El 17 de abril de 2018, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, informó de que hasta ocho funcionarios de diferentes administraciones de la Comunitat Valenciana solicitaron acogerse al estatuto del denunciante tras revelar posibles casos de corrupción. Llinares presentó en la comisión de Economía de las Corts la Memoria de la agencia correspondiente al ejercicio de 2017, durante el cual la agencia estuvo en funcionamiento sólo en el último trimestre, según recoge la Agencia EFE.

El 12 de enero de 2018 publicábamos esta entrevista con Llinares.

Este viernes hemos conocido que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ya tiene una ubicación permanente para llevar a cabo su cometido: No más 'gürteles' ni 'taulas' en la administración pública valenciana. La entidad colocará a sus 34 empleados en la Calle Navellos 14 de Valencia, una vía muy céntrica, justo al lado de las Cortes Valencianas. La zona no es barata. Son cerca de 10.000 euros mensuales de alquiler por unas instalaciones de unos 680 metros cuadrados, según Valencia Plaza.

Sueldos Públicos se puso en contacto hace unas semanas con la Agencia para conocer de primera mano el 'abc' del ente, quiénes son, qué hacen, cuántos son... Da la casualidad de que esta semana, uno de los principales investigados por la rama valenciana del caso Gürtel, Francisco Correa, ha reconocido la financiación irregular del PP valenciano, la emisión de facturas falsas y el fraude en la contratación de servicios. Todo un dardo envenenado a la administración Camps. 

El expresident de la Generalitat Valenciana sigue como miembro del Consell Jurídic Consultiu, con un sueldo de unos 75.000 euros brutos anuales, no 58.000 aunque como publicó la prensa hace dos años, el salario del chófer y del asesor junto con su retribución cuesta a los contribuyentes valencianos unos 140.000 euros anuales. Salvo sorpresas, Francisco Camps está llamado a declarar este lunes como testigo, no como investigado. Podemos intentó, al principio de la legislatura, suprimir el sueldo público a Camps, pero la norma indica que tiene derecho a ser consejero durante 15 años por sus dos legislaturas completas. Todavía puede cobrar un salario del bolsillo de los castellonenses, valencianos y alicantinos durante ocho años.

Preguntamos al director de la Agencia, Joan Llinares, que, amablemente, nos ha contestado por escrito a estas preguntas.

¿Cuándo nace la Agencia?

La Agencia nace con la entrada en vigor la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, por la que Parlamento Valenciano crea l'Agència de Prevenció y Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. En julio de 2017, tras la toma de posesión del director, se iniciaron las tareas de su puesta en funcionamiento.

¿Por qué se crea Agencia?

Como se indica en la propia Ley, con su creación la Comunitat Valenciana cumple la Resolución 58/4 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, por la que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En su artículo 6 se establece la necesidad de crear por parte de los Estados firmantes órganos de prevención y lucha contra la corrupción. La Agencia Valenciana persigue estos objetivos en el ámbito de las instituciones públicas valencianas. También el impulso de la integridad y la ética pública, además del fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos.

¿La corrupción del PP valenciano ha influido en la creación de este ente?

La Agencia se tenía que haber creado hace muchos años. Al menos a partir de 2006 cuando España ratifica el convenio de Naciones Unidas contra la corrupción incluso antes puesto que la UE crea su propia oficina anticorrupción, la OLAF, en 1999. Italia, Portugal, Francia, y muchos más países así lo han hecho. En España lo hizo Cataluña con su Oficina Antifrau, o el Ayuntamiento de Barcelona con su Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, también acaban de crear sus agencias Aragón y Baleares.

Estamos seguros que si se hubiese cumplido el mandato de Naciones Unidas y la UE, la corrupción que hemos visto habría sido mucho menor.

¿Qué naturaleza jurídica tiene la Agencia? 

La Agencia es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. L'Agència Valenciana Antifrau actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones

¿De qué conselleria depende? 

No depende de conselleria alguna. L'Agència Valenciana Antifrau es una institución independiente de todas las administraciones y sólo rinde cuentas a Les Corts.

¿Cuál es su ámbito competencial?

El ámbito de actuación de l'Agència Valenciana Antifrau es: la administración de la Generalitat (es decir las diferentes Consellerias); El sector público instrumental de la Generalitat; Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades del sector público vinculadas o dependientes; Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, con relación a su actividad administrativa y presupuestaria; Las universidades públicas valencianas y las entidades del sector público vinculadas o dependientes; Las corporaciones de derecho público, en cuanto a las actividades sujetos a derecho administrativo; Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, los organismos y las entidades públicas y las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones públicas, a los efectos de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones.

También las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las administraciones públicas y de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos o la ejecución de obras públicas por cualquier otro título, con relación a la gestión contable, económica y financiera del servicio o la obra, y con las otras obligaciones que se derivan del contrato o de la ley.; Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y cualquier entidad, independientemente de la tipología o la forma jurídica, que esté financiada mayoritariamente por las administraciones públicas o esté sujeta al dominio efectivo de estas.

¿El director tiene rango de conseller, de secretario autonómico o de director general? 

Tiene rango de director general. El mandato del director es de siete años desde la fecha de su elección por Les Corts es inamovible e improrrogable. El director, Joan Antoni Llinares Gómez, tal y como establece la Ley, fue elegido por el parlamento valenciano por mayoría cualificada superior a las tres quintas partes de los parlamentarios y sin ningún voto en contra el 29 de mayo de 2017. 

El sueldo público para el cargo de director general de la Generalitat Valenciana estaba fijado en 55.945 euros brutos anuales en 2017.

¿Qué presupuesto tiene para 2017 y cuál para 2018? 

Para 2017, 1.500.000 euros y 2.778.650 euros para el 2018. Hay que dejar constancia de que ha habido una baja ejecución del presupuesto del 2017 debido al retraso de la puesta en marcha de l'Agència Valenciana Antifrau y a la incorporación de buena parte de su plantilla.

¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos son funcionarios? ¿Cuántos son de libre designación?

Todo el personal de la Agencia es funcionario de carrera por mandato legal. No existe personal eventual ni laboral. Los procedimientos de selección son los establecidos por la Ley de Función Pública. La plantilla la integrarán 34 funcionarios y funcionarias cuando finalice el actual proceso de selección.

¿Cuál es el cometido de la Agencia?

Entre los fines y funciones de la l'Agència Valenciana Antifrau está esencialmente la prevención pero también la investigación de posibles casos de uso o destino irregular de recursos públicos o de conductas opuestas a la integridad contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sujeción plena a la ley; La prevención y la alerta con relación a conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado de información que conozcan por razón de sus funciones o que tengan o puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento privativo ilegítimo; Investigar los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados de la investigación, instar la incoación de los procedimientos que corresponda para depurar las responsabilidades que pudieran corresponder y la evaluación, en colaboración con los órganos de control existentes, de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con el fin de garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en materia de contratación pública, procedimientos de toma de decisiones, prestación de servicios públicos y gestión de los recursos públicos, y el acceso y la provisión en el empleo público para garantizar el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

También es competencia de l'Agència Valenciana Antifrau: hacer estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los servicios de auditoría o intervención; Hacer funciones de asesoramiento y formular propuestas y recomendaciones a Les Corts, al Consell de la Generalitat y a las entidades incluidas en el ámbito de actuación en materia de integridad, ética pública y prevención y lucha contra la corrupción; Asistir, cuando así se le solicite, a las comisiones parlamentarias de investigación mediante la emisión de dictámenes no vinculantes sobre asuntos con respecto a los cuales haya indicios de uso o destino irregulares de fondos públicos o de uso ilegítimo de la condición pública de un cargo.

Por otra parte l'Agència Valenciana Antifrau debe colaborar con los órganos y los organismos de control interno y externo de la actuación administrativa en el establecimiento de criterios previos, claros y estables de control de la acción pública; Colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética pública mediante la elaboración de guías formativas y de asesoramiento especializado en materia de lucha contra el fraude y la corrupción; Colaborar con los órganos competentes en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades para prevenir y corregir actuaciones que pudieran infringir el régimen aplicable en cada caso; Establecer relaciones de colaboración y de elaboración de propuestas de actuación con organismos que tengan funciones semejantes en el Estado, en las comunidades autónomas o en la Unión Europea y Promover espacios de encuentro e intercambio con la sociedad civil periódicamente donde se recogerán sus aportaciones.

¿Con qué mecanismos cuenta la Agencia para combatir el fraude en la Administración valenciana?

Para acometer sus funciones l'Agència Valenciana Antifrau cuenta sobre todo con el personal experto y la capacidad de actuación del mismo desde su condición de autoridad pública reforzada por una potestad sancionadora. Además, la ley valenciana le otorga a la Agencia la responsabilidad de proteger a las personas físicas o jurídicas que alerten o denuncien malas prácticas o corrupción. Para ello la Ley 11/2016 ha creado el estatuto del Denunciante por el que las personas que alertan de prácticas corruptas recibirán de forma inmediata el amparo de la Agencia, su asistencia legal y su defensa contra posibles represalias o conductas coactivas que pudiesen perturbar su vida profesional o personal incluyendo a sus familiares. Para quienes perturben la vida de un denunciante, la Agencia tiene potestad para imponer sanciones de hasta 400.000 euros. Recientemente se aprobó el primer caso de concesión del estatuto del denunciante a un funcionario municipal.

Por otra parte, las autoridades, los empleados públicos y todos los que cumplan funciones públicas o desarrollen el trabajo en entidades y organismos públicos tienen obligación de comunicar a la Agencia, desde el momento en que los conozcan, los hechos que puedan ser susceptibles de ser objeto de investigación o inspección por parte de la Agencia, sin perjuicio de las obligaciones de notificación propias en el ámbito penal. También en este caso, la persona informadora puede solicitar que se garantice la confidencialidad sobre su identidad y el personal de la agencia está obligado a mantenerla, excepto en el caso en que se reciba un requerimiento judicial. Quienes no cumplan la obligación de comunicar irregularidades de las que conocieren pueden incurrir en responsabilidades que pueden derivar en expedientes sancionadores.

¿Cómo se puede presentar una denuncia ante la Agencia? En este momento se puede presentar por correo electrónico a la dirección: “director@antifraucv.es” o bien presencialmente solicitando una cita llamando al teléfono provisional 963876100. Las personas que informen a la Agencia de conductas corruptas o fraudulentas cuentan con la obligación de los funcionarios de la Agencia de mantener la estricta confidencialidad de las actuaciones.

¿Les han puesto ya muchas denuncias? ¿Podrían contar algún caso?

Se está recibiendo un constante goteo de denuncias que afectan a todas las materias: urbanismo, subvenciones, procesos de selección de personal, contratación pública… y afectan a diversas administraciones públicas valencianas.

Imagen: Valencia Plaza (Daniel Duart). Joan Llinares.