¿Es un avance o un paso atrás en transparencia? Algunos expertos y partidos políticos han criticado desde el principio que Isabel Díaz Ayuso haya querido hacerse con el control del Consejo de Transparencia, que dependía de la Asamblea de Madrid. La independencia del órgano es el primer elemento reprochable. Sin ir más lejos, el pasado 23 de mayo se publicaba en el BOCM el decreto por el que se cambiaba la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local para que el Consejo dependiera del Ejecutivo de Ayuso a través de este departamento. Esta Consejería la encabeza Miguel Ángel García Martín con una retribución anual de 101.059 euros brutos anuales, tal y como se publica en su ficha del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El nuevo Consejo, evidentemente, necesita de un presidente que tiene rango de director general. Cabe recordar que el anterior organismo lo formaban tres consejeros propuestos por el Pleno de la Asamblea de Madrid. No hay más datos sobre ello, pues la página web del antiguo órgano ya no está en funcionamiento.

Ahora, el único elegido para la tarea ha sido Jesús María González, catedrático y que, además, cuenta con un currículum completo en el campo del Derecho. Su remuneración aún no figura en su ficha de la página web de la Comunidad de Madrid, como es habitual con el resto de altos cargos, pero sí podemos conocer lo que cobrará. Y es que la tabla de retribuciones del Ejecutivo autonómico especifica que los directores generales tienen asignado un salario de 94.324 euros para este 2024. Es una retribución alta si atendemos a que supera la que percibe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a las de los vicepresidentes o ministros. No es nada llamativo pues la propia Ayuso es la tercera mandataria autonómica que más cobra: 103.090 euros.

Además, el organismo también se estructura en una Secretaría General, con rango de subdirección general, “cuyo titular sustituirá al Presidente (sic) en caso de vacante, ausencia o enfermedad”, según recoge la disposición. Con esta condición, el tipo de cargo actuará como funcionario, pero no se detalla el nivel de este. También “contará al menos con una unidad de apoyo jurídico, técnico y administrativo, así́ como con los medios personales y materiales que sean necesarios”, dice el texto.

Catedrático y ‘ex’ del CGPJ

Jesús María González García es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, desde 2018, y doctor en Derecho por la misma universidad, con premio extraordinario de Doctorado. En su trayectoria profesional ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2010, así como del Tribunal Constitucional de 2012 a 2018.

Figura como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, así como del Honorario del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, de México.

Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas y participa en los Consejos Asesores de diferentes revistas jurídicas españolas y extranjeras. Ha participado en numerosos cursos y seminarios internacionales como ponente o comunicante en diferentes países americanos y europeos. Es también miembro fundador de la Sociedad Española de Retórica.

¿Funcionará con independencia?

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos se configura como un órgano administrativo colegiado, adscrito orgánicamente a la Consejería ya mencionada. Del mismo se recalca que actuará con autonomía y plena independencia funcional.

Entre sus funciones estará el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito autonómico. También se desarrollará en la materia de protección de datos de carácter personal “para la deliberación, consulta, participación y coordinación de las consejerías de la Comunidad de Madrid y sus entes institucionales vinculados y dependientes”, como detalla la Administración autonómica.

Al respecto del antiguo Consejo, se ha modificado la exigencia de contar con diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública para formar parte del organismo, además de eliminar el régimen sancionador.

Otro ejemplo de un Consejo que depende del Ejecutivo y no del Legislativo es el que existe en Andalucía. En este caso, su director es Jesús Jiménez, con rango asimilado al de persona titular de  una viceconsejería de la Junta de Andalucía. De esta forma, su retribución asciende a 79.373 euros, además de 10.406 más por el complemento de antigüedad y el personal.