Ciudadanos se encuentra en una crisis permanente. Continúa el goteo de renuncias por parte de cargos electos. La decisión de estos políticos se produce en medio de un creciente desajuste interno en el partido, que ha experimentado una importante pérdida de apoyo electoral en los últimos meses y que no favorece al partido en las encuestas para los comicios autonómicos y locales del 28 de mayo ni las Generales de otoño. Entre los cargos electos que han presentado su dimisión en los últimos días se encuentran algunos concejales y diputados autonómicos, así como miembros de la ejecutiva del partido que dejarían de cobrar sueldos públicos bajo las filas de Ciudadanos. La mayoría de ellos han señalado su desacuerdo con la dirección del partido y con la estrategia política que está llevando a cabo.

Nueva imagen corporativa presentada en enero.

En junio de 2022 te contábamos los sueldos que se esfumaron de los cargos de Ciudadanos tras el desastroso resultado de las elecciones en Andalucía. Un año antes ocurrió lo mismo tras los comicios en Cataluña. El 'penúltimo' golpe para la formación naranja ha sido la renuncia de seis concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza que han comunicado su “meditada, firme e irrevocable” decisión de causar baja como militantes del partido. La carta la han firmado la portavoz del grupo municipal, Sara Fernández Escuer, y los otros cinco concejales que además forman parte del equipo de gobierno, Javier Rodrigo Lorente, Víctor Serrano Entío, María Fe Antoñanzas García, Carmen Herrarte Cajal, y Cristina García Torres.

Sara Fernández Escuer es vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior. Tiene un sueldo de 80.867 euros brutos anuales ya que recibe la retribución como consejera de Gobierno y no como portavoz de grupo municipal, según consta en su declaración de actividades. Además, percibe 26.956 euros más por asistencias, al igual que el resto de cargos del consistorio. En idéntica situación está  Javier Rodrigo Lorente, consejero de Participación Ciudadana.

Por su parte, Víctor Serrano Entío y Carmen Herrarte Cajal tienen el mismo salario. El primero es portavoz adjunto de ciudadanos y consejero de Urbanismo y Equipamientos y Herrarte es vicepresidenta segunda y consejera de Economía. El resto de concejalas, María Fe Antoñanzas y Cristina García, perciben un salario de 65.874 euros al año cada una. Un sueldo que dejarían de cobrar en las filas de Ciudadanos. 

Estas fugas suceden tan solo un día después del abandono de otros seis de los 11 concejales que tiene el partido en el Ayuntamiento de Madrid y que han dejado sola a Begoña Villacís, vicealcaldesa, a menos de dos meses de las elecciones autonómicas. El trasvase de aspirantes de Ciudadanos al Partido Popular llega en un momento crítico. El pasado lunes Sofía Miranda, concejala de Deportes, cortó la relación con Ciudadanos y pidió el voto para el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Miranda se despedía así de un sueldo de 99.597 euros como titular del Área Delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Madrid.

A Miranda se sumaron cinco concejales que han declinado seguir en el proyecto político que consideran “agotado”. En primer lugar, Ángel Niño que es titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento y quien también percibe un sueldo de 99.597 euros. Y, José Aniorte, que es delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y tiene una nómina de 101.811 euros al año. Ambos han pedido su baja en el partido y han sido fichados por Almeida para las próximas elecciones. El resto de ediles son: Alberto Serrano, presidente de los Distritos de Latina y de Hortaleza, Martín Casariego, presidente de los Distritos de Vicálvaro y de San Blas-Canillejas, y Concepción Chapa, presidenta de los Distritos de Villaverde y Villa de Vallecas. Los tres perciben 99.597 euros anuales cada uno.

La larga lista de bajas no acaba aquí ya que también han dejado el partido el alcalde, Santiago Román Gómez, y dos concejales, Marcos Piña y José Luis Olcina del Ayuntamiento de San Juan (Alicante). Han solicitado incorporarse al grupo de no adscritos. Según el informe ISPA sobre percepciones económicas de alcaldes y concejales, en 2021 Gómez cobró 42.883 euros con un régimen de dedicación exclusiva. Por otro lado, los dos ediles percibieron 41.126 euros.

Pero a la salida de ediles ya se habían sumado varios diputados autonómicos como el parlamentario asturiano Sergio García o el diputado balear Marc Pérez-Ribas. García era exsecretario de Organización en Asturias y la semana pasada anunció su baja tras varios meses de discrepancias con la estrategia nacional del partido. Percibe como diputado un percibe doce mensuales por un importe de 4.320 euros cada una de ellas, más dos pagas extras en junio y diciembre y una asignación complementaria de 275 euros mensuales por pertenecer a la circunscripción central. Es decir, en un año tiene un salario de 63.780 euros. Las asignaciones del Parlament de las Islas Baleares son diferentes. Pérez-Ribas tiene un sueldo base de 4.823 euros con dos pagas extraordinarias. En 2022 tuvo un salario de 67.522 euros.

Por último, en la tarde de este miércoles, la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, que fue Fallera Mayor de la capital del Turia en 2018, ha anunciado que abandona la formación y deja sus cargos en el consistorio y en la Diputación de Valencia. Como concejal en la oposición a tiempo parcial estaba cobrando 70.160 euros anuales. Además, del ente provincial cobraba 14.826 euros en dietas, según datos de 2022.

Ciudadanos contaba hasta el momento con unos 2.800 ediles en todo el país y con más de 50 diputados autonómicos. Estas cifras están bajando desde hace meses y se encuentran en una situación de caída libre. Por un lado, con renuncias y bajas y en otras ocasiones, pasando al grupo de los no adscritos y conservando el acta. En suma, solo en 10 días acumulan 17 bajas que equivalen a 1,3 millones de euros brutos en sueldos públicos. Según fuentes consultadas por este digital, los cargos de la formación liberal están obligados a donar el 8% de su retribución. Por ejemplo, si un concejal se da de baja del partido, pero no renuncia al acta ya no está obligado a abonar ese porcentaje. El sueldo ‘es suyo’ en su totalidad. Ya en 2020 informamos sobre el creciente malestar de ciertos cargos a nivel estatal que empezaban a negarse a donar una parte de su sueldo.