El pasado viernes, miles de tractores colapsaron diferentes puntos del país para movilizarse por el futuro del campo y demandar una ley de cadena alimentaria justa. ¿Además de los altos cargos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que cobran un sueldo público, qué otros entes tienen en nómina a personas nombradas por libre designación, es decir, a dedo?

Mercasa es una empresa pública que se encarga de prestar servicio al conjunto de la cadena alimentaria, tal y como aparece en su página web. Tiene como función el control de los precios agrícolas, una de las claves de estas protestas. Es un organismo de la Administración del Estado por lo que sus altos cargos reciben sueldos públicos. En 2019, el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, percibió un salario de 170.016 euros brutos, según pública el Portal de Transparencia de la empresa. La media es de 14 pagas de más de 12.000 euros. 

Además, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se encarga de hacer que FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) “de la Política Agrícola Común (PAC) asignados a España, se apliquen estrictamente a lograr los objetivos de esta política” como explican en su web. El presidente de este organismo, Miguel Ángel Riesgo Pablo, cobró el año pasado un sueldo de 94.201 euros con cinco trienios de antigüedad.

Tractorada del pasado viernes en Valencia (AVA-ASAJA).

El año pasado la remuneración de los ministros estaba fijada en 73.211 euros anuales. Son 12 pagas de unos 6.100 euros. Por su parte, la de los subsecretarios de Estado constaba de un sueldo 13.855 euros más 18.127 euros de complemento de destino y 31.113 euros de complemento específico, además de las pagas extraordinarias de junio y diciembre de 746 euros; y el sueldo de un director general era de 13.921, 14.661 y 25.365 de complemento de destino y especifico, respectivamente. Las pagas extra de junio y diciembre eran de 797 euros. A todas estas cifras se les suma los trienios de antigüedad con los que contaban algunos por su condición de funcionarios y el complemento de productividad que les asigna la persona que les nombra. Todo ello estaba establecido en el BOE del 27 de diciembre de 2018.

Según el Portal de la Transparencia del Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cobró 80.103 euros en 2019, incluidos 13 trienios de antigüedad. Por su parte, la subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Dolores Ocaña Madrid, recibió una retribución de 110.315 euros con cinco trienios; Paloma García-Galán San Miguel, la secretaria general técnica del Ministerio, cobró un sueldo de 113.316 euros con diez trienios; Fernando Mirando Sotillos, que ocupaba el puesto de secretario general de Agricultura y Alimentación, recibió un salario de 112.408 euros con nueve trienios; Miguel Ordozgoiti de la Rica, director general de Servicios, percibió una retribución de 97.700 euros con 11 trienios; Esperanza Orellana Moraleda, directora general de Producciones y Mercados Agrarios, recibió un sueldo de 97.202 euros con diez trienios; José Miguel Herrero Velasco, director general de la Industria Alimentaria, cobró el año pasado un salario de 94.575 euros con seis trienios; Valentín Almansa de Lara, director general de Sanidad de la Producción Agraria, tuvo el año pasado un sueldo de 97.202 euros con diez trienios de antigüedad. 

El sueldo más alto en 2019 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue el de la secretaría general de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias, que ascendió a los 113.316 euroos. Contrasta notablemente con el salario medio que recibe un agricultor en España, que son 1.600 euros al mes según la web Indeed. Es alrededor de un 83% más. Según esta misma fuente, un peón agrícola cobra 1.060 euros brutos al mes. La web tusalario.es ofrece otro enfoque: un agricultor y trabajador calificado de cultivo extensivo percibe un salario mínimo y máximo que oscila entre los 7,21 euros y los 16.62 en 2020.

En junio de 2019, un comunicado de la organización agraria Coag afirmaba que un agricultor con una extensión de tipo familiar en Almería factura entre 150.000-160.000 euros en condiciones normales, pero los impuestos reducen la rentabilidad al 15%, lejos del 26% que señalan desde el Ministerio de Agricultura. En suma, el beneficio real sería de unos 25.000 euros por año, de media, algo más de 2.000 euros netos mensuales (12 pagas). La cifra puede menguar si se producen imprevistos, como suele pasar: lluvias torrenciales, heladas, sequía, plagas o robos, entre otras incidencias. 

Los sueldos de los consejeros

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, María del Carmen Crespo Díaz percibió un salario de 66.813 euros en 2019. Mireia Mollà Herrera, la consellera de Agricultura, Desarrollo Social, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, cobró un sueldo de 37.640 euros, esta cifra se corresponde con ocho meses de trabajo ya que Mollà ocupó el cargo en mayo. Por un año completo son alrededor de 69.000 euros. El Portal de Transparencia de la Región de Murcia únicamente establece que el sueldo de sus consejeros es de 74.005 euros anuales. Su consejero de Agricultura es Antonio Luengo; lo mismo ocurre con la Generalitat de Catalunya que publica en su web que el sueldo de los consellers es de 115.517 euros, más que el cargo del Ministerio de Agricultura que mayor sueldo cobró en 2019. La consellera de Agricultura catalana es Teresa Jordà i Roura.

Sindicatos agrarios

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de pequeños agricultores y ganaderos (UPA) son tres de las organizaciones agrarias profesionales que están encabezando las movilizaciones del campo estos días. Se trata de sindicatos agrarios que también perciben sus propios ingresos porque ofrecen servicios a sus asociados. 

Las tres organizaciones reciben subvenciones públicas, pero ninguna de ellas cuenta en su página web con un Portal de Transparencia donde consultar las retribuciones de sus altos cargos. El presidente de ASAJA es Pedro Barato, Miguel Blanco es el secretario general de COAG y Lorenzo Ramos Silva, el de UPA.

Este martes, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirán con estos organismos para escuchar sus reivindicaciones.