Ser político parece tener muchas ventajas. No solo por los abultados sueldos públicos (no siempre) del sector, sino por la facilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo en el momento en el que abandonan la política. Además, un porcentaje considerable de ellos suele ser contratados, en su paso al sector privado, por las consultoras de asuntos públicos.

Son situaciones tan frecuentes que hasta la ley intenta regularlo. Por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) se menciona en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En ella se señala que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Un plazo legal que no suele cumplirse, por lo que, coloquialmente, se les llama “puertas giratorias” si no está autorizado.

(Imagen creada a partir de inteligencia artificial).

En noviembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los Grupos de Interés para regular la actividad de los ‘lobbies’ en el sector público. Actualmente, está guardada en el cajón. Esto no impide que sigan produciéndose movimientos en el sector de las consultoras de asuntos públicos. Porque claro, una cosa es ser un alto cargo ministerial y otra, un diputado, senador o un concejal. Sin ir más lejos, recientemente, la firma Estrategos, con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid y con oficinas en Barcelona y Bruselas, ha fichado a los exdiputados del PSOE Germán Renau y Uxía Tizón, que causaron baja en el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de mayo.

Renau es ingeniero de telecomunicaciones, cuenta con un máster en Dirección de Empresas (MBA) y otro en Sostenibilidad y RSC. En política, ha sido diputado en dos legislaturas diferentes entre 2019 y 2023, y vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Castellón. Ahora, será asesor de las Áreas de Energía y Medio Ambiente en la mencionada consultora. Por su parte, Tizón es licenciada en Derecho, tiene un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, además de un programa de Liderazgo para la Gestión Pública. También es abogada y redactora de contenidos jurídicos. Su ficha en el Congreso no menciona otro cargo político, a parte del de diputada durante una legislatura y secretaria provincial de Reto Demográfico por el PSdG de Ourense.

En 2023 estaban percibiendo la asignación constitucional idéntica para todas sus señorías. Entonces eran 3.126 euros brutos al mes. Han sido portavoces de diferentes comisiones, por lo que también ingresaron el complemento de 1.126 euros. Además, ambos son de circunscripciones diferentes a Madrid y cobraban la indemnización, libre de impuestos, de 2.008 euros al mes. Desde hace meses, esas tres cifras han subido ligeramente: 3.142, 1.168 y 2.018 euros, respectivamente.

Salida al sector privado

Estas situaciones se vienen dando desde hace años y con caras políticas mucho más famosas, desde ministros hasta altos cargos diferentes equipos de gobierno. En estos casos, poco importa el color político. La misma consultora Acento fue fundada en 2020 por el Pepe Blanco, exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, y Antonio Hernando, exportavoz socialista en el Congreso. Unos meses después, ficharon a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad con Mariano Rajoy y expresidente del PP vasco, para asumir la presidencia de la consultora. Llevaba unos 24 años cobrando sueldos públicos en política. En su última etapa en el Parlamento Vasco, tenía un sueldo de 69.946 euros al año, según contamos en este digital en 2019.

Otra de las consultoras famosas es Llorente y Cuenca (LLyC), cuyo fundador y presidente ejecutivo, José Antonio Llorente, ha fallecido recientemente a los 63 años. En ella, hay una nómina amplia de políticos. Jordi Sevilla es miembro del "consejo asesor" y director su "área de contexto económico", anteriormente fue diputado durante tres legislaturas con el PSOE y ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007. También aparecen nombres como Fernando Moraleda y Luz Rodríguez, que fueron exsecretarios de Estado. Más recientes son los casos de Maite Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios Audiovisuales entre 2020 y 2021, año en el que cobró 28.434 euros por cuatro meses, o Alberto Medrán, director de la Oficina del Alto Comisionado de la Presidencia del Gobierno para la España Nación Emprendedora entre 2020 y 2022. En 2021, cobró 96.755 euros.

A principios de 2023 nos hacíamos eco del ‘boom’ en las consultoras de asuntos públicos, con cifras de facturación en constante crecimiento. Sin embargo, muchos políticos también solicitan sus salidas a otras empresas o compañías privadas, universidades o despachos de abogados, e incluso colaborar en medios de comunicación. La OCI debe aprobarlas y, en caso de detectar que alguna de las decisiones desempeñadas durante la actividad pública ha afectado a la empresa en la que se pretende desembarcar, la autorización se paraliza. Por ejemplo, en septiembre de 2023 conocimos que Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid en el anterior mandato en las filas de Ciudadanos, fichó por una empresa de ciberseguridad. Su anterior jefe, Albert Rivera, fichó en 2020 por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, pero la relación laboral entre las dos partes acabó con reproches públicos y falta de entendimiento. Eso sí, el catalán sigue con sus proyectos y lleva meses embarcado en un Instituto de Liderazgo.