La propuesta todavía es un borrador, pero el Ministerio de Empleo ya ha entregado a los agentes sociales tres documentos para reducir la temporalidad y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Publicando los salarios de todos los empleados de una gran compañía (más de 250 trabajadores) es posible que más de un empresario sin escrúpulos quede retratado tras hacerse pública una política salarial que discrimina a las mujeres o que no se basa en criterios objetivos que miden el esfuerzo, la capacidad y la cualificación de los empleados. Si una empresa familiar ha crecido y ha pasado de micro pyme a gran compañía, pero carece de un protocolo familiar, es posible que el negocio solo haya servido como agencia de colocación para parientes, cuñados y nueras, sobrinos y nietos, sin conocer con detalle la capacidad y valía de cada uno.

El paro sigue siendo uno de los principales problemas de los españoles. Siempre lo ha sido, incluso cuando las cosas empiezan a remontar, la tasa de desempleo es muy abultada en varias provincias del país. El documento presentado, que tiene que ‘madurar' en próximas reuniones, hoy hay otra, pretende reducir la tipología de contratos, de cuatro a tres; crear un nuevo contrato temporal de indemnización creciente -idea que llevan algunos partidos políticos en su programa- y obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a poner en marcha auditorías salariales. El objetivo de esta última medida es lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Según unos datos publicados por El Correo, ellas cobran cerca de un 20% menos que ellos. 2.075 euros al mes frente a 1.661 euros.

El documento del ministerio señala que "las auditorías deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución". El Gobierno quiere "establecer legalmente el derecho de información de los trabajadores", tal y como dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el Congreso de los Diputados. Así, los profesionales "tendrán derecho a ser informados sobre niveles de remuneración, en particular sobre los componentes variables complementarios tales como pagos en especie o primas de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosado por género". La propuesta, por ahora, no recoge la sanción en caso de incumplimiento.

No obstante, estas medidas, si definitivamente salen adelante forzarían un cambio en la Ley de Igualdad y reformar el Estatuto de los Trabajadores. Además, la nueva norma afectaría solo a un  0,32% de las empresas españolas, ya que en España el tejido empresarial está conformado, en su mayoría por pymes. Con fecha de 31 de diciembre de 2016, había más de 1,3 millones de compañías inscritas en la Seguridad Social. De esas, solo 4.251 tenían más de 250 trabajadores, el límite que ha fijado el Gobierno para realizar las auditorías. Eso sí, las grandes empresas acaparan casi el 40% de los empleos. Estamos hablando de más de 4,9 millones de personas y de nóminas. Estos profesionales tendrían derecho a que el empresario les desglose su retribución por género. Es un un 38% de los más de 12,8 millones asalariados que hay trabajando en empresas. 

Paara UGT, este plan de igualdad "un gran avance" pero "insuficiente". Por eso,la cabeza visible del sindicato, Pepe Álvarez exigirá que esas auditorías salariales sean obligatorias para las compañías de 25 trabajadores o más, así como que tengan que registrar anualmente todas las retribuciones en un registro creado al efecto. También pide extender a las empresas de más de 25 empleados la regulación de los planes de igualdad e incrementar las sanciones para las que no respeten la normativa.

Imagen: Capital Radio. Ministra de Empleo Fátima Báñez.