Más de tres años de mandato le quedan a Álvaro García Ortiz, aunque el Partido Popular quiere evitarlo con una nueva cruzada contra el actual fiscal general del Estado. Ya pasó con Dolores Delgado, aunque terminó renunciando por motivos de salud. Así, el cargo, elegido por el Gobierno ‘a dedo’, recayó en él, quien ya formaba parte de la Fiscalía. Ahora piden su dimisión por diversas cuestiones y en juego está un sueldo público como el que ingresan algunos de los altos cargos ministeriales del Ejecutivo. Los ‘populares’ llevarán la ofensiva en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Este puesto debe cumplir una serie de requisitos para su elección y para él, algunos estuvieron en duda desde el principio. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue sin renovarse, se opuso a su designación por no cumplir con el requisito de imparcialidad. A pesar de ser factores que se demandan en estos casos, se siguió adelante. Incluso sobrevivió en el puesto al último cambio de legislatura.

García Ortiz (A.G.O).

Su salario, al pertenecer a la Administración General del Estado, está regulado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En la actualidad, su remuneración es de 132.235 euros brutos anuales. Es la cifra acordada para el año 2023, pero los PGE están prorrogados desde el 1 de enero, por lo que no hay cambios en este sentido. Son 11.019 euros cada mes. Lo percibe en 12 mensualidades, no tiene derecho a pagas extraordinarias, ni tampoco al complemento de productividad que perciben otros altos cargos. Durante este 2024, por unos cuatro meses habrá ingresado unos 44.000 euros.

Su nombramiento se produjo el 1 de agosto de 2022, año en el que la retribución para este cargo era de 127.140 euros. Una parte la percibió Delgado, pero a él le correspondieron cinco meses de salario. Es decir, una cantidad de 52.795 euros. Así, lleva un año y siete meses en el cargo, por lo que hasta el momento ha acumulado unos 229.108 euros, según los cálculos realizados por este digital.

Fiscal con su antecesora

Álvaro García Ortiz nació en Lumbrales (Salamanca) en 1967. Es licenciado en Derecho. Ingresó en la Carrera Fiscal en 1998. Asumió el cargo de fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de 2000 a 2002. Entonces fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma en octubre 2004.

Posteriormente, fue nombrado fiscal delegado de Medioambiente, Urbanismo, Ordenación del territorio e Incendios forestales, desde 2007 a nivel provincial y autonómico, hasta marzo de 2021. En 2021 fue promovido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado cuando Delgado era la titular de esta.

Dentro del Ministerio Fiscal

En el nombramiento de un fiscal general del Estado intervienen los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Además, tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.

El mandato tiene una duración de cuatro años y sólo puede cesar por causas tasadas en la Ley apreciadas por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto, como pasó al término de la anterior legislatura, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a nombrarlo en el cargo. Debe actuar con imparcialidad e independencia. Esta Fiscalía está integrada por la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y otras unidades especializadas.

Todo está dentro del Ministerio Fiscal, el órgano que tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. En el año 2023, contaba con un presupuesto de más de 6,6 millones de euros, dentro de las cuentas del Ministerio de Justicia, ahora llevado por Félix Bolaños.

Por lo que respecta a su plantilla, el pasado año se produjo una nueva ampliación con la creación de 70 plazas. De esta forma, actualmente está compuesta por 2.683 fiscales.