Unos días después de abrirse el año judicial, se ha producido el nombramiento de una nueva directora general para el Servicio Público de Justicia. Es una especie de departamento de gestión de relaciones y otros recursos entre el Gobierno, la Administración de Justicia y el Derecho. En este sector, ya hemos vivido recientemente la designación de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, es el sueldo público más alto en el ámbito jurídico con unos 151.186 euros brutos anuales. 

Para esta área que comentamos la elegida ha sido Verónica Ollé, que pasa a tener condición de alto cargo del Ejecutivo. Concretamente, con rango de director general, el tercer escalón más alto por detrás de los ministros. Su oportunidad le ha llegado tras la renuncia, por motivos personales, de María dels Àngels García, su ya antecesora. Por su posición, debería cobrar un sueldo base de 15.237 euros, un complemento de destino de 16.047 y uno específico de 27.763 euros. Además de dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre, de 2.209 euros cada una. En total, 63.465 euros. Sin embargo, el salario será superior entre el complemento de productividad y los trienios de antigüedad a los funcionarios, como es el caso. 

Verónica Ollé (RTVE).

La última retribución que conocemos de García en el cargo es de 105.537 euros, incluidos ocho trienios, en 2023, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Con los mismos trienios, cobró 102.288 euros en 2022. Ella fue nombrada el 25 de agosto de 2021 y, desde esa fecha, hasta el 31 de diciembre, unos cuatro meses, percibió 34.009 euros. Su antecesora, Concepción López-Yuste, ese mismo año hasta su cese, tuvo una remuneración de 57.185 euros con cinco trienios. Ollé esta más que acostumbrada a ingresar este tipo de salarios, pues viene de ser directora del Gabinete de la Presidencia de RTVE, un cargo remunerado en 162.752 euros, según Transparencia de la cadena. 

Esta área es dependiente de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, cuya actual titular es Sofía Puente. Del 29 de noviembre, su nombramiento, hasta el 31 de diciembre del pasado año, tuvo una retribución de 13.844 euros, con nueve trienios, por tan solo 32 días en el cargo. Ambos departamentos se encuentran ubicados en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que encabeza Félix Bolaños. 

Abogada y experiencia en RTVE

Verónica Ollé Sesé es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ingresó en la Carrera Judicial en 2011, siendo magistrada de los Juzgados de lo Social 2 de Tarragona y 10 de Barcelona entre los años 2011 y 2018, y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (2010-2011). En su trayectoria profesional, durante nueve años (2000-2010) ejerció como abogada del bufete Uría Menéndez, como asociada coordinadora del departamento laboral en la oficina de Barcelona. Además, fue socia cofundadora del Despacho de Abogados Ollé Sesé Abogados (1995-2010).

Según la biografía oficial “ha participado en numerosos procesos de elaboración normativa, de auditoría y fiscalización por parte de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como relaciones con la SEPI”. 

Durante los últimos años ha trabajado en RTVE, donde se incorporó en septiembre de 2018 como directora de la Asesoría Jurídica de la Corporación y después ejerció como secretaria general y secretaria del Observatorio de Igualdad de la cadena hasta junio de 2021. En la Unión Europea ha formado parte del Comité Legal de la Unión Europea de Radiodifusión desde mayo de 2019 hasta junio de 2021. Por último, ha sido directora del Gabinete de Presidencia de RTVE y también como responsable de las áreas de comunicación, audiencias y RTVE In, así como de la planificación y ejecución de la política estratégica de innovación digital de la Corporación Radio Televisión Española, y de su proceso de transformación a través de la IA desde diciembre de 2022 hasta la actualidad.

Funciones y organigrama

Entre las funciones competentes del Servicio Público de Justicia está la de las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los órganos judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos y otros centros u organismos de formación jurídica, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, las asociaciones profesionales de fiscales y los Colegios de Abogados, de Procuradores de los Tribunales y de Graduados Sociales. Por otra parte, también se encarga del personal de la Carrera Fiscal o para la Administración de Justicia, también en recursos materiales. Otras como la ordenación y control del servicio de asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía; la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado; el ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a las profesiones de abogado, procurador de los tribunales y graduado social; la programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de recursos humanos de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense.

De la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependen la Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia; la Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia; la Subdirección General de Programación y Gestión Económica del Servicio Público de Justicia; la Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia; y la Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal. Además, también al titular de la Dirección, la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia.