“#28M contrato con el ciudadano. Firma, sé libre y decisivo”. Se nota que Mamen Peris es abogada y ha descartado presentarse con un programa electoral de decenas de páginas, lleno de propuestas inviables. Ella no. Los electores de la Comunitat Valenciana habrán podido comprobar en su buzón que la propaganda electoral de la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat es un contrato de 10 puntos. Una cara de folio, con su fecha y firma y un espacio en la parte inferior derecha para que el posible votante lo firme.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los diferentes partidos y sus candidatos realizan todo tipo de propuestas para conseguir llegar a un alto cargo. Peris se compromete a destinar más dinero a la salud mental, quitar impuestos a los autónomos durante los dos primeros años, tasas universitarias gratuitas, supresión del impuesto de sucesiones y un ahorro de hasta 1.500 euros en el tramo autonómico del IRPF. Entre estas medidas, nos centramos en las preguntas planteadas al final del ‘contrato’: la eliminación de cinco de las 12 consejerías con las que cuenta actualmente el Ejecutivo de Ximo Puig, "desenchufando a los enchufados" y limitando asesores y reduciendo un 30% las asignaciones a los grupos parlamentarios. Este digital ha calculado el ahorro en gasto de sueldos públicos que esto supondría. Con frecuencia, las nóminas de estos altos cargos quintuplican el SMI anual.

La propia Peris lleva cobrando sueldos públicos desde 2007 y es la actual portavoz del grupo parlamentario en la cámara autonómica. Según el régimen retributivo de los diputados, Peris ingresó 65.691 euros en 2022. En su declaración de la renta publicada en la página de transparencia correspondiente al ejercicio de 2021, declaró percibir 61.119 euros por rendimiento de trabajo, 10.090 euros por “actividad profesional” y 4.010 de rentas de inmuebles.

El programa electoral de Peris no cambiaría estos salarios, pero sí acabaría con sueldos de consellers (consejeros) y sus asesores ya que suprimir las consellerias supondría también eliminar los salarios de varios eventuales, como el jefe de Gabinete, del jefe de Prensa y el del chófer de cada departamento suprimido.

El 'contrato' de Peris.

Una conselleria está dirigida por el conseller. A su cargo tiene a un subsecretario y diferentes secretarios autonómicos que, a su vez, controlan una o varias direcciones generales. En el caso de eliminar cinco consejerías, tal y como propone el contrato de Peris, se acabaría con cinco sueldos públicos de 66.311 euros anuales, que es la retribución básica asignada para 2023 para estos altos cargos. Se trataría de un ahorro de 331.555 euros al año. En definitiva, en una legislatura completa de cuatro años se podrían destinar casi 1,37 millones del erario a otros recursos, sin contar los costes a la Seguridad Social. Por ejemplo, un supuesto: a 442 becas universitarias de 3.000 euros o 13.262 bonos de 100 euros para comprar material escolar.  

Sin embargo, en muchos casos los sueldos superan esta la asignación básica. Por ejemplo, la consellera de Igualdad, Aitana Mas, percibe 75.237 euros debido a una indemnización por residencia de 8.925 euros. También es el caso de la responsable de la Conselleria de Justicia, Grabriela Bravo, que cobra 79.707 euros, incluidos trienios por valor de 13.396 euros.

En cuanto al personal eventual, se divide en cinco categorías diferentes. En el primer nivel se encuentran los directores de Gabinete de miembros del Consell y el asesor del presidente que cobran 55.902 euros al año. Por otro lado, los asesores del grupo C2 perciben 50.218 euros (entre los que se encuentra el jefe de Prensa), del C3, con 45.360 euros y los de C4, con 33.502 euros. Por último, los conductores se encuentran en la quinta categoría con una nómina de 39.872 euros. Por tanto, suprimir un sueldo de director de Gabinete, otro de jefe de Prensa y uno de conductor o chófer en cinco consellerias sería equivalente a ahorrar casi 146.000 euros en un año, cerca de 584.000 en cuatro.

Además, Ciudadanos pretende reducir a un 30% las asignaciones a grupos parlamentarios. Actualmente, cada grupo tiene una subvención fija de 10.500 euros, por lo que pasaría a ser de 3.150 euros según la propuesta de la formación ‘naranja’. Pero los partidos también perciben otras dos asignaciones variables: una en función del número de diputados, que supone 1.400 euros por cada uno, y otra para la contratación de personal de 1.100 euros por cada diputado.

Abogada en ejercicio

María del Carmen Peris nació en Alboraya (Valencia) en 1967. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Ejerce como abogada, con despacho propio, desde 1991 y es colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Compagina la abogacía con su carrera política que inició en 2007 como concejala del gobierno de Alboraya cuando fue elegida con las listas del Partido Popular (PP).

Peris no finalizó la legislatura por discrepancias con el entonces alcalde, Manuel Álvaro. Lideró una escisión, la Unión Popular de Alboraya (UPPA), con la que volvió a ser elegida concejala en las elecciones de 2011. Se hizo cargo de la Concejalía de Hacienda y centró su acción en aligerar la deuda del consistorio y denunciar las irregularidades cometidas por el anterior gobierno del PP.

En las siguientes elecciones locales, las de 2015, se presentó bajo las siglas de Ciudadanos, partido en el que se había integrado su formación UPPA. Peris renovó el acta, aunque su formación no participó del gobierno socialista y, además, fue elegida diputada provincial en la Diputación de Valencia. En 2019 dio el salto a la política valenciana como diputada en las Cortes Valencianas por la circunscripción de Valencia. Desde enero es la tercera síndica (portavoz) de Ciudadanos en las Cortes Valencianas en esta legislatura.