Desde hace meses, incluso desde la pandemia por la Covid-19 y las teorías conspiranoicas, los medios de comunicación se han convertido en una diana para la clase política de nuestro país. Principalmente, por las noticias falsas o bulos que se extienden por redes sociales y plataformas de mensajería como Whatsapp y Telegram. El asunto ha llegado a tal punto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace unos días las medidas de un futuro plan de regeneración democrática. La transparencia es uno de los factores en los que se ha centrado. Tanto para la administración como para los medios. Además de otros principios como la independencia, pluralismo y protección. 

El Ejecutivo también quiere impulsar una normativa para limitar la publicidad institucional. Probablemente, esta herramienta pase más desapercibida, pero es una vía común de control de la política con fondos públicos sobre los medios y, sobre todo, cuando no se hace público el reparto de esta. “Debemos limitar la participación de la publicidad institucional en medios que tengan más financiadores públicos que lectores”, afirmó Sánchez. Para este 2024, el Gobierno se ha comprometido a un gasto de 270 millones de euros en estas campañas: 138,3 en institucionales y otros 131,8 en comerciales. Así se presenta en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del mismo. 

Por otro lado, en el territorio español, son pocas las comunidades autónomas consideradas transparentes en este sentido, según el nuevo informe del Observatorio de Medios y la Fundación Haz. 

La Región de Murcia encabeza el ranking con un 90% de cumplimiento de los indicadores de transparencia. En su Portal de Transparencia se destina una sección a “publicidad y comunicación institucional” en la que se detalla la fecha, la consejería que autoriza la campaña, la modalidad, el objeto, el importe y los medios en los que aparecerá. Las últimas publicadas son las de 2023. En este año, el Gobierno autonómico llevó a cabo 149 campañas, principalmente, en medios regionales. Estos tienen “más peso en las comunidades autónomas” y dependen más de “la financiación pública”, como detalla el Observatorio de Medios. El importe de éstas va desde los 300 a los 18.000 euros, aproximadamente y todas fueron autorizadas por la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía que lleva Carmen María Conesa con un sueldo de 75.670 euros brutos anuales. El Ejecutivo todavía no ha publicado el informe anual más detallado, pues el último que podemos consultar es el de 2022. 

La Junta de Castilla y León iguala a Murcia en la puntuación del informe. En su caso, sí conocemos las campañas planificadas para este 2024. Son 114 las que están previstas y se detalla el objeto, el público objetivo, el soporte y difusión, así como el presupuesto y la consejería. Cabe destacar que este Gobierno diferencia las campañas comerciales de promoción, de las destinadas a transmitir información útil para los ciudadanos. Algunas alcanzan un presupuesto aproximado de 130.000 euros y en su mayoría son para medios regionales y provinciales. Para la contratación de cada una de ellas, se requiere la autorización previa de la Dirección de Comunicación, cuyo titular es Julio López y cobra 77.638 euros. 

Una bajada en publicidad institucional

El Gobierno de Aragón cuenta con un 80% de transparencia en este ranking. Y eso que su gasto en campañas de publicidad institucional se ha ido reduciendo en los últimos 14 años. En 2010 destinó unos 14,6 millones de euros a este propósito, a diferencia de los 3,3 millones de euros de 2023. Durante el primer trimestre de 2024, el coste asciende a 1,7 millones de euros, según está publicado en el Portal de Transparencia del Ejecutivo. 

Como en el resto de las administraciones mencionadas, también coincide en que las campañas son para medios regionales y, además, se diferencian en promoción, sensibilización o información. Todas ellas vienen desde el departamento de Economía, Empleo e Industria que lleva Mar Vaquero, con una retribución de 79.463 euros.

Falta transparencia

El resto de las comunidades autónomas son “translúcidas” y “opacas”, como se ha calificado en el informe del Observatorio de Medios y la Fundación Haz. En la mayor parte de los casos, se ha dado esta puntuación porque presentan información más desactualizada al tener la referente a 2022 y no la de 2023. Otras, ni siquiera publican los datos que se requieren. En este estudio se han seguido los criterios de campaña, departamento, canal, ámbito geográfico, población y medio. 

Cantabria y Galicia ni siquiera han obtenido ninguna puntuación en estos valores, pues no presentan datos sobre sus inversiones en este ámbito. Aquí se evidencia la diversidad entre los territorios para publicar la documentación y su compromiso con la transparencia, que cada vez es más demandada.