No está siendo una legislatura fácil para Vox desde el principio, el descalabro de la formación en las pasadas elecciones del 23 de julio parece que ha pasado factura, no solo en lo económico, sino en varias de las instituciones políticas de nuestro país. Ha habido crisis internas dentro del partido en territorios como Guadalajara o Islas Baleares con bajas de por medio. Esta vez el escenario es el Congreso de los Diputados, donde se ha anunciado la renuncia de Carla Toscano a su escaño. Será sustituida por Rocío Aguirre Gil de Biedma, hermana de la expresidenta ‘popular’ de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

No se han hablado de los motivos de la decisión, aunque algunos dirigentes críticos lo vinculan con la inesperada decisión de Santiago Abascal de adelantar a finales de este mes de enero la Asamblea General de Vox. No obstante, la ya exdiputada no se aparta de la política, sino que, por el momento, pasará a centrarse en su tarea como concejala y portavoz adjunta de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, bajo la ‘dirección’ de Javier Ortega Smith, quien compatibilizar esta tarea con un escaño en la Cámara Baja.

En el momento de redactar este artículo, Aguirre no contaba con su correspondiente ficha en la página web del Congreso, pero es cuestión de tiempo. Ella fue la candidata número ocho de la lista de Vox por Madrid. A partir del momento de su condición plena, percibirá la asignación constitucional de 3.142 euros brutos al mes. En caso de que fuera designada en algún cargo de una comisión como su predecesora, percibiría un complemento correspondiente: 1.598 euros si es presidenta; 1.168 euros por vicepresidenta o portavoz y 778 euros como secretaria o portavoz adjunta de comisión. No son acumulables. Además, cobrará la indemnización, exenta de tributación, de 963 euros al ser electa por Madrid. Todas estas cantidades se abonan en 14 pagas.

Rocío Aguirre es licenciada en Geografía e Historia y MBA (Máster en Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa. Ha ejercido como empresaria y trabaja en una inmobiliaria. Lleva afiliada a Vox desde 2019 y no ha ocupado un cargo político. Es decir, el Congreso será su primera experiencia de servicio público remunerado.

Seguirá cobrando del Ayuntamiento

Toscano tiene fijado un régimen de dedicación exclusiva desde el pasado 1 de septiembre en el Ayuntamiento de Madrid. Con esta cuestión, ha tenido diferentes ‘vaivenes’. Del 17 de junio al 23 de julio se encontraba cobrando solo dietas por asistencia a los órganos colegiados con unos ingresos de 1.281 euros brutos en este período. Después, pasó a dedicación exclusiva hasta el 16 de agosto, aunque a partir de esta fecha cambió a dietas hasta final del mes citado. 

En total, durante más de un mes, percibió 7.694 euros. Definitivamente, desde septiembre tiene dedicación al 100% y en este mes contó con un ingreso de 2.894 euros. Es la última nómina publicada en el Portal de Transparencia del consistorio madrileño. Sin embargo, en su ficha aparece un importe de 28.692 euros percibido en 2023. Según los cálculos propios de este digital, en los últimos tres meses del año, habrá cobrado un total de unos 17.000 euros, aproximadamente casi 5.700 euros cada mes.

La retribución fijada para un concejal sin responsabilidad de gestión pública, como es su caso, fue de 67.291 euros en 2023. No es posible cobrar dos sueldos públicos al mismo tiempo, pero sí percibir dietas, por lo que Toscano percibía la indemnización, libre de impuestos, de 963 euros del Congreso para los electos por Madrid.

Polémicas

Carla Toscano de Balbín nació en Madrid en 1977. Es licenciada en Derecho, cuenta con un máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español y, además, es especialista en Ayuda Humanitaria. Lleva unos cuatro años y medio cobrando sueldos públicos en política, desde que fuera elegida diputada en la Cámara Baja en 2019. Ha contado con escaño en tres legislaturas, la última tras las renuncias de Iván Espinosa de los Monteros y de Juan Luis Steegmann, ya que no accedió como electa ante la pérdida de diputados de Vox. En la institución estaba ocupando cargo de portavoz adjunta en las Comisiones de Igualdad y Juventud e Infancia, así como de portavoz titular en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Estuvo en el punto de mira en 2022 por arremeter contra Irene Montero, como contamos en este digital.

Su última declaración de bienes y rentas al tomar posesión como diputada en agosto, no registra ningún ingreso. Sí publica 1,38 euros por intereses de cuenta de banco y 9.600 euros por alquiler de un inmueble. Pagó 14.092 euros de IRPF por sus ingresos de 2022. Además, su cuenta corriente presenta 5.000 euros y un valor nominal de 96.099 euros por 1.599 participaciones en la empresa Tosbal S.L.

En lo que respecta a sus bienes, posee una vivienda en Cádiz desde 2009, cinco fincas rústicas en Asturias, así como dos pisos en Madrid registrados en la casilla de “bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones”. También tiene un coche VW Golf.

En cuanto a deudas, tiene un crédito hipotecario concedido en 2010 por un valor de 105.000 euros, del que tiene un saldo pendiente de 73.029 euros. Y otro de 2011, de un valor de 29.000 euros y del que le queda por pagar 22.124 euros en el momento en que presentó el documento.