Las políticas de Igualdad se vuelven, en varias ocasiones, objeto de ataques o de simples desavenencias. De hecho, los últimos que hemos contado en este digital fue la designación de “locas” con la que la vicealcaldesa de Toledo se refirió a la Plataforma 8M de la ciudad o el momento en que la presidenta de las Cortes de Aragón le negó la mano a Irene Montero.

Esta vez, el foco va dirigido a un propio concejal de esta área en Pamplona, Carlos Salvador, que ha sido reprobado en una propuesta en la Comisión de Asuntos Ciudadanos por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y con el voto en contra de PP y UPN, su partido. El motivo ha sido mantener un discurso negacionista sobre la violencia contra las mujeres, por lo que piden su dimisión.

Su nombramiento el pasado mes de julio ya supuso polémica, puesto que los grupos de la oposición criticaron su perfil “ultraconservador”, debido a que en 2013 propuso en el Congreso de los Diputados ““enseñar una ecografía del feto a la mujer antes de abortar”. Hay que destacar que durante esta etapa fue premiado por la Plataforma Hazte Oír, una asociación de corte ultracatólico.

Esta propuesta ocurrió hace diez años cuando era diputado por Navarra en la Cámara Baja, un cargo que ha ocupado durante cinco legislaturas consecutivas hasta causar baja en marzo de 2019. También fue senador antes de ello.

Así, su salto a la política local se produce de la mano de Cristina Ibarrola, de su mismo partido y actual alcaldesa de Pamplona tras las elecciones del 28 de mayo. Ella misma lo designó como edil de Educación, Igualdad y Diversidad Cultural y, además, como vicealcalde, un cargo que no existía en la ciudad desde hace tiempo. De esta forma, cuenta con una retribución que supera los 56.000 euros anuales (56.348) y, como él, otros diez concejales delegados en régimen de dedicación exclusiva de la corporación municipal. En cambio, la máxima mandataria tiene fijado un sueldo de 71.962 euros.

Por su parte, los grupos municipales en la oposición pueden declarar a uno de sus concejales en dedicación exclusiva, pero percibiendo 42.144 euros. Además, los regímenes de asistencias se establecen en 231 euros por sesión.

Abogado y 20 años en política

Carlos Casimiro Salvador Armendáriz nació en 1966 en Pamplona. Es licenciado en Derecho. En el sector privado ha sido abogado, aunque actualmente no ejerce, y director de la Delegación Aón Pamplona, de la que en 2019 estaba en excedencia. Lleva 20 años cobrando sueldos públicos desde que en 2003 tomara posesión como senador con la coalición de UPN y el Partido Popular.

En su última declaración de bienes y rentas registra unos ingresos en 2022 de 31.438 euros, aunque no detalla su procedencia. Además, dispone de una cuenta corriente con un saldo de 8.332 euros y no tiene deudas.

En lo que respecta a su patrimonio inmobiliario, posee una vivienda desde 2004 al 50% de propiedad y por un valor de 23.621 euros. Por otra parte, en 2021 en la misma fecha adquirió dos viviendas y un local, en un porcentaje de propiedad del 16,67%, de 4.584, 1.258 y 7.328 euros, respectivamente.

Desde hace dos años cuenta con 538 acciones en el Banco Santander y 467 en Iberdrola. También tiene 5.301 euros en un fondo de inversión desde agosto de 2022. En este sentido, dispone de 21.049 euros por un seguro de vida y 2.696 euros por mutualidad de abogacía. Hay que recordar que pertenece al Colegio Profesional de Abogados de Pamplona.

Las reprobaciones del equipo de gobierno

Salvador intervino el último en la comisión en la que le reprobaron, afirmando que era una situación que esperaba y declarando que siempre se han “posicionado en contra de la violencia de género y creemos que el machismo es una lacra social. Ahora me ha tocado a mí, porque no tenían nada contra el área. Es un poco inquisitorial lo que hacen”.

Es un dato llamativo, pero es la tercera reprobación que se lleva a cabo en el Gobierno municipal desde que fuera constituido hace unos tres meses. En ninguno de los casos se ha producido una dimisión.

El primero fue el actual concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu después de que el Tribunal Administrativo de Navarra declarara ilegales las barras instaladas en la Plaza del Castillo durante los Sanfermines de 2022, cuando también ocupaba el cargo.