El viernes 23 de junio de 2018, la Audiencia Provincial de Valencia hizo pública la sentencia del Caso Emarsa, la empresa pública del Ayuntamiento de Valencia encargada de la depuradora de Pinedo. Las principales penas son por cohecho y prevaricación:

• Exgerente de la empresa pública Emarsa, Esteban Cuesta, condenado a doce años y medio de prisión  
• Exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, a diez años. 
• Exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat Valenciana, José Juan Morenilla a nueve años de prisión.
• Empresario José Ignacio Roca Samper, seis años. Estuvo huido y fue detenido en Moldavia y actualmente está en prisión provisional.

Reconocemos que es un poco largo este artículo, pero vale la pena llegar hasta el final. Las cifras lo dicen todo en este caso de corrupción y encima hay prostitutas de por medio. Han quedado para la historia como “traductoras rumanas”. La Fiscalía de Valencia calcula en 23,5 millones de euros el agujero causado al erario público por el desvío de fondos a través de la empresa pública Emarsa, creada por el Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá y otros 17 municipios. De esa cantidad, 836.613 euros se destinaron a gastos en restaurantes, bares, hoteles, regalos y objetos de lujo. Otros 262.934 euros a viajes particulares y, lo que no podemos obviar en este digital, 146.400 euros en sobresueldos.

Imagina que viajas con tu familia con todos los gastos pagados a Nueva York, París, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo o Andorra; usas vehículos de gama alta y disfrutas de circuitos spa. Los investigados gastaron 92.443 euros en un año en asadores y marisquerías con estrella Michelín y realizaron compras de 1.000 euros en décimos de lotería durante años.

La lista de despropósitos puede fastidiarte el hígado. Se contrataron cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia, según informó El País y otros medios en 2010. Contratos sin publicidad ni transparencia. Por ejemplo, compraron, en un año, 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenían 32 puestos de trabajo con ordenador. Y lo peor de todo es que los responsables de Emarsa hicieron oídos sordos a las recomendaciones de los auditores. Hubo empleados que solo pasaban por la oficina a cobrar. No trabajaban, pero estaban en nómina. Cobraban un sueldo público por la gracia divina.

El entonces gerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta, ingresó 251.000 euros en efectivo en sus cuentas entre 2005 y 2009. Hace cinco años, la famosa “traductora” rumana vivió con Cuesta en una vivienda de Valencia propiedad del exgerente. En mayo de 2012, Levante-EMV descubrió que no era precisamente una licenciada en Filología. Trabajaba en un club de alterne a las afueras de Benidorm, en el término de Finestrat (Alicante). Era puta y muy bien pagada. Parece ser que el local está muy cerca del Hotel Bali, en la Playa de Poniente de Benidorm, donde Cuesta se alojó con esta y otras “traductoras” unas veinte veces cargando los costes a la empresa, es decir, al bolsillo del contribuyente.

Un poco de historia

Era finales de 2011, hace ahora seis años, cuando los votantes y simpatizantes del Partido Popular en la ciudad de Valencia volvieron a avergonzarse de sus dirigentes. En ese momento, se imputaron, ahora son investigados, a los directivos de la empresa Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima). La finalidad de esta sociedad era gestionar las aguas de la depuradora de Pinedo, una de las más grandes de España, antes de enviarlas al mar, usarlas para riego agrícola o para mantener en caudal del Parque Natural de la Albufera.

Pero fue un año antes, en 2010, cuando el PSPV-PSOE, en la oposición, denunció que Emarsa acumulaba un déficit de, al menos, 16 millones de euros. Además, descubrieron contratos sin justificar por valor de unos 32 millones de euros más. En julio de 2010, ante la quiebra de la mercantil, el consistorio valenciano del PP, que controlaba la sociedad desde 1995, liquidó Emarsa.

En total, los 24 acusados deberán abonar 35 millones de euros. La responsabilidad civil son esos 23,5 millones antes mencionados, más los gastos del proceso de liquidación, casi 8,2 millones de euros y otros 3,2 millones si se confirman las sanciones tributarias impuestas. Los acusados, si acaban siendo culpables, estarán obligados a indemnizar estas cantidades, conjunta y solidariamente, a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

Una ruina para los investigados y una pesadilla para los vecinos afectados que vieron cómo dos años después, en 2014, el recibo del agua acumulaba una subida de entre el 35 y el 40% para intentar tapar el socavón económico de la empresa. Y encima el agua de Valencia es muy dura, estropea los electrodomésticos con más rapidez, tiene un sabor desagradable y provoca picores en la piel en comparación con aguas de otras partes de España. Su mayor utilidad es que es la mejor para hacer el caldo de la paella.

Explicaciones y sentencia

Cuesta argumentó ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en noviembre de 2011 que la empresa pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos. Le preguntaron si conocía a cuatro mujeres de ese país que, presuntamente, se alojaron en hoteles de la Comunitat a cargo de Emarsa, vuelos incluidos. Él reconoció que conocía a una de ellas. También se pagaron, en 2005, 5.316 euros en cajas de Navidad y Cuesta respondió al juez, según Europa Press, que ese gasto “se consideraba como una cosa normal que se tenía que hacer”. El 26 de mayo de ese año se facturó 5.125 euros en un restaurante para 80 personas. En 2006 se pagaron 39.283 euros en lotes de Navidad.

Otro de los ‘peces gordos’ del caso es el que fuera alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. Fue, durante años, mano derecha de Alfonso Rus, presidente de la institución provincial y exalcalde de Xàtiva. En febrero de 2012 dimitió. Piden 20 años de cárcel para él, seis más de los solicitados al inicio del juicio, por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. La Fiscalía considera que el expresidente de la empresa evitaba “cualquier tipo de control” sobre la gestión pública de Emarsa.

Los socialistas, entonces en la oposición, seguían estirando del hilo y pedían que se investigara a todos los responsables o empresarios que se habían enriquecido de manera ilícita. Estamos hablando de delitos de malversación, estafa continuada y delitos societarios. Se suma el de cohecho para Cuesta. Las investigaciones judiciales dejaron en evidencia que los gestores de Emarsa pagaron, presuntamente, millones de euros a empresas por servicios que no recibían. Encima, alguna de esas empresas estaban vinculadas a directivos de Emarsa. Yo me lo guiso, yo me lo como.

La sentencia se conocerá dentro de seis o siete meses. Paciencia. La última jornada del juicio, el pasado 15 de diciembre, duró poco más de de 60 minutos. Solo nueve de los 24 investigados usaron su derecho a la última palabra. Solo una de las personas sentadas en el banquillo proclamó su inocencia. Fue el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). José Juan Morenilla afirmó: “No soy un ladrón de cuello blanco, ni de ningún tipo”. La Fiscalía le solicita diez años de cárcel y cargó contra la “cínica acusación popular”, ejercida por los socialistas, “que ya ha dictado su veredicto y se han dedicado a difamarme la última semana, tras la intervención de mi abogado”. El exgerente de la Epsar acusó a los exconsejeros socialistas de Emarsa, Ramón Marí y Carmen Martínez, de “aprobar precios artificiosos del tratamiento de los lodos”. Negó las irregularidades en la empresa. “No lo hubiera consentido”. Reconoció estar “dolido y preocupado, porque han arruinado mi vida y mi carrera. Jamás podré recuperar mi honor”. ¿Y el dinero desviado lo vamos a recuperar?

Cinco acusados sí admitieron su participación en el saqueo de Emarsa. Reconocieron que son partícipes de desviar 23,5 millones de euros de dinero público para llevar un tren de vida a costa del contribuyente y enriquecerse con un dinero que no era suyo, cobrar un sueldo que no merecían, porque no iban a trabajar o porque hicieron negocios por actividades que nunca llevaron a cabo. Solo cinco pidieron perdón públicamente.

El exgerente, Esteban Cuesta, de profesión enfermero, explicó que “no ha pasado un sólo día que no me arrepienta de la decisión más mala de mi vida, por la que pido perdón al pueblo valenciano y a todos los que he fallado”. Cuesta se enfrenta a 24 años de cárcel. Reconoció que el juicio ha tenido costes familiares y de salud. “Ni mi madre, mi hijo mayor ni mis hermanos me hablan. Me arrepiento y asumo lo que he hecho, pero no lo que otros me quieran adjudicar. Estoy aquí para dar la cara en lo que he hecho mal”. Unos meses antes, en mayo de este año, reconoció que “En Emarsa se nos fue la mano y cogimos hasta el codo”.

Otro se resigna y asume el purgatorio que le espera. Se llama Enrique Arnal. Es el exdirector económico y financiero de Emarsa. Se enfrenta a una petición de 10 años sin libertad. Destacó que no me reconozco en aquella persona que contrarió la ley y la rechazo, pero debo aceptarla y convivir con ella”. También detalló que después de las “tragedias, dramas, llantos y pérdidas” tras la imputación el juicio le ha provocado “un profundo cambio interior”. Arnal se refiere a que durante la instrucción se ha sacado el título de cuidador de personas dependientes. Concluyó su intervención, al borde de las lágrimas, pidiendo “perdón y benevolencia al tribunal por mi conducta; perdón a las víctimas y a mi hermano y mi mujer, inculpados aquí por mi culpa”.

Fue Cuesta y Arnal, mano a mano, los que gastaron cerca de un millón de euros en viajes discotecas y comidas, según el escrito de la Fiscalía. De esos gastos también se benefició la mujer de Arnal, Eva Marsal. La esposa se derrumbó en su alegato final y rompió a llorar: “No concibo mi vida sin confiar en las personas que más quiero. A lo mejor soy la más tonta del mundo, pero he sufrido mucho por todo esto. No voy a recuperar nada de lo que he perdido, sólo espero recuperar mi vida”.

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper echó tierra de por medio y se desmarcó de los cabecillas. “No soy tan inteligente para controlar una trama desde Barcelona o Francia sin haber pisado nunca Emarsa”. Hoy por hoy, Roca, al que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel, es el más perjudicado de todos los investigados porque “soy el único que está desde hace dos años en la cárcel”, Mostró su asombro porque “nadie se hace responsable de nada”. Es decir, muchos lloros y pedir perdón pero nadie devuelve el dinero. Roca admitió que “hacía facturas y me quedaba parte del dinero, pero no sabía que Emarsa era una empresa pública”. En la prisión está aprendiendo la profesión de panadero y solicitó su traslado a un centro penitenciario de Zaragoza, para estar más cerca de su familia.

El que fuera jefe medioambiental de la empresa, Adolfo Polo, admitió haber participado en una de las empresas de la trama de los lodos (aparentar tratar más toneladas de lodos de las reales para incrementar la facturación). Eso sí, pese al error, defendió que su única propiedad es un coche con 15.000 kilómetros y que no ha percibido beneficio económico alguno. Pidió perdón al tribunal “y aceptaré la pena que me impongan”.

El informático de Emarsa, Sebastián García Martínez “Chanín”, el “conseguidor” como algunos le llamaban, mostró su “profundo arrepentimiento. También pidió perdón al tribunal y se jactó de haber “perjudicado a personas e instituciones”.

A un alto cargo de la Generalitat durante la comisión de los hechos, Ignacio Bernácer, le han propuesto rebajar su condena de 14 a tres años y medio porque admitió los hechos y explicó cómo operaba, supuestamente, la trama para desviar fondos. Vamos, el que tiró de la manta a cambio de menos cárcel.

Recuerda que también hay más empresarios implicados.

Imagen: El País (Mónica Torres). Los acusados, durante en juicio.