El presidente de la Fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, y el director de la Agencia, Joan Llinares, han firmado este viernes un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de interés común en relación con la promoción de una cultura de integridad y ética pública y de protección de las personas que denuncian fraude y corrupción.

La firma de este convenio permitirá la colaboración entre ambas entidades en acciones conjuntas como la elaboración, programación y realización de actividades de sensibilización y formación en materias como la prevención del fraude y la corrupción, la integridad y ética pública, los canales de denuncias o los planes de integridad y medidas antifraude, entre otras.

Esta colaboración se extenderá a la realización de acciones para la sensibilización de la ciudadanía y el fomento de un cambio de paradigma sobre la denuncia como una herramienta necesaria para proteger el interés general y como garantía de la protección a las personas alertadoras.

Álvarez y Llinares.

La Fundación Hay Derecho se constituyó en el año 2015 y tiene como objetivo la defensa del Estado de derecho en España, la mejora del ordenamiento y jurídico y de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Así mismo, la Fundación se integrará en el Consell de Participació de la Agencia en donde están presentes las principales asociaciones y entidades dedicadas a la lucha contra el fraude y la corrupción y el impulso de la ética y la integridad pública, así como personas expertas en estas materias.

Álvarez ha declarado que “esta colaboración es un ejemplo de cómo la Administración y la sociedad civil pueden y deben trabajar conjuntamente en la lucha contra la corrupción”. Por su parte, Llinares, ha señalado que “es importante que entidades como la Fundación Hay Derecho colaboren con la Agencia en la lucha contra el fraude y la corrupción y en la creación de una ética e integridad pública, aportando su visión, experiencia y conocimiento”.

El Dedómetro

Hay Derecho lleva ocho años trabajando por mejorar la calidad de nuestras instituciones. Constantemente se hacen preguntas como: ¿en manos de quién está la ciudadanía? ¿quiénes dirigen entidades públicas como el Canal de Isabel II, Correos o RENFE? ¿Es la información accesible para el público? ¿Está completa?

Pero más importante aún: ¿están en el puesto por su preparación y trayectoria profesional o por el contrario no cumplen los requisitos y dirigen empresas con millones de euros de presupuesto como intercambio de favores políticos? Según explican en su página web, el Dedómetro es la investigación de Hay Derecho que responde estas cuestiones y que en breve verá de la luz con nuevos e importante datos.

En 2023 analiza 43 entidades del sector público pertenecientes a dos comunidades autonómicas gobernadas por diferentes partidos: la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Valenciana. La investigación se centra tanto el perfil de los máximos responsables de cada entidad durante un periodo de diez años y el grado de transparencia de la entidad a la hora de facilitar la información requerida. Ya en 2016, Sueldos Públicos se hizo eco de un ránking de los sueldos de los responsables de las empresas públicas elaborado por la fundación: el club de los 210.000 euros. 

La transparencia y una correcta y efectiva selección de los máximos responsables contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de cualquier tipo de organización. En el caso de organizaciones públicas, la legitimidad y la capacidad de las entidades para rendir cuentas ante la ciudadanía son también muy importantes.

Con esa intención, el informe incluye también una lista de recomendaciones para las entidades del sector público autonómico que incluyen buenas prácticas derivadas tanto de las propias entidades como tomadas del Derecho comparado. Uno de los puntos más importantes a la hora de elegir a un responsable para una entidad pública es si está capacitado, si tiene méritos. En su informe, Hay Derecho explica que analizaron varios aspectos:

• Formación, se valora si se cuentan con estudios de grado o postgrado relacionados con la materia de la entidad gestionada.
• Experiencia profesional en general.
• Experiencia en la materia, en este apartado se valora si el profesional tiene experiencia en puestos relacionados con la materia o el ámbito de actuación de la entidad pública.
• Experiencia de gestión, en este apartado se valora si se cuenta con experiencia previa de gestión en puestos de similar complejidad.
• Permanencia en el puesto, se valora el tiempo que ha permanecido en el mismo puesto. Pensamos que las instituciones precisan de profesionales que estén en el puesto un tiempo mínimo de varios años para poder diseñar estrategias al menos a medio plazo y no estar sujetos a los vaivenes políticos que cada vez son más frecuentes.
• Independencia, se valora si la persona tiene relación previa con partidos políticos que pueda comprometer su independencia a la hora de tomar decisiones, en concreto si ha sido cargo electo del partido (diputados, concejales) o si ha trabajado dentro del propio partido. También hemos valorado si han ocupado anteriormente altos cargos.

Conclusiones

Hay Derecho subraya que el nivel de rotación existente en los puestos de máxima dirección de las entidades analizadas es cuanto menos preocupante. Lo más habitual es sustituir al máximo responsable de la entidad con cada cambio de Gobierno, si bien hay que tener en cuenta que los cambios correspondientes de gobierno no siempre han conllevado un cambio de color político.

En cuanto a la regulación, ya hemos visto que las autoridades independientes establecen un periodo fijo de mandato de sus máximos responsables, estableciendo además causas tasadas de cese. Hay varios modelos: un periodo de seis años sin posibilidad de renovación o un periodo de cuatro renovable una vez por otros cuatro años, o periodos de cinco años renovables.

Con independencia de la modalidad que se defina, y a la vista de los niveles de rotación que nos hemos encontrado, el establecer un periodo de mandato (si bien en forma contractual) de los máximos responsables es una práctica que podría extenderse a otras entidades públicas más allá de los organismos reguladores. Hay empresas públicas que por tamaño y complejidad de gestión y necesidad de plantear una estrategia a medio plazo necesitan estabilidad en la dirección que el actual sistema no garantiza.

Otra acción que en nuestra opinión redundaría en avances hacia una mayor meritocracia es la fijación de unos requisitos mínimos de formación y de experiencia profesional por cada puesto de primer nivel directivo. Estaríamos hablando de un catálogo de puestos directivos en el que se establezcan las condiciones que debe cumplir cualquier candidato para poder acceder al puesto en cuestión. De esta forma, podrían evitarse nombramientos de profesionales sin una experiencia profesional previa contrastada. Además del catálogo de puestos, resulta imprescindible establecer mecanismos de selección públicos que garanticen la concurrencia y el mérito, de tal forma que debería realizarse una preselección de al menos tres candidatos por puesto, para posteriormente seleccionar a uno de ellos.

Las mejores prácticas nos llevarían a la creación de un ente independiente del Gobierno que se encargue de realizar la selección de los candidatos para máximos responsables del sector público. Este ente tendría como misión seleccionar mediante procesos abiertos y públicos tres candidatos por puesto que serían propuestos para que el responsable del nombramiento tome la decisión final (en el caso de las entidades analizadas en nuestro informe sería en la mayoría de las ocasiones un ministro o secretario de Estado).

También consideramos imprescindible una auditoría de los cvs presentados, o al menos una homogeneización y una evaluación rigurosa. No hace falta buscar ejemplos en el mundo anglosajón para seguir este modelo, pues tanto Portugal como Chile son ejemplos más próximos que podemos seguir. Efectivamente, en estos países existen ya mecanismos de los que podríamos aprender.

Recomendaciones

Propuesta de recomendaciones para garantizar la meritocracia en la selección de los máximos responsables de las instituciones públicas españolas:

1. Llevar a cabo procesos de selección públicos y transparentes que garanticen la concurrencia y el mérito, independientes del Poder Ejecutivo, en los que se establezcan unos requisitos mínimos de formación y de experiencia profesional y en los que los candidatos presenten planes estratégicos para la entidad que abarquen una duración mínima de cinco años.

2. Presentar una terna de candidatos con los finalistas al responsable político que llevará a cabo la elección final. Si no hubiera candidatos suficientes se repetiría el proceso de selección.

3. Acordar un contrato de desempeño con el directivo elegido con un plazo no inferior a cinco años y estableciendo claramente los objetivos anuales que se deben cumplir y las condiciones necesarias para una posible reelección.

4. Llevar a cabo evaluaciones anuales del candidato, independientes del Poder Ejecutivo. Si no se cumple un mínimo establecido en relación con los objetivos anuales, el candidato podrá ser despedido.

5. Establecer los mecanismos para que los responsables políticos estén obligados al cumplimiento de los puntos anteriores y no puedan designar de forma arbitraria los responsables de las instituciones públicas.