El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un Plan de Calidad Institucional que engloba 60 medidas para hacer una reforma integral del funcionamiento de las instituciones españolas. En caso de llegar a vencer en las próximas elecciones, el líder del PP se compromete a ponerlo en marcha en sus 100 primeros días en el Gobierno. Eso sí, alguna no podrá entrar en vigor tan rápido. Y es la que interesa a Sueldos Públicos. Hace dos semanas nos hicimos eco de unas declaraciones suyas en las que planteaba suprimir siete ministerios si llegaba a La Moncloa, y ahorrar en altos cargos y asesores.

Con los primeros cinco artículos, el Plan pretende dar la máxima protección a la Constitución y a la integridad territorial, respetar las funciones del poder legislativo, garantizando también la calidad de la legislación, fortalecer el papel del Senado y asegurar la gobernabilidad de los ayuntamientos. En el artículo VII muestra el interés de proteger la independencia de las instituciones.

El artículo VI recoge todas aquellas medidas que se deberían adoptar para conseguir un buen gobierno. En primer lugar, expone que es fundamental establecer procedimientos que aseguren el rigor en la elaboración de las memorias económicas de los proyectos de ley, con el fin de dar garantías presupuestarias a los ciudadanos. Además, este plan tiene una medida que pretende evitar la celebración de actos de partidos en los viajes institucionales pagados con fondos públicos. Y, en caso de coincidencia, que los costes del desplazamiento los asuma el propio partido que ha organizado el evento. 

Para garantizar la transparencia, se deberá abrir un registro sobre el uso de los medios de transporte oficial por parte de los miembros del Gobierno, en concreto, la utilización del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma. Tiene la intención de regular el traspaso de poderes cuando exista un cambio de Gobierno, para que el nuevo ejecutivo pueda tener la mayor información posible sobre el estado de las cuentas públicas, los detalles de cada área y los asuntos que faltan por resolver de cada una de ellas.

En la introducción del Plan se hace referencia a la “obscena colocación de afines” que se ha producido en diferentes organismos como el CIS, el CNI, la INE, Correos…, entre otros. Asegura que pretende impedir esta situación con normativas que premien el mérito y la capacidad en el acceso a la Administración Pública. Comprometiéndose también a hacer un uso transparente y respetuoso de los recursos públicos en las acciones del Gobierno.

En el artículo VIII del Plan presentado por Feijóo se pretende conseguir una verdadera modernización de la Administración Pública, con el fin de hacer una configuración más eficiente y efectiva. Por tanto, precisará en primer lugar de una evaluación del sector público para poder reordenar la Administración Pública. Con esta valoración se persiguen los objetivos de proporcionar un servicio eficaz dando respuesta a las necesidades sociales, el establecimiento de un mercado único con trámites iguales con independencia de su lugar de origen, simplificar la burocracia superflua con el fin de facilitar y agilizar los trámites administrativos, desarrollar la digitalización y fomentar la transparencia y el buen gobierno.  Así como también busca un proceso de selección transparente y abierto para el acceso a la administración, fomentando los siguientes criterios: experiencia profesional, capacidad y mérito.

En este artículo también se informa de que revisarán las normas reguladoras de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y de los responsables políticos para homogeneizar y, en su caso, eliminar discrepancias existentes en las distintas administraciones, incluidas las tablas retributivas de los altos cargos de la administración. Así, en el caso del Gobierno central se elaborará una tabla en la que se establecerán los distintos rangos de retribuciones con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad, y se promoverán acuerdos en este mismo sentido en el resto de las administraciones. En todo caso, y con independencia de las modificaciones resultantes tras el necesario análisis de esta cuestión, el nuevo baremo se aplicará en la legislatura siguiente a su aprobación en el Congreso de los Diputados.

De la redacción de este punto, se deduce que Feijóo ve imposible implementar esta medida en sus 100 primeros días en La Moncloa. La propuesta tendría que pasar primero por el Congreso de los Diputados durante la próxima legislatura y esperar a la siguiente para su entrada en vigor. En este caso, habría que esperar a 2028 (legislatura completa) para erradicar por completo las incongruencias en las retribuciones de los altos cargos del Gobierno, donde el presidente, los vicepresidentes y los ministros cobran menos que un secretario de Estado, un subsecretario o incluso que un director general o un jefe de Gabinete en ocasiones.

El documento del PP no detalla si habría que aumentar el sueldo del presidente del Gobierno hasta los 300.000 euros brutos, tal y como propuso el que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera en noviembre de 2015.  Tampoco se menciona si cabría suprimir el complemento de productividad y las pagas extraordinarias para los altos cargos por debajo del ministro. La medida también recuerda a la que propuso la extinta UPyD. Una escala con siete escalones que dejaba fuera al Rey Felipe VI, pero que incluía en la cúspide al jefe del Ejecutivo.

Además, el documento de los 'popualres, fija la tabla de retribuciones para la Administración General del Estado, dejando la puerta abierta para “promover acuerdos” con los gobiernos autonómicos y locales. El documento habla de una tabla, pero no establece cantidad alguna como tope o referencia, como sí ocurre con las horquillas salariales de los alcaldes, según el la población de cada municipio.

Por tanto, el Gobierno central deberá elaborar una tabla que establezca los distintos rangos de retribuciones para adaptarlos al nivel de responsabilidad. Con esta medida sería imposible ver cómo un director general cobra más de 90.000 euros anuales mientras un ministro cobra 79.000. Y un secretario de Estado, con ejemplos de ingresos de más de 125.000 euros al año, cobre más que el presidente del Gobierno, que este año percibirá 90.000.