¿Conocen los españoles en mano de quién estamos cuando trasladan a nuestros políticos en coche en visita oficial? ¿Quién conduce? ¿Un funcionario de carrera que ha estudiado un temario y ha pasado unas pruebas o un amigo del alcalde que no tenía trabajo y ha sido nombrado por libre designación?

El que fuera chófer del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha puesto en la palestra informativa una profesión a la que se le exige confidencialidad, profesionalidad y mucha discreción. Oír, mirar y callar. Hasta que alguien tira de la manta y cobra por ello. El chófer de Bárcenas fue Sergio Javier Ríos y, según las investigaciones policiales, cobraba poco, tarde y mal mientras estaba en la cárcel su ‘jefe’. Así, la ‘Operación Kitchen’, que mantiene en vilo a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, demuestra, supuestamente, que se pagó a Ríos con dinero público de los fondos reservados del Ministerio del Interior para que este espiara a Bárcenas. Hasta 53.000 euros en pagos de 2.000 euros mensuales. Además, Ríos consiguió una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.

Pero no es la primera vez que un chófer se ve en medio de un caso de corrupción. El caso de los ERE de Andalucía llevó en 2017 al estrado al conductor del exdirector de Trabajo de Andalucía, Javier Guerrero. E, incluso, alguna vez han sido los protagonistas de las tramas, como un conductor de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía que robó 56.864 euros en 2019.

Recientemente, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, fue noticia por nombrar consejero de Renfe a Koldo García, uno de sus asesores que ejercía como chófer. Además, acompañó al ministro al polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Funcionario o asesor

¿Y cómo llega uno a ser chófer de un político? ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Cuánto cobran? ¿Son funcionarios, personal laboral, eventuales en calidad de asesores, contratados como cargos de confianza de un nivel salarial concreto? ¿Qué dicen los Portales de Transparencia sobre esta materia?

En España es muy común que los altos cargos, y no tan altos, tengan a su disposición un coche con chófer proporcionado por la Administración. El organismo estatal encargado de gestionar los servicios automovilísticos es el Parque Móvil del Estado (PME), un organismo autónomo dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Su director general es Miguel Ángel Cepeda Caro.

Caro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Diplomado en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos I. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y es técnico de Hacienda en excedencia. Cobró 103.379 euros brutos en 2019, incluido el complemento de productividad y 15 trienios de antigüedad. Un año antes, ingresó 100.868 euros. Su cargo fue ratificado pese al cambio de inquilino en La Moncloa, según el Portal de la Transparencia del Gobierno.

El PME se encarga de dar servicio de representación a los altos cargos de la Administración General del Estado, los Órganos Constitucionales, la Jefatura del Estado, a los expresidentes del Gobierno y los altos cargos del Tribunal Supremo, entre otras instituciones del Estado.

El ente recibió subvenciones del Ministerio por valor de 34,1 millones de euros en 2019. Y, por otra parte, otras entidades públicas como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre otras, proporcionaron más de 1,2 millones de euros. El año pasado cerró el ejercicio con 34.967 vehículos, un 3,6 más que en 2018, según datos de la Memoria Anual del organismo. Según la resolución del BOE publicado el pasado 4 de septiembre, la organización cuenta con 868 trabajadores (149 funcionarios, 613 fijos y 106 eventuales). La partida de sueldos es la que supone el mayor gasto, en concreto, 31,7 millones de euros.

El presidente, los cuatro vicepresidentes, los ministros, los secretarios de Estado y jefes de Gabinete tienen derecho a un coche oficial propio, con su correspondiente chófer. Por otra parte, los directores generales disponen de coches comunes que se asignan cuando estos los solicitan. El actual equipo de gobierno cuenta con 133 direcciones generales.

En febrero de 2019 se publicó en el BOE una oferta de empleo para 76 chóferes. El sueldo base era de 14.623 euros en 14 pagas más los complementos, que ascenderían la cifra hasta los 16.000 euros. Los requisitos para los puestos eran: ser residente legal en España, tener más de 16 años y estar graduado en la E.S.O. o Formación Profesional y tener el Permiso de Conducir B, ser capaz de desarrollar las tareas que correspondan y no haber sido inhabilitado para ejercer cualquier función pública. 

Ejemplos y falta de datos

Este digital se ha puesto en contacto con distintas administraciones públicas autonómicas para conocer dónde se puede consultar el sueldo de estos profesionales. Por ahora no hemos obtenido respuesta. No todas las secciones de transparencia ofrecen este tipo de información.  

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tiene dos conductores un sueldo anual de 36.221 euros brutos. Son 14 pagas de 2.587 euros Según el Portal de Transparencia de la institución, GVA Oberta, la cantidad anual está compuesta por 7.640 euros de salario base, más un complemento de 23.951 euros y unas pagas extraordinarias de 4.627. Ambos chóferes suponen un desembolso de 72.442 euros al año, sin contar el coste de la Seguridad Social. Pertenecen a la categoría de personal eventual (conductor) C5.

En 2016, como recogimos en este digital, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los consejeros contaban con un conductor para cada uno, con un salario de 31.861 euros brutos al año. Si comparamos, la media salarial de un conductor en España es de 1.334 euros al mes, una cifra muy distinta a la de los conductores de estos dos políticos.

La utilización de los coches oficiales siempre ha suscitado polémica. Por ejemplo, Joan Ribó, alcalde de Valencia, siempre ha criticado su uso. De hecho, las dos veces en las que ha sido elegido asistió al día siguiente al Ayuntamiento en bicicleta. Sin embargo, al año pasado utilizó el coche oficial 54 veces, y lo que llama más la atención es que hizo un desplazamiento bajo el concepto “bodas”, un evento que no constaba en su agenda oficial, según recogió ABC. En 2018, eldiario.es apuntaba que la Diputación de Valencia tenía 21 chóferes; el Ayuntamiento, 10; y la Generalitat 90 para los altos cargos.

Otros cargos públicos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau adquirió un coche oficial por 47.000 euros el pasado mes de abril, según El Español. Ya cambió en 2015 el Audi A6 por un monovolumen de siete plazas. La nueva adquisición de la catalana ha causado criticas por la situación en la que se encuentra la ciudad a causa de la pandemia de la Covid-19.

En 2011, la Diputación de Málaga del PP llegó a contratar a un chófer con un sueldo de 54.000 euros anuales en calidad de “asesor técnico de Presidencia”. Así lo denunciaron los socialistas. El PP argumentó que cuando el PSOE estaba en el poder el presidente tenía un conductor con un sueldo de 55.946 euros y que la retribución del chófer del portavoz socialista era de 40.812 euros.

La presidenta del Congreso de los Diputados y la del Senado también disponen de coche oficial. También pueden hacer uso de él los presidentes de las diferentes diputaciones provinciales. En ocasiones, el coche oficial es compartido por más de un cargo público, no está asignado exclusivamente a uno. 

Imagen: Pixabay.