En la página web de Transparency International España puedes consultar desde mediados de diciembre un Policy Paper muy esclarecedor de 31 páginas titulado La adquisición de la Residencia en España a través de ‘Golden Visas’ que arroja luz sobre las debilidades de los programas de obtención de residencia en España mediante este tipo de tarjetas doradas. Estos programas, creados para atraer inversión extranjera, muestran riesgos considerables según el estudio de la organización.

El documento subraya que, a pesar de que estos programas pueden ser beneficiosos tanto para los países anfitriones como para los inversores, implican serios riesgos en áreas como el lavado de dinero, la seguridad, el fraude y la corrupción. Además, la complejidad internacional de estos planes, con una gran cantidad de intermediarios y entidades públicas involucradas, representa retos significativos en términos de regulación y coordinación.

Un aspecto crítico tratado en el informe es la implementación del “silencio administrativo positivo” en la concesión de visados y permisos de residencia por inversión. Este procedimiento, diseñado para acelerar los procesos, otorga automáticamente el visado o el permiso si no se emite una resolución en un plazo específico. El informe resalta cómo esta práctica, destinada a fomentar la flexibilidad, también introduce riesgos desmedidos al otorgar visados a inversores extranjeros sin un análisis detallado de los requisitos y sin que la Administración finalice explícitamente el procedimiento administrativo.

El comunicado de la Organización explica que el artículo 76 de la Ley 14/2013 establece que, si no se resuelve una solicitud en un plazo de 20 días, la autorización «se entenderá estimada por silencio administrativo». Esta disposición, según Transparency International España, ha generado oportunidades y riesgos muy altos de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos financieros, especialmente al no exigir un análisis detallado de la procedencia de los fondos por parte de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si se trata de autorizaciones de residencia por inversión, y por parte de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, Embajadas y Consulados del MAEC si se trata de visados de residencia por inversión.

Algunas cifras

El informe deja claro que, si bien no hay muchos datos consistentes, cabe señalar que durante el período comprendido entre 2008 y 2018, la Unión Europea ha acogido a más de 6.000 nuevas ciudadanas/os y cerca de 100.000 nuevos residentes a través del procedimiento de evaluación de los visados dorados. En este sentido, Transparency International ha señalado que en 2018 “España, Hungría, Letonia, Portugal y el Reino Unido han otorgado el mayor número de visas doradas, más de 10,000 cada una, a inversores y sus familias. Los siguientes en la fila son Grecia, Chipre y Malta”.

Además, la falta de transparencia es una preocupación general de toda la Unión Europea: muy pocos Estados publican información clara, completa y detallada sobre la concesión de estos visados, lo cual dificulta también el seguimiento, monitoreo y control por parte de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, sobre: a quiénes se otorgan estos visados, cuál es la nacionalidad de los inversores, cuál es el origen del dinero de donde proviene la inversión, entre otras cuestiones.

La Ley 14/2013 regula la concesión de dos tipos de permisos para inversores en España: visados (lo que comúnmente llamamos “Golden visas”) y autorizaciones de residencia, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona solicitante y por tanto del órgano ante el cual se efectúe dicha solicitud.

Según la información recibida por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, durante los últimos diez años aproximadamente han sido concedidos un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades, de los cuales un 96,18% fue concedido en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles. De ello se desprende que la adquisición de bienes inmuebles con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante (art. 63.2.b de la L 14/2013) es la mayor causa de concesión en el marco de la mencionada normativa.

España ha concedido un mayor número de visados a inversores chinos y rusos. En los últimos diez años, España ha concedido un total de 2.712 visados a inversores chinos, de los cuales el 99,33% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; mientras que, en el caso de inversores de nacionalidad rusa, se han concedido un total de 1.159 visados, de los cuales el 94,65% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles. A ellos le siguen los inversores iraníes, para quiénes han sido concedidos un total de 203 visados, de los cuales el 99,01% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; los inversores estadounidenses, a quienes se han concedido un total de 179 visados (94,97% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; los inversores estadounidenses, a quienes se han concedido un total de 179 visados (94,97% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles), e inversores del Reino Unido, a quiénes se han concedido un total de 177 visados (93,78% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles).

Los Estados que continúan en la lista de los visados más concedidos por España, aunque en menor proporción, son: Egipto (143 visados), Ucrania (143 visados), Filipinas (122 visados), México (114 visados), Venezuela (98 visados) y Arabia Saudita (89 visados). Por último, el año en que más visados de este tipo han sido concedidos por España ha sido 2021, con un total de 919 visados.

Recomendaciones

La organización ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para abordar las vulnerabilidades identificadas. Entre ellas se encuentran:

• Eliminación del silencio administrativo positivo: la organización aboga por un cambio normativo urgente para eliminar esta figura y evitar posibles abusos.
  
• Debida diligencia reforzada: insta a los organismos públicos responsables de gestionar las solicitudes a realizar una debida diligencia más rigurosa y sistemática, evitando depender únicamente de la diligencia realizada por bancos e instituciones financieras.
  
• Verificación del origen de fondos: se recomienda una verificación exhaustiva del origen de los fondos y del patrimonio de los solicitantes, coordinando con autoridades del país de origen.
  
• Control efectivo de la revisión pormenorizada de antecedentes penales: se insta a realizar una revisión completa de antecedentes penales, registros mercantiles y otras fuentes para evaluar los riesgos de corrupción y delitos financieros.
  
• Controles y búsquedas en bases de datos: se sugiere realizar búsquedas en bases de datos internacionales, nacionales y europeas para evaluar las solicitudes de manera más integral.
  
• Matrices y Mapas de Riesgo: la implementación de matrices y mapas de riesgo con indicadores exhaustivos para evaluar los riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude.
  
• Publicar información estadística completa, detallada y actualizada: sobre el régimen y número de concesiones de estos permisos así como su impacto real en la economía y el mercado nacional.

En última instancia, Transparency International-España hace un llamamiento a una mayor transparencia en el proceso de concesión de visados y autorizaciones de residencia para inversores. Además, exige la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la prevención y lucha contra la corrupción transnacional. La organización espera que estas recomendaciones sirvan como guía para mejorar la integridad y la eficacia de estos programas urgentemente.

*Transparency International España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, al movimiento anticorrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. Transparency International España se fundó en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en España.