Hace 10 o 20 años, los estudiantes de Periodismo tenían bastante claro que las muertes voluntarias no eran noticia. El argumento era simple: si se publicitaba este tipo de actos se corría el riesgo de que aumentaran los casos. Los suicidios no aparecían en prensa salvo si eran de personas famosas. Era una plaga silenciosa de la que casi nadie se hacía eco. No abría las portadas de la prensa ni los telediarios. Pero todo eso ha saltado por los aires en los últimos años. Incluso algunas administraciones públicas han designado responsables políticos en áreas de salud mental que cobran un sueldo público.

Actualmente, mueren en España unas 11 personas al día por este motivo. El año pasado fueron 4.003, según el Instituto Nacional de Estadística, pero el número de intentos es mucho mayor. Si comparamos, en 2022 fallecieron 1.145 personas en nuestras carreteras, pero los accidentes de tráfico sí aparecen constantemente en los medios de comunicación y hasta pueden encabezar un informativo de televisión.

Sin ir más lejos, el pasado martes conocimos el caso de dos hermanas gemelas en Barcelona de 12 años. Una se quitó la vida al tirarse al vacío desde un tercer piso. La otra sigue en estado grave. Hoy, nos preguntamos por los responsables políticos que tienen en sus manos el poder de coordinar planes de ayuda psicológica y de utilizar el dinero público para evitar que estas cosas sucedan. En Sueldos Públicos hemos analizado los diferentes organigramas de todas las consejerías autonómicas y sólo Andalucía y la Comunitat Valenciana cuenta con un responsable, con rango de director general específico de salud mental. Hablamos de puestos de libre designación, cargos políticos que pueden ser ocupados por un profesional del sector o no y que cesan si el que los nombró también es destituido o dimite.

Madrid, con la polémica que arrastra tras varias manifestaciones masivas en favor de la sanidad pública, no cuenta con un responsable político en el área de la salud mental. Cataluña, la segunda región con más PIB de toda España, tampoco. Pero sí existe un Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones, órgano consultor del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. El director es Joan Vegué, director médico de la empresa privada CPB y, hasta marzo del año pasado, consejero de la misma firma.

En 2021 el Departamento de Salud de Cataluña incrementó en 80 millones de euros el presupuesto destinado a la Salud Mental y las adicciones. El área que dirigía Josep Maria Argimon en ese momento anunció también la creación de 52 equipos multidisciplinares de intervención en crisis para atender a niños y jóvenes a domicilio y de ocho grupos de atención intensiva para adolescentes. Este aumento del presupuesto se debía a la cantidad de suicidios ocurridos en Cataluña en ese año: 6.527 episodios de conducta suicida en tan solo 12 meses. En las cuentas de 2023, la salud mental parece una apuesta firme en Cataluña ya que se van a destinar, en teoría, 521,5 millones de euros, lo que representa un incremento de 49,3 millones (10,4 %); un 6,1 % del total del presupuesto de Salud. El conseller de Salud, Manel Balcells, tiene una retribución asignada de 120.773 euros brutos en 2023.

Andalucía y Comunitat Valenciana

En Andalucía, Trinidad Rus Molina es directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones desde agosto de 2022. Según el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía percibe un salario anual de 58.352 euros al año. Rus es graduada en Enfermería y Trabajo Social y tiene experiencia como enfermera en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, donde también ejerció como auxiliar de Enfermería y Técnico Especialista en Anatomía Patológica. En materia política, en 2019, fue nombrada delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Jaén cargo por el que cobraba 49.500 euros. Por otro lado, fue tercera teniente de alcalde de Urbanismo, Obras y Administración en el Ayuntamiento de Baeza. En su declaración de bienes y actividades, declaró poseer dos viviendas con un valor total entre las dos de 180.000 euros y en 2022 pagó 20.644 euros de IRPF.

Por otro lado, el alto cargo responsable en materia de salud mental en la Comunitat Valenciana es Elena Albert Roberto, directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental desde 2019. Según los datos consultados en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana percibe un sueldo de 61.312 euros al año. La Conselleria de Sanidad que dirige Miguel Mínguez puso en marcha en diciembre del año pasado el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental con una dotación de 40 millones de euros en 2023 y la incorporación inicial de 250 profesionales, a la que se sumarán nuevos refuerzos de plantilla en los siguientes ejercicios, para el desarrollo de la estrategia surgida de un proceso de participación ciudadana que permitirá desplegar acciones en este ámbito hasta 2026. Mínguez tiene una retribución asignada de 66.311 euros para este año. Al ser funcionario, acumula más de 5.100 euros anuales en trienios de antigüedad.

Navarra y Galicia

De todas formas, Comunidades Autónomas como Navarra o Galicia tienen departamentos subordinados de Servicio de Salud Mental. Así, en la comunidad foral, el gerente de Salud Mental es Iñaki Arriabalaga desde 2017. Es especialista en Psicología Clínica con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito asistencial. Cobra casi 54.000 euros anuales.

En Galicia, el Servicio de Salud Mental forma parte de la Subdirección General de Atención Primaria. La directora general de Planificación y Reforma Sanitaria se llama Sofía López Linares. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y realizó el Curso Superior de Gestión en Atención Primaria y el Curso de la Evaluación. Su retribución anual es de 62.397 euros con trienios de 64 euros y un complemento de carrera de 13.407 euros. En total, 82.208 euros.

Por último, el Ministerio de Sanidad, que dirige Carolina Darias, no tiene un alto cargo cobrando un sueldo público en el área de salud mental, aunque bien es cierto que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

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