La alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Móstoles, Noelia Posse, ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación en múltiples ocasiones. Se ha visto envuelta en numerosas polémicas por su nepotismo y los varios nombramientos a dedo como la contratación del gerente de Urbanismo que no cumplía los requisitos para el puesto, la designación de su hermana como coordinadora de redes sociales con un salario de 52.000 euros brutos anuales y la atribución de pagas extra a su expareja que no le correspondían por su cargo. Posse ha vuelto a ser noticia esta semana tras la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de procesarla, junto a siete concejales de su equipo de gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en favor de la empresa ITV Móstoles.

Este escándalo no es nuevo. Comenzó en 2021 cuando dos ediles de Más Madrid presentaron una querella contra Posse por perdonar una deuda a la empresa pública que ya ascendía a 2,4 millones de euros. La decisión de La Justicia de revocar el archivo de la causa puede costarle su candidatura para las elecciones municipales y el cuarto mejor sueldo público de alcaldesa de la Comunidad de Madrid.

Vista parcial del Ayuntamiento de Móstoles.

Posse es la alcaldesa de Móstoles con competencias de Urbanismo y Festejos desde 2018. Consultando el Portal de Transparencia observamos que no se han actualizado los sueldos desde 2021. Ese mismo año tuvo una retribución de 75.500 euros brutos con un régimen de dedicación exclusiva, menos que en 2020 que percibió 79.695 euros. En 2018 su salario fue de 63.242 euros y en 2019 era de 70.236 euros, pero en junio se aprobó en pleno un aumento de sueldo a 82.000 euros por lo que a final de año sus ingresos fueron de 77.046 euros. En cuatro años ha cobrado más de 295.000 euros.

Posse tiene estudios universitarios en Trabajo Social y Educación Social y es técnica especialista en Educación Infantil. Tiene una trayectoria política extensa. Fue secretaria general de las Juventudes Socialistas de Móstoles desde 2001 a 2011, concejala del Grupo municipal socialista entre 2003 y 2011 y concejala de Obras, Infraestructuras, Mantenimiento de vías públicas y Festejos y concejala delegada de la Junta de Distrito 1 hasta 2018. Fue la primera mujer en tomar el mando de la alcaldía del municipio de Móstoles, el segundo más poblado de Madrid.

Además de a la alcaldesa, la causa investiga al primer teniente David Muñoz (PSOE). Es concejal de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos y es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. El año en el que se destaparon estas irregularidades cobró 67.950 euros, al igual que el portavoz del Gobierno y edil de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín. Ha sido secretario general del PSOE de Móstoles y consejero de Juventud, Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Getafe, sin tener ningún título universitario. Según la página de transparencia tiene el bachillerato de Ciencias Sociales y estudios universitarios no finalizados de Magisterio.

Los demás concejales del gobierno procesados percibieron 64.175 euros, como es el caso de la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto. Tiene el título de bachillerato y ha ido haciendo carrera en el ayuntamiento desde 2001 llegando a ser coordinadora de alcaldía. Un perfil parecido es el de Dolores Triviño, actual concejala socialista de Igualdad que solamente tiene el bachillerato superior. Es secretaria de movimientos sociales y diversidad y presidenta del observatorio de Mujer de Plena Inclusión en Madrid.

Otra investigada es la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, que es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios en Derecho. Ha sido coordinadora de Alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles y secretaria de Estudios y Programas en la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Móstoles. La anterior responsable de dicha área era Beatriz Benavides, también del PSOE aunque ahora jubilada y fuera de la corporación. La última concejala que podría tener relación con el caso es Natividad Gómez, edil de Educación y Juventud y miembro del actual Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Móstoles.

El gasto total de los ocho altos cargos de Móstoles implicados en el presunto caso de malversación es de 532.275 euros anuales, sin contar los costes de la Seguridad Social. Además, cada concejalía y la alcaldía tienen diferentes coordinadores a los que se les retribuye 52.127 euros. Y, a parte, la alcaldía tiene una directora que cobra 73.980 euros anuales. El total de dinero público destinado solo a estos cargos es de 1,1 millones de euros.