Las protestas de agricultores que se han visto en estas últimas semanas en ciudades de Francia, Italia o Grecia, han llegado a España. De nuevo, vuelven los tractores y los chalecos amarillos y el colapso de las carreteras para defender una vida digna en el campo, poder vivir de lo que se cultiva y se cría. Una situación que contrasta con lo que cobran los altos cargos políticos en el Ministerio de Agricultura, en Bruselas o en las comunidades autónomas.

A pesar de que el pasado viernes las patronales se reunieron con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sus palabras no fueron suficiente para desconvocar las movilizaciones que recientemente han empezado. Además, él mismo ya vivió las manifestaciones del campo en el año 2020, tal y como contamos en este digital. Y es que lleva en el mismo cargo desde junio de 2018, unos cinco años y medio en los que ha acumulado casi 453.000 euros brutos. Por ejemplo, en 2023 cobró 79.802 euros con 14 trienios incluidos al ser funcionario, según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

María José Hernández Mendoza.

Para el sector agrícola el enemigo común parece estar claro: la Política Agraria Común (PAC). Así, en la Unión Europea, su comisario de Agricultura es Janusz Wojciechowski, quien terminará su mandato tras los comicios europeos de este año. Cobra casi 26.000 euros mensuales (25.910), como el resto de comisarios. El sueldo de para este tipo de cargos equivale al 112’5% de la retribución de los funcionarios de grado 16, escalón 3, que actualmente es de 23.031 euros, según el Estatuto del personal de la UE. Es decir, una cantidad mayor a lo que puede llegar a percibir un agricultor en un año.

En la ficha del comisario publicada en la web de la UE aparecen las responsabilidades de Wojciechowski. Tres de ellas son: 

• Garantizar un sector agrícola de la UE moderno y sostenible que se adapte a los cambios climáticos, demográficos y tecnológicos.
• Trabajar con los Estados miembros en los planes estratégicos, equilibrando los objetivos a escala de la UE con las prioridades nacionales.
• Apoyar a los jóvenes agricultores y garantizar unos ingresos justos.

Los agentes de la Unión están exentos de impuestos nacionales sobre los sueldos. A cambio, están sujetos a un impuesto progresivo en beneficio de la Unión que se aplica sobre la renta imponible según 14 tipos que oscilan entre el 8% y el 45%. En este caso, la tasa máxima se aplica a la mayor parte del salario de quienes ocupan los puestos más altos de la Comisión, como Wojciechowski. También gozan de otras dietas como las llamadas “asignaciones de entretenimiento” para comidas y otras formas de representación que varían según la institución y el cargo del miembro, o los gastos derivados de las actividades parlamentarias, como al alquiler y administración de oficinas, teléfono u organizaciones de conferencias.

Janusz Wojciechowski.

En nuestro país, las ayudas de la PAC están supervisadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo autónomo adscrito al departamento de Planas presidido por María José Hernández Mendoza desde septiembre de 2022, cuando sustituyó en el puesto a Miguel Ángel Riesgo. En ese mismo año, por cuatro meses, Mendoza cobró 33.994 euros con seis trienios. Ya en 2023, por el año completo, percibió 104.881 euros, también con seis trienios incluidos. Este cargo tiene rango de director general con un sueldo base fijado en 15.237 euros, un complemento de destino de 16.047 euros y un complemento específico de 27.763 euros. En total, 59.047 euros. También se añaden las dos pagas extraordinarias a las que tienen derecho, en junio y diciembre, de 2.209 euros cada una, así como el complemento de productividad que se les designe y los posibles trienios. Estas cifras están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados desde el 1 de enero.

Una trayectoria ligada a la agricultura

María José Hernández Mendoza es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en la Administración del Estado en el año 2003 en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha desempeñado toda su carrera ligada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Acumula una dilatada experiencia en destinos de responsabilidad sin llegar a ser alto cargo hasta el puesto actual. Entre julio y diciembre de 2008 fue miembro de la Representación Permanente de España ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Después, ejerció como experta nacional destacada (END) en la Unidad de Aceite de Oliva y Productos Hortícolas de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

Entre enero de 2013 y julio de 2017 ocupó el cargo de subdirectora general de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También ha sido delegada de España en el Centro Internacional de Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CIHEAM) y hasta su nombramiento actual, ocupaba el puesto de consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España en Francia y en la Representación Permanente de España ante la OCDE en París.

La PAC en las comunidades

Los gobiernos de las comunidades autónomas también tienen competencia en agricultura y, de hecho, también cuentan con una Dirección General de la PAC. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde este martes los tractores han invadido varias autovías, su titular es Joaquín Gómez Bau, quien, en 2023, por unos seis meses, ingresó 26.039 euros. Para este año tiene asignado una remuneración de 64.080 euros, según el Portal GVA Oberta. Por su parte, en Castilla y León existe un viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina con un sueldo de 88.595 euros, y el director general, Ángel María Gómez, que cobra 76.276 euros. Mientras, Mariana de Gracia ocupa la viceconsejería de Política Agraria Común y Política Agroambiental en el Gobierno de Castilla-La Mancha con una retribución de 75.249 euros. En Extremadura, el director general es Juan Eloy Rodríguez, que percibe 69.426 euros al año.

En Cataluña es Elisenda Guillaumes la directora general de Agricultura y Ganadería con un salario de 92.709 euros anuales. Por otra parte, la Comunidad de Madrid cuenta con una Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural encabezada por Ana Isabel Galán y un área de Política Agraria Común, cuya titular es Silvia Martínez, pero no publica la retribución de ninguno de ellos cargos ya que no son altos cargos.