Hasta 21 organizaciones de lucha contra el fraude y la corrupción de 15 países europeos se reunieron la semana pasada de forma virtual y adoptaron la Declaración de Roma, llamada así ya que la reunión estaba prevista que se celebrase en dicha ciudad europea antes de la crisis de la Covid-19.

Con la Declaración de Roma estas organizaciones solicitan a los diferentes gobiernos europeos entre otras cuestiones un estatuto jurídico para la protección de las personas denunciantes de corrupción.

En un comunicado, la Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana señala que el punto de partida de la Declaración es la aplicación de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de personas denunciantes de corrupción, conocida como Directiva “Whistleblower” (alertador o denunciante), que en estos momentos está pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español. 

'Lavado' de dinero, otro ejemplo de corrupción (Pixabay).

La Declaración de Roma recoge una serie de recomendaciones en forma de decálogo dirigidas a los gobiernos y administraciones públicas involucrados en la implementación de la Directiva.

Entre las propuestas planteadas están la creación de una cultura que fomente la denuncia, contar con protocolos para gestionar denuncias, garantizar la confidencialidad de los denunciantes o dotar a la agencias y autoridades anticorrupción de capacidad sancionadora. La Declaración, incluso alerta de que la ayuda por la Covid-19 "tiene un profundo impacto en la salud pública, la economía y la sociedad en general y que la concentración de poder y la enorme cantidad de ayuda económica infundida en las economías para aliviar la crisis puede aumentar los riesgos de fraude, corrupción e infracciones de integridad".

El director de la AVAF, Joan Llinares, ha declarado que “esta Declaración de Roma la vamos a hacer llegar tanto al Ministro de Justicia como a los miembros integrantes de la comisión parlamentaria encargada de llevar a cabo la transposición de la Directiva Europa para que tengan conocimiento de la misma”.

“También queremos mostrar nuestra disposición a colaborar en el grupo de trabajo que llevará a cabo dicha transposición ya que desde la AVAF podemos aportar nuestra experiencia al ser en estos momentos la única autoridad española que cuenta con un Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción. En estos momentos 20 personas reciben protección por parte de la AVAF”, añadió Llinares.

Las organizaciones firmantes de la Declaración de Roma están constituidas en la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (Red NEIWA) la cual tiene como objetivo compartir conocimiento y experiencias en la lucha contra el fraude y la corrupción. Por parte de España participan en la Red NEIWA la Oficina Antifraude de Cataluña y la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).

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