Un 'coco', con lagunas, llena de fallos, un texto con muchas carencias, falta lo fundamental, no sirve, nace en vía muerta, no aporta nada. ¿Cómo llamarías tú a algo que quieres poner en marcha sin dejarte aconsejar por expertos? La Coalición Pro Acceso ha alertado este viernes de que el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está "por debajo de los estándares internacionales" pese a las "promesas" de mejora de la norma.

Así lo ha denunciado esta plataforma, en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y en la que han participado la directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire; la vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Ana Etchenique; el presidente de Amnistía Internacional España (AIE), Esteban Beltrán; y el profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Manuel Sánchez de Diego.

Para Darbishire, el proyecto de Ley tiene "tres problemas fundamentales". En primer lugar, según ha explicado, "no existe un reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la información", que sí reconocen numerosos órganos e instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "limitándose por tanto al reconocimiento del derecho a la libertad de expresión.

En segundo lugar, Darbishire ha denunciado que la norma prevé "exclusiones masivas" en relación con la información que se puede solicitar, "relevante para saber cómo actúa la administración pública". En tercer lugar, echa en "falta" una entidad "relevante e independiente que vele por el cumplimiento de la Ley".

"Necesitamos una buena ley, fuerte, que cumpla todos los estándares internacionales", ha aseverado, para después añadir que la coalición ya se ha puesto en contacto con los parlamentarios para lograr, antes de que acabe el plazo para presentar enmiendas el próximo 25 de septiembre, "mejorar ley", cosa que ve "difícil debido a cómo está la mayoría parlamentaria en el Congreso ahora".

A su juicio, el Gobierno prometió "aplicar en España las leyes más progresistas del mundo" y esta norma "no lo es". También, ha opinado que "debería haber habido una consulta pública" sobre cómo articular la norma. "Todo esto es una frustración para nosotros porque la información es un bien común", ha apostillado.