuenta con un régimen jurídico propio distinto al de la Administración General del Estado que le confiere cierta autonomía en materia presupuestaria y de gestión de personal.

La última memoria publicada en la propia página web de la Agencia Tributaria pertenece al ejercicio de 2022. En este año, el organismo contó con un presupuesto de 1.631 millones de euros, cuyo un 5,4% de esta cantidad, unos 1.591 millones de euros, fueron para gastos.

Especialmente, por el incremento de gastos de personal. A 31 de diciembre de 2022, la plantilla estaba formada por 25.909 personas, de las cuales el 53,19% son mujeres y el 46,81% hombres. Por otra parte, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se destinó un presupuesto inicial para la Agencia de 1.396 millones de euros para ese año.

El ente también da a conocer el baremo que sigue para la distribución del famoso complemento de productividad para los funcionarios en el ejercicio de 2023. En este proceso se ha valorado la trayectoria de cada funcionario y la importancia del cumplimiento de la planificación contra el fraude. Así como la efectividad y calidad de las actuaciones. Por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña ya comentamos cómo se repartía: el 40% del plus de productividad de 40.000 funcionarios depende de una evaluación que se hacen ellos mismos.